Audiencia de juzgamiento por presunto peculado contra Jorge Yunda logra instalarse

Minutos antes de las 10:00, se instaló formalmente la audiencia de juzgamiento en el que se presume peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 durante la emergencia sanitaria en la que es procesado el exalcalde de Quito, Jorge Yunda Machado y otras trece personas.

Noticias relacionadas

Judicatura continúa proceso para llenar las vacantes de jueces nacionales cesados, pero no se refiere a prórroga del presidente de la Corte Nacional

Seis meses después del asesinato de Fernando Villavicencio aún no se conoce si seis sospechosos serán o no llamados a juicio

Audiencia de juzgamiento por peculado contra el exalcalde de Quito Jorge Yunda y otras trece personas se difiere nuevamente

Tras casi dos años y medio de haberse detenido el juicio y retornado a sus inicios (desde cero), por incidentes de los sujetos procesales, el tribunal de juicio de Pichincha logró instalar la audiencia este 6 de febrero de 2024, en el Complejo Judicial Norte en Quito.

El Tribunal, integrado por los jueces provinciales de Pichincha José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Diana Fernández, procedió al confirmar que no existían escritos o cuestionamientos al proceso.

La Fiscalía de Pichincha presentó su teoría del caso en el que el agente fiscal a cargo describió que se habría producido un perjuicio al Estado a raíz de la suscripción de un contrato en abril del 2020 para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, por un valor de $ 4′ 2 millones.

Otros contratos adicionales firmados fueron “de externalización” que produjeron un perjuicio por más de $ 2′ 235.491 millones, probando de esta forma, de acuerdo con Fiscalía, que se configura una conducta que subsume en peculado.

En esa línea, el fiscal acusó a Jorge Yunda como presunto autor mediato; a Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito, y Juan Vinelli, directivo de Saludmed S. A., como presuntos autores directos; y, otros once en el grado de posibles coautores.

La abogada Alexandra Vaca, acusadora particular en representación del Municipio de Quito, relató que el contrato de pruebas PCR bordeó los $ 3′774.000 con la empresa Saludmed y la sospecha es que no se recibieron pruebas de diagnóstico PCR de polimerasa, sino de otras características: RT-Lamp, provocando un daño por $ 2 millones.

Los sustentos de la Fiscalía y de la acusación particular son también dos auditorías con indicios de responsabilidad penal (IRP) que realizó la Contraloría General del Estado. Además de decenas de testigos, que sumarían algo más de 180.

En la fase de alegatos de defensa de los sospechosos, inició el abogado defensor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, Marcelo Icaza, quien expuso al tribunal que la Fiscalía no podrá probar que se cometió un delito, porque entre otras razones, no tiene seguimientos, escuchas, o chats de mensajes en telefonía móvil que demuestren que hubo irregularidades en la compra de estos dispositivos médicos, cuyo objetivo era disminuir los contagios.

Así también se probará -ofreció Icaza- que las pruebas médicas cumplieron con las especificaciones técnicas.

La exautoridad, Jorge Yunda, celebró que después de varios años se instale esta audiencia de un caso que se inició -cuestionó- de una noticia en un medio de comunicación, en el que se que habría señalado que las pruebas de detección del virus tenían baja sensibilidad.

Yunda, comentó a su ingreso, que demostrará su inocencia y alegó por ejemplo, que la Arcsa ha ratificado que las pruebas eran y son válidas y lograron evitar los contagios en la emergencia sanitaria.

De su parte, el abogado Felipe Rodríguez, defensa de Vinelli de Saludmed, también se comprometió a demostrar que no se ha configurado un delito en esta contratación pública, en el que habría una confusión de los acusadores, pues lo que se adquirió fue un kit de detección molecular para detección del virus.

Entre las procesadas están la científica, Linda Guamán, cuya abogada defensora, María del Mar Gallegos, anotó que la exfuncionaria ingresó al municipio en junio de 2020, por lo que no habría tenido participación en el contrato y por ende, en el cometimiento de un delito.

A Guamán se “la acusaría de ocultar información, pero al final del juicio lo único que quedará demostrado es que se encuentra injustamente procesada”, aseveró Gallegos.

La audiencia de juicio continuará en los siguientes días con la etapa de práctica de prueba de la parte acusadora, la Fiscalía. Este martes estaba previsto arrancar tres de cinco testigos, pues dos habían rendido testimonio anticipado.

Tras escuchar los alegatos de la defensa de los catorce procesados, el juez Jiménez estimó que en unos 20 días podría concluir el proceso, al bromear con uno de los abogados que comentó que tomaría entre un mes o poco más.

Un comentario similar entre los equipos de defensa técnica fue el de resaltar que esta audiencia de juzgamiento se haya retomado, ya que a finales de septiembre de 2021, Jorge Yunda recusó al juez Fabián Fabara, parte en ese momento del Tribunal de Juicio, a quien lo acusaron de haberse mostrado parcializado en la causa.

Con ello, se suspendió el proceso hasta resolver la recusación, que quedó en firme a mediados de 2022.

Luego se conformó un nuevo tribunal de juicio, que convocó a la audiencia de juzgamiento para este martes desde la presentación de prueba pericial, testimonial, documental. (I)