El primer día de audiencia de juzgamiento en el proceso penal que se sigue en contra del exalcalde de Quito Jorge Yunda Machado y otras trece personas cerró con un intenso momento cuando una testigo de la Fiscalía de Pichincha no recordaba detalles de su pericia y generó dudas en el Tribunal y las partes procesales.

Este martes, 6 de febrero, se retomó desde ‘cero’ la audiencia de juicio por presunto peculado por la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnosticar COVID 19, durante la emergencia sanitaria, al proveedor Saludmed S. A.

En la mañana el Tribunal de Juicio, conformado por los jueces provinciales de Pichincha José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Diana Fernández, instaló la audiencia en el Complejo Judicial Norte sin contratiempos, luego de más de dos años y medio de estar detenida por un incidente procesal que interpuso Yunda al recusar al anterior juez del caso, Fabián Fabara.

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En la mañana, la Fiscalía presentó su teoría del caso en la que señaló la sospecha de peculado al observarse un posible perjuicio económico al Estado por más de $ 2 millones en la compra de estas pruebas PCR.

Por su parte, los abogados de los catorce procesados hicieron sus alegatos de inicio en que apuntaron a disolver la teoría fiscal.

En la tarde se reinstaló la diligencia con la fase de práctica de prueba, en la que Fiscalía llamó a sus primeros testigos, entre ellos, la perito de auditoría contable Dalia Montesdeoca Montesdeoca.

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Su exposición se hizo con dificultades porque no recordaba en su totalidad y detalle la pericia que había elaborado. Según dijo, porque han pasado más de dos años en retomarse este caso.

Para que pueda responder, el tribunal le permitió leer el expediente cuando no recordaba hechos que los abogados de la defensa le preguntaban, quienes a su vez hicieron reparos porque se le facilitó leer el documento en la diligencia.

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La forense indicó que su análisis se hizo a tres contratos que hizo la Secretaría de Salud del Municipio de Quito para la compra de las pruebas, una externalización y uno adicional por ínfima cuantía, que habría producido un perjuicio al Estado.

Montesdeoca argumentaba que las pruebas que compró la Secretaría de Salud no correspondían a las que se solicitaron en el contrato, además que no cumplirían la sensibilidad de detección del virus.

En medio del interrogatorio, el abogado Felipe Rodríguez, defensa técnica de Juan Vinelli, directivo de Saludmed S. A., le consultó detalles de la pericia y eso llevó al tribunal a deliberar si la testigo habría incurrido en perjurio.

Rodríguez interpeló a la mujer porque habría usado en su pericia un informe del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), respecto de unas pruebas médicas que fueron entregadas a la Cámara de Industrias de Cuenca y las habría comparado con las pruebas que recibió el Municipio capitalino.

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Sumó a su prueba un oficio del mismo INSPI en el que se señalaría que no se hicieron estudios a las pruebas PCR que recibió la Secretaría de Salud.

“Nunca se analizaron las pruebas que fueron entregadas a la Secretaría de Salud. Su análisis confunde pruebas LAMP PCR y pruebas rápidas. Este caso es sobre pruebas LAMP y se debieron analizar las pruebas LAMP que se entregaron al Municipio de Quito y no a las pruebas que se entregaron en Cuenca”, precisó.

Para la defensa esta pericia es sustancial porque de ahí se desprendería la acusación por presunto peculado y el perjuicio económico al Estado.

Una de las juezas pidió a la perito precisar en qué basó las conclusiones de su pericia, tras la alerta del abogado Rodríguez.

Montesdeoca respondía con dificultad y el tribunal de juicio se quedó en silencio unos segundos y entonces Rodríguez pidió al tribunal que analice un posible perjurio y se disponga su detención.

Los jueces se retiraron a deliberar y después de varios minutos volvieron a la Sala y decidieron avanzar.

Pasadas las 17:30, se suspendió la diligencia para reinstalarla este miércoles desde las 09:00 y seguir con el testimonio de la testigo Montesdeoca.

Los abogados de los procesados pidieron terminar el interrogatorio a la perito para evitar posibles “contaminaciones”.

Pero el juez Jiménez insistió en su decisión y bromeó en dejarlo para este miércoles para que la forense pueda “relajarse”. (I)