Garantizar los servicios de salud es una obligación del Gobierno. La Constitución y las leyes lo establecen y no hay excusas para incumplir el compromiso que la autoridad asume cuando acepta un cargo.

Investigaciones de diversos medios de comunicación y denuncias en los últimos días han movilizado al Ejecutivo a la conformación de un Comité Nacional de Salud Pública, a fin de asegurar el acceso eficiente y digno a los servicios, según las informaciones oficiales que anuncian acciones como la compra masiva de medicamentos. Una promesa del régimen, a través de la ministra de Finanzas, Sariha Moya, es poner fin al tratamiento de la salud pública como un negocio.