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Fuentes de la institución confirmaron que Lozada fue notificado la semana pasada, aunque él aseguró que no fue avisado sobre el informe de la Contraloría.
El coordinador de esta instancia, Hugo Arteaga, renunció su función de coordinador exponiendo dificultados para ejercer vigilancia del proceso.
Según la resolución judicial, deberán presentarse en la Fiscalía del Guayas.
En total hay doce personas involucradas y el último vinculado fue el asambleísta Raúl Chávez.
El asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio se produjo el 9 de agosto de 2023, a la salida de una reunión de campaña.
La CC resaltó que sus jueces “han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales, sin que corresponda a la Corte anticipar criterios”
La Comisión Cívica que da seguimiento al concurso pública, llama la atención de aquellos postulantes que impiden se transparente su información.
Los tres procesados podrían enfrentar por el delito de tráfico de influencias una pena de tres a cinco años de prisión, según el artículo 285 del COIP.
La entidad detectó que el magistrado no habría justificado más de $ 25.000 en cuentas en instituciones financieras locales y del exterior.
La difusión de información de circulación restringida es un delito sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, según el artículo 180 del COIP.
Marcelo Espinel, subdirector de la FCD y vocero de la comisión cívica, alertó de falta de transparencia por parte de la comisión ciudadana de selección.
Desde el 8 de marzo pasado en el caso Triple A está abierta la etapa de juicio contra 22 acusados de la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstalará el próximo 30 de mayo. La Fiscalía continuará presentando la prueba que mantiene contra los 22 acusados.
Un total de 16 personas naturales y 6 empresas son procesadas como autoras y cómplices dentro del caso Triple A.
La Fiscalía procesa a 16 personas naturales y a 6 personas jurídicas (empresas) por el delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La condena impuesta a Mayra Salazar incluyó el pago de una multa de $ 5.520 y la cancelación de una indemnización al Estado de $ 17.340.
El peculado habría ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones dadas entre 2017 y 2019, entre directivos del Isspol y empresas de inversión.
Según esa entidad, se investiga un “entramado societario complejo” alrededor de la comercialización de combustible.
Faltan alrededor de doce días para que se cierre la etapa de admisibilidad y avance a la calificación de méritos de los postulantes.
En el caso Encuentro han sido sentenciados dos procesados, otros dos están a la espera de su juzgamiento y tres tienen en suspenso la etapa de juicio.