SNAI justifica traslado de Aquiles Alvarez a la Cárcel del Encuentro; califica la medida como ‘necesaria, proporcional y orientada a salvaguardar su integridad personal y la seguridad institucional’

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) asegura que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, por “estrictas razones de seguridad”, y que la decisión se habría enmarcado en criterios técnicos y de prevención, “orientados a preservar el orden institucional, evitar situaciones de vulnerabilidad y asegurar un adecuado control bajo condiciones reforzadas de vigilancia”.Esa es la respuesta que entregó la instancia a cargo de los centros de privación de la libertad (CPL) del país ante el requerimiento hecho por el tribunal de juicio del caso Triple A, quien a su vez trasladó la petición de la defensa de Alvarez para que el SNAI “justifique la necesidad de que el señor Aquiles Alvarez se encuentre recluido, por razones de seguridad, en el CPL más peligroso del Ecuador (CPL Santa Elena N.° 1 o Cárcel del Encuentro)”.Aquiles Alvarez y otras veintiuna personas son procesados por la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. Desde el 8 de marzo pasado, en el caso Triple A se instaló la etapa de juzgamiento contra dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas (empresas) acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel). En el reporte se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.En su momento, la Fiscalía explicó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico para el Estado de aproximadamente $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.El alcalde de Guayaquil fue trasladado desde el CPL de Cotopaxi, en Latacunga, hasta la Cárcel del Encuentro el 8 de marzo pasado. El cambio se dio una vez que el tribunal de juicio del caso Triple A decidió acoger el pedido de revisión de medidas cautelares hecho por la Fiscalía, ante el incumplimiento de llevar el grillete electrónico dispuesto a Alvarez, y ordenó que se le defina la medida de prisión preventiva.Alvarez se encontraba en el CPL de Cotopaxi desde el 12 de febrero pasado, fecha en la que se lo vinculó al caso Goleada y se le dispuso orden de prisión preventiva como medida cautelar. En Goleada se investiga el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, y son procesadas doce personas, entre las que están, además de Aquiles Alvarez, dos de sus hermanos, y desde el pasado viernes, 27 de marzo, el asambleísta de la alianza RETO-Revolución Ciudadana Raúl Chávez. En la respuesta entregada ante lo solicitado se aclara que, tras el análisis de las circunstancias particulares que rodean la situación de Aquiles Alvarez Henriques, las autoridades del SNAI consideran pertinente y debidamente justificada la permanencia del alcalde guayaquileño en el CPL Santa Elena N.° 1, también conocido como Cárcel del Encuentro, en virtud de estrictas razones de seguridad.“En efecto, la ubicación en un centro de mayor nivel de contención responde a la necesidad de garantizar no solo la integridad personal del referido ciudadano, sino también la seguridad interna del sistema penitenciario y del entorno, considerando factores de riesgo. En tal sentido, la adopción de esta medida se enmarca en criterios técnicos y de prevención, orientados a preservar el orden institucional, evitar situaciones de vulnerabilidad y asegurar un adecuado control bajo condiciones reforzadas de vigilancia”, explicó el SNAI en su escrito de contestación.La instancia a cargo de las cárceles y los privados de la libertad del Ecuador refiere que, conforme a la información levantada y analizada por la Dirección de Inteligencia e Investigaciones, se dispuso el traslado de Aquiles Alvarez por “estrictos motivos de seguridad”, sustentados en una evaluación técnica integral de riesgos.Dicho análisis, se anota, habría considerado variables relacionadas con su perfil, entorno y posibles amenazas. De la información levantada y los análisis realizados se habría concluido que la reubicación del procesado en Triple A y Goleada a un centro de mayor control y condiciones óptimas “constituye una medida necesaria, proporcional y orientada a salvaguardar tanto su integridad personal como la seguridad institucional”. En el escrito se aclara que la permanencia en la Cárcel del Encuentro no solo responde a criterios de seguridad reforzada, sino también a condiciones estructurales y operativas significativamente superiores frente a otros centros del sistema penitenciario.Las autoridades del SNAI resaltan de la Cárcel del Encuentro que se trata de un centro de reciente construcción, diseñado bajo estándares modernos que permiten una mejor organización interna, control de accesos y monitoreo permanente, lo cual —dicen— redunda en una gestión más eficiente y segura de la población privada de libertad.“Respecto del criterio emitido sobre la defensa técnica del ciudadano (Aquiles Alvarez), respecto de que “CPL Santa Elena N.° 1 es el centro de mayor peligrosidad del país”, este carece de fundamentación, debido a que los niveles de seguridad e infraestructura implementados en este centro permiten que este supuesto argumento sobre la ‘peligrosidad’ carezca de toda fundamentación”, sostuvo el SNAI.En la documentación entregada por el SNAI se enfatizan aspectos positivos relevantes, como la adecuada capacidad instalada en la Cárcel del Encuentro, evidenciándose la inexistencia de hacinamiento, lo cual constituye un factor determinante para garantizar condiciones dignas de reclusión y minimizar riesgos asociados a la sobrepoblación.Ramiro Falconí, abogado principal de Aquiles Alvarez, ha mostrado su rechazo por el traslado de cárcel y por las limitadas condiciones que ha enfrentado su cliente y él como abogado para ejercer el derecho a la defensa, que incluyen reuniones para analizar y construir la estrategia judicial para desmontar la acusación que hace la Fiscalía no solo en Triple A, sino también en Goleada.En la última jornada de la audiencia de juicio en Triple A, dada el 22 de marzo pasado, ante los problemas evidentes de conexión con la Cárcel del Encuentro, la sala de juzgamiento primero decidió que los abogados se trasladaran hasta la cárcel para continuar con la diligencia. Ante la persistencia en los problemas de conectividad, finalmente los jueces anticorrupción decidieron que los procesados Aquiles Alvarez y César Bravo fueran llevados a la Unidad Judicial de Santa Elena, en la Libertad, para que desde ahí se conectaran a la audiencia que se daba en Quito.Pese a las negativas, Ramiro García ha dicho que insistirá en que su defendido sea trasladado a una cárcel de Quito o de Cotopaxi para que desde ahí pueda ser llevado a la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte. Ante los “atropellos” recibidos y las supuestas violaciones de derechos en lo que llama una “persecución política”, el abogado García no descarta acudir a organismos internacionales de derechos humanos para denunciar todo lo que está sucediendo en este caso. “Yo creo que cualquier persona, esté o no esté involucrada en los derechos humanos, ve claramente que hay una direccionalidad por parte de los órganos de administración de justicia, de persecución y de garantizar la indefensión del señor Aquiles Alvarez. (...) Hemos actuado de total buena fe. El equipo de abogados ha estado aquí. Lo que hemos denunciado es que no se les ha permitido a nuestros defendidos contar ni con papel ni con esfero ni con nada; no se les ha permitido acceso al expediente; no se les ha permitido acceso a los abogados”, sostuvo García. (I)

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