¿Guayas es el ‘epicentro de la desnaturalización del derecho’, como afirmó la fiscal general? Algunos abogados que litigan en la provincia opinan

“Si nos damos cuenta, desde hace muchos años la criminalidad vinculada a los seudopolíticos, porque no son políticos sino delincuentes, y al narcotráfico ha permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que han encontrado en la corrupción judicial un vehículo de operación muy rentable. Así, entre 2022 y 2023 los hitos más dramáticos, escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales, que mantenían en asombro a toda la sociedad, han tenido lugar en dicha provincia (Guayas). Ahora tenemos la oportunidad de evidenciar que no era una casualidad que esta provincia sea el epicentro de la desnaturalización del derecho”, declaró la fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos contra los doce procesados en el caso llamado Purga, en el que se investiga una red de delincuencia organizada, que se realizó entre la noche del lunes 4 y la madrugada del martes 5 de marzo.

Según la fiscal, el caso Purga surge de “la unión de dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada”. “La corruptela se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio y al del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del país: Guayas”.

Los procesados en este caso son un exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y su esposa; una expresidenta de la Corte de Guayas, ocho jueces y un secretario de la misma provincia; y la representante de una entidad pública. Nueve tienen orden de prisión preventiva y tres están con medidas sustitutivas.

Y Salazar anunció que próximamente vinculará a Manuel González, quien fue presidente de la Corte de Guayas hasta el pasado viernes 8 de marzo cuando presentó su renuncia al cargo.

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A esto se agrega que en el caso Metástasis, en el que también se investiga el delito de delincuencia organizada pero relacionada con el narcotráfico, están procesados cuatro jueces y dos servidores de Guayas. En total hay 39 acusados, pero se vinculará próximamente a trece personas más.

Algunos abogados que litigan en la Corte de Guayas creen que la declaración de Salazar fue “desatinada” y hasta “regionalista”, porque el problema de corrupción en el sistema judicial es estructural, o sea, alcanza a todo el país, no es “exclusivo” de una provincia.

Aunque admiten que Guayas tiene una dinámica particular por varias razones: desde el tipo de casos que se manejan, asociados con el narcotráfico, hasta su ubicación geográfica, y la personalidad de los jueces.

El director del Colegio de Abogados del Guayas, César García, dice que la fiscal ha dado a entender que la corrupción solo existe en esta provincia cuando en realidad “azota” a todo el país, “solo que hay lugares que, por la relevancia que tienen, como Guayaquil, llaman más la atención”.

Sin embargo, agrega que, en efecto, sus colegas sí sienten que son “víctimas de un sistema que no garantiza decisiones justas”, y que se sabe que gran parte de los jueces, en especial en el área penal, “son corruptos”, lo cual genera una sensación de desconfianza y de decepción porque no saben si actuarán apegados al derecho.

Como dirigente de los juristas, García recibe muchas quejas respecto a la situación de la justicia tanto en las cuestiones administrativas como en las condiciones de los despachos o baños de las instalaciones judiciales, y en las disciplinarias. Y las han elevado al Consejo de la Judicatura (CJ), que es el órgano de gobierno de la Función Judicial. “Hemos sido radicales contra la Judicatura, hemos pedido cambios de autoridades para que la justicia vuelva a funcionar en Guayas y en el país”, refiere él, pero sostiene que no hay respuestas.

Para el penalista Julio César Cueva, la declaración de Salazar es “bastante regionalista”. “Yo podría decir que el primer habeas corpus que causó estupor en el país fue el que dieron a Jorge Glas en Manglaralto y Manglaralto es Santa Elena; y hay otros jueces de la Sierra, procesados en Metástasis, que dejaron en libertad a varios delincuentes por acciones ilegales... Que no la hayan descubierto no quiere decir que no exista corrupción al mismo nivel en otras partes del país. Quizás en Guayas se descubrió ya porque hay una delatora, que es Mayra S., pero que no sorprenda que algo así pase en otro sitio”.

Pero como Cueva litiga en Guayas y en otras provincias, por eso sí reconoce que los jueces de la primera son mucho más “avezados” en el sentido de que “les da lo mismo si te atrasan una causa y les importa un bledo porque tienen la posibilidad de ‘sacársela’ desde el Consejo de la Judicatura para que no los sancionen, o tienen una celeridad para sacarlos, y te das cuenta de que te están mandando el mensaje de ‘ponte en contacto con nosotros’. Y eso no es solo a nivel de jueces, sino de secretarios que les dices ‘¿dónde está el oficio?’ y te responden: ‘Sí, ya voy, estoy ocupado’, pero te aseguro de que si le tiras veinte latas, el oficio lo tiene listo enseguida”, relata el jurista.

Lamenta que “no sirva para nada” quejarse de estos temas en la Judicatura. “No sirve porque todos se dieron cuenta de que en el caso Purga están involucrados gente de la Judicatura, del área disciplinaria. ¿Qué es lo que pasa? Tú le presentas una queja a un juez, lo notifican, y dependiendo de si se alinea o no para hacer favores, le tramitan la queja o se la tienen aguantada, le sacan el informe para que se archive o lo sancionen. (Este) ha sido un mecanismo de extorsión, pero no es de ahora, sino desde que aparece la Judicatura″.

En tanto que Abraham Aguirre, quien es abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, concuerda con las afirmaciones de la fiscal general. “Lamentablemente en Guayas existe un alto número de jueces y juezas que son parte de grupos que han puesto en mal nombre nuestra profesión, han cometido actos de corrupción y eso se ve en sus fallos judiciales”, opina.

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Y cuenta una vivencia personal: “Yo ejerzo en el área penal y desde el 2022 ya no hago audiencias de flagrancias porque la mayoría de jueces no son muy probos. Recuerdo una audiencia en la que prácticamente se me requirió (dinero) a través de una tercera persona -que decía que trabajaba en ese juzgado- para que en una audiencia de flagrancia mi cliente pueda acceder a una medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva, algo a lo que me opuse. Con la documentación y argumentación que presenté no había otra opción que dársela. Fue algo terrible y desde ese día no he vuelto a hacer flagrancias. Quedé asustado”.

¿Qué se puede hacer con la justicia local?

Según cifras del Consejo de la Judicatura proporcionadas a EL UNIVERSO, el número de servidores judiciales destituidos a nivel nacional en el 2023 y lo que va del 2024 asciende a 73; de ellos, 25 corresponden a Guayas, o sea, un poco más de la tercera parte.

César García, director del Colegio de Abogados, y Abraham Aguirre, abogado del Comité de Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil, coinciden en que le corresponde al Consejo de la Judicatura llevar adelante un proceso de depuración de la justicia en la provincia.

“Hemos hablado con la Judicatura de la necesidad de establecer evaluaciones a los jueces, pero estas apuntan a la calidad de las decisiones judiciales que, obviamente, si están manchadas por actos de corrupción van a ser cuestionables en su forma y en su fondo, pero si lo que se quiere es depurar a la Función Judicial por los delitos que se cometen, ahí lo que corresponde es que se empiecen a hacer las investigaciones financieras pertinentes”, explica el dirigente de los abogados.

Recuerda que desde abril del 2023 los jueces, fiscales y notarios tienen la obligación de presentar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tres tipos de informes:

1. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)

2. Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas; así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de treinta (30) días (RESU).

3. Reporte de información adicional (RIA).

“La UAFE tiene que hacer el análisis de los vínculos y nexos de los jueces para descubrir delitos; eso va más allá de una simple evaluación”, insiste.

En tanto que el activista de derechos humanos refiere que el CJ “sí sabe” quiénes son los servidores que cometen irregularidades. Lo que hay que hacer son reales investigaciones en el ámbito disciplinario y que se apliquen las sanciones de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial y los reglamentos de la Judicatura, a la luz del debido proceso”.

Aguirre señala que la Judicatura debe efectuar una revisión acuciosa de los perfiles de los aspirantes a servidores judiciales y en ello podía apoyarse en la información que tienen las organizaciones de derechos humanos.

Para Julio César Cueva, la solución es más política. “La política ha estado siempre metida en la justicia. Las cortes han tenido gerente-propietario desde hace más de 50 años, sale uno y entra otro, o están los dos al mismo tiempo y se reparten el país. Entregaron la justicia como entregaron los hospitales, las secretarías, las aduanas, es un reparto porque la justicia es una mercancía... Entonces, la ciudadanía tiene que poner de su parte... Pronto habrá elecciones y tiene que castigar a los partidos que están detrás de todo esto, que todo el mundo sabe cuáles son. El poder se los dimos nosotros en las urnas, ahora hay que quitárselos”. (I)