Menos de siete meses para administrar el sistema de justicia le queda a un pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) que experimenta -y va a experimentar- más cambios en la correlación de fuerzas que reflejaría la presencia de los grupos políticos entre sus miembros.
En los próximos días se integrará al pleno del Consejo de la Judicatura Mario Godoy Naranjo, quien será el quinto presidente que asume esta institución sombreada por la corrupción y con la organización de un controversial concurso público para la selección de diez jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a cuestas.
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La Constitución establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y se conformará con cinco vocales, cuyos candidatos provendrán de ternas (tres candidatos) propuestos por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado será el presidente del CJ.
Debido a renuncias y destituciones políticas el organismo está incompleto y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se propuso completarlo para los seis meses que quedan de gestión, ya que el 29 de enero de 2025 concluye el periodo de seis años que funciona en la actualidad.
| Funciones del Consejo de la Judicatura, según el artículo 181 de la Constitución | |
|---|---|
| 1. | Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial |
| 2 | Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos. |
| 3. | Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. |
| 4. | Administrar la carrera y la profesionalizazción judicial y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. |
| 5. | Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial |
Empezó con la elección del presidente del CJ, de la terna enviada por la Corte Nacional, tras la renuncia de Wilman Terán Carrillo, que es procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis.
Lo reemplazaba Álvaro Román Márquez, consejero suplente, que se despidió de estos siete meses de administración que asumió el 19 de diciembre del 2023. Estará hasta que la Asamblea Nacional posesione a Godoy.
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La noche de este 10 de julio de 2024, en una combativa sesión, marcada por gritos, reclamos y divisiones, con cuatro de siete votos el Consejo de Participación Ciudadana echó abajo la elección de Dunia Martínez Molina como presidenta de la Judicatura y nombró a Mario Godoy.
La iniciativa fue del ala cercana al movimiento Revolución Ciudadana (RC), presidida por Rafael Correa, en los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, quienes contaron con el apoyo de Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto.
A esa votación se sumó la posición de Juan Guarderas, quien dijo que se abstenía a todo porque a su criterio la terna no tenía buenos candidatos.
Previamente, horas antes de que se produzca esta plenaria, los siete consejeros fueron llamados a la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, cuya presidenta, Pamela Aguirre, exigió a Andrés Fantoni y Mishelle Calvache, presidente y vicepresidente del CPCCS, que elegirían a un vocal de la Judicatura y que dejarían que Augusto Verduga se integre a la sesión, pues tenía permiso de paternidad del que desistió.
Así, se eligió a Mario Godoy, cuyos orígenes se remontan al gobierno de Rafael Correa. Aunque su nombre está en la lista que envió la Corte Nacional de Justicia, presidida por José Suing Nagua.
Fue el reemplazo de un primer candidato propuesto desde el oficialismo: Hugo Landívar, directivo del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), fundado por el mandatario, Daniel Noboa Azín.
Pero su nombre también está relacionado con Suing, quien en el 2019 fue juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en donde conoció a Godoy, que era asesor de la exjueza electoral Patricia Zambrano (+). Esta última renunció en el 2016, luego de escribir un tuit en el que agradecía a Ecuador la compañía de los candidatos del entonces movimiento Alianza PAIS (AP).
“No me debo a ningún partido”, aseguró Mario Godoy en el pleno del CPCCS al ser increpado por su pasado laboral y litigar en casos relacionados con Alembert Vera, exconsejero de Participación o el político Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik (PK), entre otros.
Forjó su carrera en la década correísta. Llegó al Consejo de Participación Ciudadana en el 2009, cuando se fusionó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Fue funcionario de la Fiscalía y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en el 2009; entre el 2011 y 2012 fue director de Cultos en el Ministerio de Justicia.
Luego ingresó al Consejo Nacional Electoral (CNE) como asesor de la exconsejera Ana Marcela Paredes, que era cercana al exvocal Juan Pablo Pozo, aunque después se distanciaron.
Ahí, Godoy se especializó en procesos electorales y pasó al Tribunal Contencioso Electoral, en donde trabajó junto con los exjueces Patricia Zambrano, Miguel Pérez (+) y Patricia Guaicha.
En el gobierno de Lenín Moreno fue coordinador de investigaciones en la Presidencia de la República; entre el 2020 y 2021 estuvo en la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Con la llegada del gobierno de Guillermo Lasso, Godoy se dedicó al libre ejercicio en el estudio jurídico Lexficorp, de la que es su vicepresidente.
En este año, 2024, hasta hace un mes, fue procurador de la empresa pública Petroecuador con el régimen de Daniel Noboa.
Un pleno incompleto
Mario Godoy se sumará a un pleno incompleto, conformado por Merck Benavides, exjuez nacional que intervino en el caso del político Galo Lara, encausado por asesinato cuando el exministro de Correa, Galo Chiriboga era fiscal general. En el 2018 se disputó la candidatura por la Fiscalía General con Diana Salazar.
Está en la Judicatura como representante de la Defensoría Pública.
Yolanda Yupangui, consejera delegada de la Fiscalía General, fue presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Ella se integró tras la salida de Maribel Barreno, procesada por presunto tráfico de influencias e inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Yupangui se mantuvo cercana a Álvaro Román Márquez, quien impulsó la acción de dejar sin efecto el anterior concurso de elección de jueces que hacía la administración de Wilman Terán.
La consejera Solanda Goyes llegó al cargo en una terna que propuso el expresidente Lenín Moreno y fue electa suplente de Xavier Muñoz, procesado por obstrucción a la justicia y censurado políticamente por la Asamblea.
Goyes viene del activismo y en conjunto con sus colaboradores impulsa su agenda para la Función Judicial.
En la víspera, el Consejo de Participación Ciudadana se alista a renovar a otras cuatro vocalías: un principal y tres suplentes para el semestre que queda.
El organismo solicitó las ternas a la Presidencia de la República para elegir al reemplazo de Xavier Muñoz; y a la Asamblea Nacional, para designar a los vocales principal y suplente, en lugar de Fausto Murillo, destituido y censurado; y Elcy Cely, que renunció.
La Presidencia aún no envía la suya.
La de la Función Legislativa está compuesta por Pablo Villagómez Reinel, Priscila Castro Hurtado y Carlos Salmón Alvear.
La Fiscalía General también envió sus candidatos para elegir a un suplente, con Nicolás Burneo Arias, Magaly Ruiz Cajas y Karina Tello Tobar.
Esta renovación se dará en medio de la organización del concurso público para elegir a diez jueces de diferentes salas de la CNJ.
La consejera Yolanda Yupangui aseguró que el proceso no puede echarse para atrás, porque está bastante avanzado.
Pero Godoy precisó que, si al incorporarse a la Judicatura encuentra un concurso que esté dentro del respeto a la Constitución, la ley y reglamentos, deberá continuar... (I)
