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El 30 de mayo próximo la Fiscalía continuará con la presentación de la prueba testimonial, perical y documental que mantiene en Triple A.
Juez dispuso retención de valores por $ 56.760, prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo e inmovilización y congelamiento de tres cuentas.
El asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio se produjo el 9 de agosto de 2023, a la salida de una reunión de campaña.
Mauricio Torres afirmó que, actualmente, la Contraloría General examina el patrimonio de seis jueces de la Corte Constitucional.
Los tres procesados podrían enfrentar por el delito de tráfico de influencias una pena de tres a cinco años de prisión, según el artículo 285 del COIP.
El informe también determinó inconsistencias en las declaraciones del juez José Luis Terán, por montos superiores a $ 70.000.
Entre las garantías jurisdiccionales están la acción de protección, 'habeas corpus', acceso a información, 'habeas data', acción extraordinaria de protección...
Los exámenes especiales hablan de montos no justificados e información no reportada. La documentación ya está en manos de la Fiscalía.
La decisión se tomó este martes, 31 de marzo, tras la impugnación presentada por National Trust.
Entre las accionadas por la jueza Mercedes Caicedo están las exvocales del CJ Solanda Goyes y Yolanda Yupangui, además del expresidente Mario Godoy.
La difusión de información de circulación restringida es un delito sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años, según el artículo 180 del COIP.
Desde el 8 de marzo pasado en el caso Triple A está abierta la etapa de juicio contra 22 acusados de la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
En ese proceso de liberación, los jueces y fiscales probos que tenemos juegan un papel esencial.
Jorge Glas cumple una pena unificada de ocho años de cárcel por los casos Odebrecht y Sobornos y una condena de 13 años de prisión en Reconstrucción de Manabí.
La audiencia de juicio del caso Triple A se reinstalará el próximo 30 de mayo. La Fiscalía continuará presentando la prueba que mantiene contra los 22 acusados.
Un total de 16 personas naturales y 6 empresas son procesadas como autoras y cómplices dentro del caso Triple A.
La Fiscalía procesa a 16 personas naturales y a 6 personas jurídicas (empresas) por el delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La condena impuesta a Mayra Salazar incluyó el pago de una multa de $ 5.520 y la cancelación de una indemnización al Estado de $ 17.340.
El peculado habría ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones dadas entre 2017 y 2019, entre directivos del Isspol y empresas de inversión.
En el caso Encuentro han sido sentenciados dos procesados, otros dos están a la espera de su juzgamiento y tres tienen en suspenso la etapa de juicio.