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Al gimnasio de boxeo de La Tola acudieron unas 200 personas, entre ellas legisladores de ADN, compañeros de Castillo, quien presentó su informe.
El sector de Revolución Ciudadana planteó que se llame a comparecer al contralor Mauricio Torres, pero el oficialismo señaló que antes valorará la información.
La asambleísta respondió a su expulsión de la bancada Revolución Ciudadana, defendió la legalidad de su principalización y denunció presiones en su contra.
Según González, la legisladora Jácome “habría incurrido en conductas que exceden el legítimo ejercicio del debate parlamentario".
González confirmó la notificación y consideró que existe “persecución en su contra”.
El CAL decidió archivar estas tres denuncias luego de valorar las pruebas de cargo y descargo. Los denunciantes solicitaban la suspensión sin remuneración.
El informe recomienda reformar de manera urgente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre para que se centralice el sistema de matriculación vehicular.
Según Valentina Zárate, excontralora subrogante, se debe discutir si exigencia es compatible con el derecho constitucional de acceso a la información pública.
El proyecto aprobado por unanimidad obliga a las aseguradoras y empresas de medicina prepagada a incluir coberturas en salud mental.
Legisladores y autoridades locales expusieron posiciones sobre la cantonización, mientras la comisión prevé aprobar el informe para el debate.
El 22 de diciembre de 2025, Henry Gaibor renunció a su cargo como director del Consejo de la Judicatura en Pichincha en el ámbito administrativo.
La CC constató que el Ejecutivo corrigió un error de forma y declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum.
La legisladora afronta un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria para iniciar un juicio penal por supuesta calumnia al legislador Juan González (RC)
La legisladora Annie Muñoz pidió a la administración de Niels Olsen que proceda a cambiar la ubicación de su curul asignada en medio de la bancada RC.
La Asamblea Nacional tiene hasta el día 29 de abril de 2026 para pronunciarse respecto al pedido de juez de autorizar el juicio penal a Diana Jácome.
Una objeción indica que la incorporación de militares y policías al Cuerpo de Seguridad Penitenciaria estará sujeta a las entidades de seguridad ciudadana.
El artículo 9 de la ley de Participación Ciudadana concede quince días al Legislativo para el trámite de admisibilidad de la iniciativa popular.
Los legisladores deberán presentar sus informes sobre rendición de cuentas ante la ciudadanía y entregar la documentación al CPCCS hasta mayo próximo.
Santiago Díaz se mantiene internado en la Cárcel 4, en Quito, y desde ahí se ha conectado vía Zoom para intervenir en la audiencia de juzgamiento.
De dos pedidos de información realizados a uno de los jueces y a la Contraloría, solo uno respondió y según el legislador los datos están incompletos