Muchos legisladores esperarán el retorno de sus vacaciones de quince días, que se inician este 26 de marzo, para abordar aquellos temas que se volvieron complicados de pasar en el pleno y que pusieron en riesgo a la mayoría legislativa, conformada por correístas, socialcristianos y el Gobierno.

Esta pausa legislativa será aprovechada por los asambleístas para realizar procesos obligatorios de rendición de cuentas en sus territorios y los afines al Gobierno buscarán la manera de apuntalar una campaña que permita convocar a sus electores al respaldo de la consulta popular que realiza el presidente de la República, Daniel Noboa, prevista para el domingo 21 de abril. Uno que otro saldrá a vacacionar.

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En la agenda de pendientes destaca un tema en particular sobre el cual los legisladores deberán buscar los votos para ser aprobado, y para ello solo quedan doce días, de lo contrario se archivará por fuerza de ley.

Se trata de las 87 reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que el 15 de febrero pasado se intentó aprobar en el pleno, pero la votación se suspendió por falta de acuerdos y la serie de alertas que se levantaron alrededor de los temas que se pretendían reformar.

Las reformas al COIP nacieron bajo el discurso de que eran cambios que contribuirán al combate del narcotráfico y el crimen organizado, porque proponía el endurecimiento de penas para los delitos graves, pero el debate se centró en el interés político de la bancada correísta, que posee 51 de las 137 sillas.

Se dijo que la Revolución Ciudadana (RC) tenía como objetivo principal incluir reformas al artículo 658 del COIP que viabilizarían la aplicación de recursos de revisión a las causas penales que cuentan con sentencias condenatorias ejecutoriadas y eso beneficiaría directamente al expresidente y líder de esa organización política, Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

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Las advertencias vinieron de todo lado. La Fiscalía General del Estado advirtió que el interés de la Asamblea Nacional de aplicar cambios al artículo 658 del COIP es un intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador y que la inclusión de figuras externas provocará impunidad.

Y dijo algo más, que la inclusión como causal del recurso de revisión de un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamiento de comités de derechos humanos, que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo va en contra del sentido y finalidad de ese recurso, sino que además irrespeta la institución de la cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas.

Otra de las reformas que provocaron el debate y preocupación porque generarían espacios de impunidad es aquella que buscaría que la Fiscalía General archive investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito.

Sobre estas reformas está planteada una moción desde la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), que dividió en cuatro bloques el texto del proyecto, pero que no pudo ser sometido a votación porque aquel 15 de febrero la sala se quedó sin el quorum reglamentario y se suspendió la sesión. A eso se agrega la posición del Ejecutivo de que aquellas reformas harían sombra a la consulta popular, porque 16 artículos se relacionan con temas de seguridad que se plantean en el referéndum del 21 de abril.

El presidente de la legislatura, Henry Kronfle, advirtió que si dentro de los 60 días, luego de cerrado el debate, las bancadas no se ponen de acuerdo en la moción planteada por ADN, el proyecto con los 87 cambios al COIP se archivará por fuerza de ley. Inicialmente se dijo que ese plazo coincide con la fecha de la consulta popular, pero con el receso legislativo se suspenden los plazos para conocer los proyectos de ley pendientes, con ello, se amplía por dos semanas la fecha límite antes de un archivo.

Desde el Gobierno se ha señalado que sería inoficioso que la Asamblea Nacional tramite las reforma al COIP antes de la consulta popular, pues considera que la intención del Parlamento es contaminar el referéndum.

Más pendientes

Otro tema del que aún no se ha generado debate en el Parlamento es la conformación de una terna para designar al quinto vocal del Consejo de la Judicatura que reemplazará a Fausto Murillo, quien fue destituido y censurado por la Asamblea Nacional semanas atrás. El tema aún no está en la agenda de las bancadas; al retorno del receso se reactivaría.

Quedarán pendientes también los vetos que pueda aplicar el presidente de la República a los proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la ley urgente sobre turismo y fomento del empleo.

En tanto que Kronfle citó para este lunes 25 de marzo a una sesión virtual del pleno, para conocer la decisión del presidente Daniel Noboa de insistir en su proyecto original de proforma, que fue observado por las bancadas.

En materia de fiscalización, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene previsto aprobar hasta el 26 el informe sobre la solicitud de juicio político al exministro de Energía Fernando Santos Alvite, acusado de incumplimiento de funciones por el desabastecimiento de energía eléctrica en el país en el último trimestre del gobierno de Guillermo Lasso.

Los legisladores de la mesa se encuentran en la última etapa de sustanciación de este pedido de interpelación planteado desde la bancada de Gobierno, y al momento existe la tendencia de que el informe que se presente será recomendando al pleno la censura del exfuncionario. Ese tema se conocerá tras concluir el receso legislativo. (I)