En la crisis energética el gobierno de Daniel Noboa Azín identificó la existencia de lo que serían ‘mafias’, articuladas a los proveedores de energía y de aquellos que dan mantenimiento a las centrales del país.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional realiza una investigación sobre las acciones que ejecuta el Gobierno nacional para atender la crisis energética que produjo cortes de luz de hasta ocho horas diarias en abril, debido al estiaje y la falta de mantenimiento de las principales centrales hidroeléctricas del país.

Este jueves, 9 de mayo de 2024, fueron llamados a comparecer la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo y su excolega y reemplazo, Roberto Luque Nuques, además de directivos de organismos estatales de generación eléctrica.

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Arrobo no asistió a la convocatoria de la mesa legislativa, en tanto que de forma paralela el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la solicitud de juicio político en su contra y tiene una investigación judicial planteada desde el régimen que la responsabiliza de la crisis y la omisión en acciones de prevención. En esencia, de sabotaje.

Pero su paso por la administración de Noboa dejó sentimientos de decepción en la Comisión de Fiscalización a la que asistió al inicio de su gestión. Asambleístas como César Umajinga, por ejemplo, ofrecieron «disculpas al pueblo ecuatoriano» por haber creído que era «sabia» en el área energética.

Quien sí asistió y por casi tres horas fue Roberto Luque, ministro de Energía y Minas (e), quien a breves rasgos dio detalles de qué fue lo que encontró al asumir esta función. Una de ellas, figuras que actuarían de forma irregular en el negocio energético.

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La legisladora Adriana García le preguntó sobre el hecho y Luque respondió: «Existen varios problemas en el sector energético. Existe el problema de proveedores de combustible, de diésel, que no quieren que se les acabe el negocio. Existen problemas de los proveedores de mantenimiento de electricidad que siempre son los mismos contratados y que a cuenta de que tienen representaciones ponen sobreprecios. Existen temas de contratos colectivos… Entonces, cuando me habla de mafias podemos referirnos a estas, que son un gran problema en el sector energético».

Para él, la crisis tiene varias aristas y, al hablar de personas malintencionadas que están pensando en su bolsillo, las hay en todos lados, privados y públicos.

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En esa línea, el sabotaje al que el Gobierno nacional atribuyó los cortes de luz, Luque lo describió como un conjunto de omisiones en la gestión de su predecesora, Andrea Arrobo.

Hubo «decisiones tomadas en la gestión anterior u omisión de decisiones en el contexto de esta crisis que abonan a una irresponsabilidad en el manejo del ministerio. Hay proyectos listos y no ingresados a la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. El personal, en donde había trabas, falta de sentido de urgencia... Un tema de omisión», subrayó.

Quito, 9 de mayo de 2024.- El ministro de Energía y Minas (e), Roberto Luque, asistió a la Asamblea Nacional a informar el estado del país frente a la crisis energética. Foto: Sugey Hajjar

Entre estas omisiones, Luque detalló también el estado de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que podría generar unos mil megavatios para el país, pero no lo hace por falta de mantenimiento.

De las estadísticas oficiales, entre el 2019 y 2023 se contabilizó un promedio de seis a siete veces de restricción de potencia. «En el 2019 y 2020 fueron de tres veces al año, por lo que salió de operación la central. En el 2021, una vez; en el 2022, diez veces; en el 2023, nueve veces; y, en el 2024 lleva seis veces. En estas últimas semanas fueron algunas», dijo.

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Para obtener energía, Ecuador la compra a Colombia y, según las cifras, los pagos han ido por $ 90 millones y otros $ 29 millones, estos últimos cancelados en el gobierno de Guillermo Lasso.

Reducirlos no es posible. «Estos precios no son negociables» y estarían definidos desde el 2003.

Luque informó que están analizando al menos 64 ofertas para adquirir energía. De las que, por barcazas están catorce por alquiler, carta de intención y venta; y, otras 50 por tierra, también de alquiler, carta de intención y venta.

Se estudia unirse al sistema de interconexión con Perú, con el uso de baterías; y, explorar el recurso de gas en el golfo, a través de Termogás Machala; y, poner nuevamente la licitación del Campo Amistad.

Al ser consultado si las recientes lluvias que permitieron detener los apagones se debería al bombardeo de nubes, Luque indicó que el proyecto se hizo con el aporte de empresas privadas, pero que, hasta el momento, el Gobierno no ha hecho esa evaluación.

«No sabemos si fue efecto de eso», afirmó y negó que este plan tenga un efecto en el medioambiente.

La sesión de la Comisión de Fiscalización concluyó pasadas las 15:00 y se presentaron directivos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), de la Operadora Nacional de Electricidad (Cenace), de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), explicó que este proceso de fiscalización se hará cada mes, es decir, se llamará mensualmente a las autoridades para que detallen el estado situacional de la crisis energética y así evitar que se repita lo que pasó con Andrea Arrobo. (I)