Los ahorros de los ecuatorianos en buena medida se encuentran guardados en las instituciones que conforman el sistema financiero nacional y la seguridad social.

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Así la realidad, es obvia la importancia de conocer los riesgos a los que está expuesto el sistema financiero ecuatoriano (bancos, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas), el cual, según el último informe realizado por el FMI en su Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), presentado en septiembre de 2023 y realizado a los 19 años (pedido, por su relevancia, por la exsuperintendenta de Bancos Ruth Arregui en 2019), indica que sus riesgos más importantes son: (i) macrofinancieros, debido a que al ser una economía dolarizada existe una limitada capacidad del Banco Central de entregar liquidez al sistema financiero y a una elevada dependencia de las exportaciones de petróleo; y (ii) debilidad institucional normativa y supervisora sobre el sector que regulan.

Las instituciones sólidas permiten a sus autoridades tomar decisiones certeras, sin someterse al vaivén de los cambios políticos...

Las instituciones sólidas permiten a sus autoridades tomar decisiones certeras, sin someterse al vaivén de los cambios políticos, económicos y/o sociales, pudiendo así enfrentar con claridad posibles crisis. Según la Red Liberal de América Latina 2023, que publica el Índice de la Calidad Institucional, mejores instituciones contribuyen a restringir el actuar negativo de sus autoridades, estando menos sujetas a presiones políticas. En este aspecto, en 2023 el Ecuador alcanza una posición relativamente baja, obteniendo el número 105 entre 182 países a nivel mundial, y a nivel de América llega al puesto 22 entre 32.

FMI hace observaciones a liquidez, capitalización, pérdidas y supervisión del sistema financiero ecuatoriano

En este marco, es preocupante lo expuesto por el FMI en el PESF, en el sentido de caracterizar a la Superintendencia de Bancos (SB) por ser una institución con debilidades institucionales, principalmente debido a: (i) la falta de independencia jurídica de la SB, causada por el discrecional proceso de destitución de superintendentes, así como su controversial proceso de nombramiento; (ii) la falta de autonomía administrativa y financiera, ya que la SB requiere obtener permisos de los ministerios de Finanzas y del Trabajo, para tomar y resolver asuntos presupuestarios y organizativos; (iii) que, a pesar de que hace pocos años se iniciaron importantes esfuerzos para desarrollar e implementar procesos de supervisión conforme mejores prácticas (con el apoyo del Toronto Center Leadership, IMF, CAF, IADB y Banco Mundial), tales procesos han vuelto a debilitarse; (iv) la ley no permite que la seguridad y la solidez del sistema bancario constituyan el objetivo principal de la SB, pues se le asigna responsabilidades legales amplias, como supervisión de la seguridad social, la resolución bancaria, etc.

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A la vista de tal realidad, es crucial que el diálogo sea la línea priorizada por parte de nuestros actores políticos, liderado por los presidentes de la República y de la Asamblea Nacional, pues está en sus manos construir consensos sostenibles, aclarar diferencias, superar intolerancias, honrar la palabra, como vía que, entre otras, fortalezca técnicamente instituciones como las superintendencias que controlan los ahorros de los ecuatorianos. (O)