Desde abril del 2023, las bandas delictivas son consideradas terroristas y se permitió el empleo de armas letales para combatirlas

Desde el 27 de abril de 2023, las acciones de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) fueron declaradas por el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) como terrorismo.

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Fue en una sesión del Cosepe, en abril del 2023, que se tomó la resolución 45-01 de la que se levantó la reserva y en la que se declaró al terrorismo como amenaza a la seguridad nacional, tras conocer informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

En ese entonces, se encontraba al frente de la Presidencia de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que presidió una reunión de esta instancia de decisión en la que se reconoció «al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana».

Para enfrentarla de «manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución» se sugirió al Ejecutivo expedir un decreto que establezca las «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

Articulado a ello, el exmandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 730, el 3 de mayo de 2023, en la que dispuso a las Fuerzas Armadas defender la soberanía e integridad territorial y proteger los derechos y libertades y garantías de los ciudadanos, para que ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, aplicando los instrumentos nacionales, la Constitución y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano.

Se ordenó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.

Estas medidas fueron tomadas en cuenta por el actual presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en su Decreto Ejecutivo 111, en el cual «reconoció la existencia de un conflicto armado interno».

El mandatario ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos delictivos.

Este decreto se da luego que el lunes último (8 de enero), Noboa declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para «garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes»

En las últimas 72 horas, el Estado ecuatoriano enfrentó motines en las cárceles con el secuestro de funcionarios del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y de la Policía Nacional, atentados con explosivos en vehículos y puentes.

A lo que se sumó que al mediodía de este 9 de enero de 2024 sujetos encapuchados se tomaron con armas la estación televisiva TC Televisión, durante la transmisión de un programa en vivo.

El general en servicio pasivo y exsecretario nacional de Seguridad Pública Wagner Bravo explicó que los niveles de violencia vistos en el país sobrepasaron la delincuencia organizada.

«Estamos hablando de que no están en su negocio de cuidar la droga, lavar dinero, ni minería ilegal, le están atacando al Estado y es el Estado el que está siendo atacado», opinó en la cadena Teleamazonas.

Recordó que en la administración de Guillermo Lasso, en la que él fue secretario de Seguridad, el Cosepe declaró a estos grupos delincuenciales como terroristas y se los denomina así porque «están utilizando el terror», pues «poner a un policía para que pida clemencia es crear terror en la ciudadanía, poner bombas, el entrar a un canal de televisión... es terrorismo».

En cuanto a los «actores no estatales beligerantes» se refiere a que «debe haber un poder financiero que los está organizando y ordenando estas actividades», detalló Bravo.

El Consejo de Seguridad Pública está integrado por las autoridades de las siguientes instituciones y funciones del Estado:

1. El presidente de la República, Daniel Noboa.
2. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que está en Israel.
3. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.
4. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
5. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional Pública y del Estado, Arturo Félix Wong (e).
6. El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo.
7. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
8. La ministra del Interior, Mónica Palencia (e).
9. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.
10. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contralmirante Jaime Vela.
11. El comandante general de la Policía, general César Zapata.
12. El presidente de la Función de Transparencia y Control Social, César Córdova, actualmente titular encargado de la Defensoría del Pueblo. (I)