El déficit fiscal del Ecuador en 2023 llegará seguramente a los $ 5.000 millones. Esta astronómica cifra, que se presenta cuando un país tiene menos ingresos que gastos, ha sido ratificada por el flamante ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, en su primer aparecimiento oficial con el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. El funcionario incluso justificó la urgente reforma tributaria para poder obtener más ingresos. Esta vez quienes más aportarán serán los grandes grupos económicos, a través de una autorretención anticipada y de quienes quieran beneficiarse de la amnistía tributaria.

La cifra de los $ 5.000 millones de déficit ya había sido advertida por varios expertos semanas antes de que termine el régimen de Guillermo Lasso, sin embargo, el ministro de Economía de ese momento, Pablo Arosemena Marriot, había insistido -hasta el último día de su gestión- en que el déficit sería del 3 % del producto interno bruto (PIB), es decir, unos $ 3.400 millones.

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Sin embargo, a noviembre del 2023 el presupuesto ha superado dicho monto. Al tomar en cuenta ingresos percibidos frente a gastos devengados, de acuerdo con los datos publicados en la propia página web del Ministerio de Economía (ejecución presupuestaria), se puede ver que hay una diferencia de $ 3.912 millones entre enero y noviembre del 2023.

Este resultado se da porque los ingresos percibidos han sido de $ 17.694 millones, pero los gastos devengados ya llegan a $ 21.606 millones.

Sobre el tema, el secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, asegura que a pesar de que según los datos oficiales el déficit está en $ 3.912 millones, aún no constan en el gasto devengado los $ 393 millones del 40 % de pensiones para el Seguro Social y los $ 163 millones del gasto devengado de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD). En este sentido, el déficit real llega a noviembre a $ 4.468 millones. Las cuentas por pagar serían de $ 2.967 millones. Las cuentas por pagar del 40 % de pensiones serían por $ 1.039 millones y de los GAD, $ 906 millones.

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En este sentido, asegura que el déficit seguramente sobrepasará los $ 5.000 millones. Hay que tomar en cuenta que en diciembre hay muchos más gastos, como los sueldos y sobresueldos, y que el Gobierno está obligado a registrar todo el gasto devengado al final del año.

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Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que en Ecuador se han producido caídas de ingresos con respecto al año anterior y, adicionalmente, hay más gastos que el año pasado. En el primer caso han caído ingresos por petróleo y tributos, sin embargo, se han incrementado gastos en salarios, además se paga más intereses de deuda pública producto del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos.

El fisco además ha recibido menos de lo presupuestado en 2023, pues se tenía previsto vender Sopladora y recibir utilidades de la venta del Banco del Pacífico. Ninguna de las dos cosas sucedió.

El ministro Vega Malo aseguró, por su parte, que el incremento del déficit se debe a varias razones. Entre las causas externas está el comportamiento de las tasas de interés. Y en lo interno, justamente, la menor recaudación fiscal y menores ingresos petroleros.

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Entre tanto, Víctor Hugo Albán, coordinador de Visión 20-30, colectivo de economistas que está conformado por varios expertos, académicos y exministros, indica que el problema del déficit es crónico y que viene desde el tiempo de Rafael Correa. Explica que los cálculos del exministro Arosemena están equivocados, al igual que los del actual ministro. Dice que el déficit no será de $ 5.000 millones, sino que llegaría a $ 6.300 millones. Para Albán, el actual Gobierno está cometiendo el mismo error de Lasso, que fue trabajar con un club de amigos y no con personas técnicas.

Además alerta que el gran problema es que -pese al enorme déficit- no hay acceso a financiamiento para cubrirlo. Explica que los organismos internacionales podrían prestar dinero al país, pero bajo un plan claro que no sea utilizar recursos para gasto permanente. Además critica que se pida un “crédito puente”, ya que esta categoría no existe y que más bien se debió solicitar, con la rigurosidad necesaria, un crédito emergente o un stand by.

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Albán ve que al momento Ecuador solo tiene una alternativa para cubrir el déficit que son los organismos de desarrollo. Para el experto, existe una distancia entre la política y lo que en realidad debería hacer el Gobierno. La ley económica que ha enviado Noboa sería más política pensando en la reelección. En este sentido, dice que hay una gran preocupación de que en la parte monetaria pudiera haber complicaciones.

El nuevo Gobierno considera que también habrá problemas en 2024 por ya no contar con la contribución patrimonial, la baja del impuesto a la salida de divisas (ISD) y la reversión de la reforma tributaria. Ve otros riesgos de gastos por el problema del fenómeno de El Niño, apagones y costos de seguridad.

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El déficit que debe financiarse con deuda ha sido un problema estructural desde hace décadas. Sin embargo, a partir del año 2000 cuando Ecuador entró en dolarización se buscó una estabilidad financiera y se logró equilibrar las finanzas públicas. Pero Ecuador volvió a una economía deficitaria desde 2007. De acuerdo con Jaime Carrera, “cuando los gastos patentizan la irracionalidad e irresponsabilidad en la gestión del Estado, los déficits fiscales son cuantiosos, por tanto, hay un voraz aumento de la deuda pública”. Entre 2007-2017 la suma de déficits del presupuesto del Estado ascendió a la inimaginable cifra de $ 47.136 millones.

Según los datos del Observatorio de la Política Fiscal, en 2007 el déficit fue de $ 63 millones, pero para el 2009 este ya había subido a $ 2.635 millones. Para el 2013 estaba en $ 8.908 millones y en 2014 tuvo una diferencia entre ingresos y gastos que llegó a $ 10.550 millones.

En el gobierno de Lenín Moreno se buscó bajar los déficits sin mayor éxito, más aún se vivieron los efectos de la pandemia, debido a lo cual el déficit llegó en el 2020 a $ 7.774 millones. En el 2022, ya en la administración de Guillermo Lasso, el déficit terminó en $ 1.853 millones. Sin embargo, este año la brecha se amplió de manera importante. (I)