Leandro Norero obtenía contratos y pagaba impuestos pese a estar ‘muerto’

EL UNIVERSO y ocho medios ecuatorianos formaron una alianza para difundir la investigación periodística Narcos: muertes sospechosas, de la plataforma Connectas. Ponemos el contenido para libre acceso de nuestros usuarios.

Leandro Antonio Norero Tigua fue señalado como financista de bandas delictivas de Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers. Y pese a que tenía un proceso judicial abierto por narcotráfico en Ecuador, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto.

En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narcocriminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra —que venía con una solicitud de extradición— su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por COVID-19 en 2020.

Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50.394 dólares, mientras que en 2019 había pagado 8.375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el Municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.

Estas son algunas de la revelaciones de la investigación periodística Narcos: muertes sospechosas, realizada por Connectas.

En mayo de 2022, el exministro del Interior Patricio Carrillo anunció que se había dado un golpe a una importante estructura criminal, a la que se le encontraron aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Entre los detenidos estaban Norero y tres de sus familiares.

Cuando le formularon cargos por lavado de activos, la Fiscalía mostró como evidencias 11 inmuebles y 13 vehículos, además de empresas a nombre de sus familiares creadas en esos dos años de muerte fingida. Carrillo dijo a los medios que el rastro económico de Norero encendió las alarmas.

La Fiscalía ecuatoriana reveló chats de Norero del 16 de julio de 2022, después de su arresto final, en los que le cuenta a su abogado que al pasarse la luz roja de un semáforo en algún momento mientras estuvo oficialmente muerto, un policía no solo descubrió que estaba vivo y llevaba un arsenal en el carro, sino que lo dejó ir y pasó a estar a su servicio a cambio de 10.000 dólares.

Gustavo Duncan, profesor e investigador de las dinámicas del narcotráfico, considera que la táctica de ‘hacerse pasar por muerto’ o de cambiar de apariencia con cirugías estéticas mayores es usada por criminales que buscan el retiro, seguridad para ellos y sus familias para medianamente disfrutar de lo conseguido, porque al desaparecer se pierde poder.

“Para un narcotraficante que se dedique solo al negocio, que no tenga un aparato armado, debe ser muy atractivo poder salir si acumuló dinero. Digamos que se retiró y le tocaría dejar el lugar donde operan las personas que conoce. Pero es más fácil no fingir su muerte, sino arreglar con la justicia, que es un poco lo mismo, pero, digamos, legalizado. O sea, sin tener que engañar a las autoridades”, comenta.

Duncan añade que “un narcotraficante que no esté dispuesto a usar la violencia está en desventaja con otro narcotraficante porque, si disimulas tu muerte, pierdes toda la reputación. Tu reputación necesita mostrar que estás vivo. Que eres capaz de amenazar”.

Aunque en Latinoamérica hay narcotraficantes que suelen ostentar lujos, para este experto, que un criminal sea visible también lo vuelve vulnerable.

Sin embargo, Duncan menciona que el caso más recordado de muerte sospechosa de un narco es la del mexicano Nazario Moreno, a quien el Gobierno mexicano dio por muerto en 2010, pero en realidad lideró el crecimiento de su organización criminal hasta convertirla en una de las más grandes y peligrosas de México. Moreno murió por segunda vez en 2014.

En Ecuador, la segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el SNAI, justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra.

Un año después, bajo una nueva política de seguridad, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que detuvo a casi 40 personas, entre funcionarios judiciales, jueces y policías, basándose en unos chats de Leandro Norero que reseñan supuestos vínculos del narcotráfico con acciones y omisiones judiciales, corrupción policial y del sistema penitenciario ecuatoriano. A marzo de 2024, son 52 las personas procesadas, incluyendo al director de las prisiones ecuatorianas y exdirector de Antinarcóticos de la Policía.

La evidente relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y exdirector de Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez, provocaron dudas sobre la segunda muerte del narcotraficante, al menos para Christian Zurita, excandidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio.

Ramírez, general de la Policía, estuvo al frente del SNAI entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Mientras fue director de Antinarcóticos y participaba en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, fungió como aliado de Norero hasta el día de su asesinato y hubo cuatro masacres en las prisiones ecuatorianas.

Los chats y las versiones ante la Fiscalía proporcionadas públicamente por Marcelo Lasso, compañero de pabellón de Norero, dan cuenta de que Ramírez transaba con el criminal para fiestas, traslados de él y sus familiares, esconder armas y recibir favores. “Hubo una visita a Norero para agradecerle por la entrega del dinero y saber si necesitaba algo más”, mencionó Lasso. Hélive Angulo, uno de los abogados de Norero, reveló que si él quería un traslado, se lo pedía directamente a Ramírez.

En junio de 2022 se dispuso la devolución de bienes a Norero. De las motivaciones de la Fiscalía ecuatoriana se desprende que la esposa de Norero, Lina R. (procesada por lavado de activos), conversó con él hasta el 4 de septiembre de 2022 —un mes antes de su segunda muerte—, cuando él le mandó a dejar un nuevo teléfono celular.

Además, las empresas de Lina R. en Ecuador siguen activas y, desde noviembre de 2023, no tiene prohibición de salida del país. Del mismo modo, la supuesta amante de Norero, la relacionista pública Mayra Salazar, incrementó su patrimonio de forma inusual durante los años 2022 y 2023 e hizo movimientos claves en sus contactos con políticos y funcionarios judiciales.

Después del destape del caso Metástasis en Ecuador, y dado que las evidencias más claras salieron de los celulares de Leandro Norero —quien ya había fingido su muerte— la Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue el fallecimiento del narcotraficante.

En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.

Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero.

El equipo periodístico envió un requerimiento de información a la Fiscalía consultando por qué, si tenían las pruebas desde 2023, en 2024 iniciaron una investigación que ponía en duda su muerte. También se solicitó una entrevista a la fiscal general sobre estos hechos. Pero ambas solicitudes fueron negadas.

Las cárceles, el escape perfecto

La de Norero tampoco es la primera muerte dentro de una prisión del país que la Policía o la Fiscalía de Ecuador pone en duda.

Según un informe anual publicado por el SNAI el 13 de marzo pasado, entre 2021 y 2023, 517 presos han muerto en prisiones ecuatorianas. La Fiscalía, por su parte, reportó 478 asesinatos en las cárceles entre 2021 y 2023, en 36 “eventos”. Se pidieron precisiones a ambas instituciones sobre los datos previos a 2020, pero no fueron respondidas.

Mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 680 asesinatos en prisiones de 2018 a 2023. La mayoría de los asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas están en investigación previa, según datos de la Fiscalía. De esos 36 eventos, solo tres han llegado a dictamen acusatorio, dos a sentencia condenatoria y uno fue archivado.

Criminalística y Medicina Legal respondieron para esta investigación que todos los asesinados en las cárceles han sido identificados, pero Fernando Bastias, del CIDH, sostiene: “Manejamos el registro de muertes dentro de las prisiones desde 2018 y sabemos que en las identificaciones hay complejidades porque en casi todas las masacres hay desmembramientos e incineraciones”. (I)