La libertad de prensa en Ecuador se encuentra en una “situación difícil”, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado el 3 de mayo. Dentro de la clasificación mundial, el país ocupa el puesto 110 de entre 180 Estados observadas.

La medición de RSF evalúa las condiciones para el libre ejercicio del periodismo plural, independiente y seguro, para lo cual se toman en cuenta cinco indicadores: político, económico, social y cultural, marco legislativo y seguridad.

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En entrevista con EL UNIVERSO, Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, habló de las amenazas globales al ejercicio periodístico y de la situación que experimenta Ecuador.

¿Por qué el indicador político es el que más se ha deteriorado?

Este año, en particular, una tendencia que se observó es un deterioro más importante del indicador político. Significa, claramente, que los actores políticos, los Estados, que deberían garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo, son los que están poniendo dificultades, interfiriendo, haciendo que el ejercicio del periodismos sea más complejo y difícil. Creo que no es algo tan sorprendente que eso pase en un año que es considerado el año electoral más importante en la historia, en términos de personas en el mundo que van a votar. Más de la mitad de la población mundial va, en alguna medida, a participar de procesos electorales. Momentos electorales son momentos de tensión, donde la polarización se incrementa.

¿Qué herramientas son las que más se están utilizando para atacar a la credibilidad del periodismo desde el lado político?

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Que los políticos ataquen a los medios no es algo necesariamente nuevo. Si hablamos de Ecuador conocemos el histórico de (Rafael) Correa, en ese sentido. Atacar en el sentido más básico y elemental de la definición de ataque: insultos, campañas de desprestigio, estigmatización... Adoptar una postura pública que va a indicar, señalar a los periodistas, a los medios o a determinados sectores de prensa como enemigos públicos, que deben ser combatidos. El objetivo final, estratégico, político, es tener mayor control del debate público. Cuando se ataca a la credibilidad de la prensa significa que los que están en el poder pueden estar menos preocupados de rendir cuentas a la sociedad, porque baja el escrutinio público. Lo que sí es nuevo es la capacidad de movilizar y de capitalizar la desconfianza que hay en la sociedad frente al periodismo, en un escenario de cambios tecnológicos. Las redes sociales, las plataformas, se vuelven cajas de resonancia a esos discursos de polarización. La inteligencia artificial generativa es una herramienta más, en un vacío regulatorio.

¿Qué camino se debe tomar para regular, para tener legislación, en el uso de inteligencia artificial y redes sociales, sin que se transgredan las líneas de la libertad de expresión y de prensa?

Hemos visto en los últimos años a varios gobiernos de tendencia autoritaria utilizar el discurso de las fake news (noticias falsas) para atacar a periodistas o medios que ejercen un periodismo serio. Eso no significa que regular el espacio informacional y, sobre todo, las plataformas, redes sociales y la inteligencia artificial es inherentemente algo que genera censura. Al contrario, tener buena regulación es algo que fortalece la libertad de prensa y el periodismo. Pero tener buena reglamentación significa que debe ser realizado de manera democrática. Hay varias experiencias concretas, incluso en Europa, en términos de ampliación de exigencias de transparencia por parte de las plataformas. Hay maneras de, también a través de la tecnología, identificar el contenido generado por inteligencia artificial generativa. También se puede discutir cómo son elaborados los algoritmos de redes sociales y pedir mayor responsabilidad a las grandes plataformas de redes sociales, para que sean también parte de la solución. Hay varias mecanismos de reglamentación que se pueden hacer y la mejor respuesta no es dejar de hacerlo por miedo de que eso pueda abrir puertas a mayor censura.

¿Se podría hablar de complicidad, por acción u omisión, de las autoridades de turno que no han logrado garantizar una efectiva protección para el ejercicio periodístico?

Los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los periodistas. Entender que la violencia en contra de los periodistas no es solamente una violencia a nivel individual, es un atentado a la libertad de prensa, al derecho a la información. Cuando llegamos a niveles de violencia como los que encontramos en México, lo que se genera son zonas silenciadas, donde el nivel de autocensura es tan grande, donde periodistas son víctimas de desplazamiento forzoso. Los Estados tienen absoluta y total responsabilidad ante ese escenario, aunque no sean los que necesariamente hayan causado eso, pero su responsabilidad es total a nivel de garantizar un espacio informativo en el que los periodistas puedan actuar, sin temer represalias a su integridad física y mental. Pero en algunos contextos específicos vemos una especie de relación incestuosa entre poderes políticos locales (alcaldías, consejeros), sobre todo en México, con organizaciones mafiosas, con estructuras de crimen organizado. Los periodistas que trabajan en medios pequeños, locales, son mucho más vulnerables.

¿Por qué Ecuador descendió de posiciones en la clasificación? Aún sigue sin resolverse el caso del equipo de diario El Comercio, hay casos de comunicadores asesinados, periodistas que abandonaron el país por amenazas y el atentado al canal TC.

Hubo en Ecuador una baja generalizada de todos los indicadores que miden la clasificación. Tenemos una baja en el nivel político muy importante, de 20 puntos. En algunos casos, en varios países, es frecuente que baja un indicador pero sube otro, que cambian las situaciones. Ese escenario de baja generalizada de todos los elementos claves que crean un ambiente más o menos favorable al ejercicio del periodismo libre, plural, independiente, en Ecuador se bajó... Mencionas varios hechos que marcaron con respecto a temas de violencia, seguramente el nivel de inseguridad relacionado con la crisis de inseguridad pública que vive Ecuador en todos los niveles de la vida social, que se manifiestan también para el ejercicio del periodismo. Y se manifiesta de manera clara en las regiones donde operan con más fuerza esos grupos (criminales)... La percepción que tenemos de los datos de Ecuador se traduce, en alguna medida, en un escenario de crisis institucional más generalizado, con una problemática específica en términos de seguridad pública. Pero de manera más transversal en todos los niveles políticos del país.

El crimen de los periodistas de diario El Comercio sigue en la impunidad, han pasado seis años. ¿Cómo se puede esperar que el Estado dé garantías a los periodistas si este caso, que sacudió al país y a la región, sigue sin avanzar?

Siguen faltando tres (periodistas)... La campaña “Nos faltan tres” sigue, desafortunadamente, más viva que nunca. Los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de los periodistas. De la misma manera, y de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia. En el caso de crímenes contra periodistas significa poder conducir investigaciones transparentes, exhaustivas, rigurosas y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares. Cuando eso no pasa, la señal que tenemos todos, como sociedad, pero incluso los perpetradores de ese tipo de violencia, es que el Estado no tiene la capacidad de reaccionar ante esos hechos. La impunidad es un motor de la recurrencia de esos casos. Creo que en el caso de los tres (periodistas) de El Comercio realmente hay una deuda del Estado ecuatoriano con la comunidad periodística. (I)