Las dos muertes de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, el objetivo militar del Gobierno: asesinado en una masacre carcelaria y fallecido por COVID-19

EL UNIVERSO y ocho medios ecuatorianos formaron una alianza para difundir la investigación periodística Narcos: muertes sospechosas, de la plataforma Connectas. Ponemos el contenido para libre acceso de nuestros usuarios.

Las autoridades informaron que Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, había muerto en una masacre carcelaria ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021, junto a otros 33 presos. Pero el certificado de defunción describe que alias Pipo falleció por COVID-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 km de Cuenca) el mismo 23 de febrero, y que el registro de esa muerte se hizo un día después, el 24 de febrero de 2021.

Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que aunque Chavarría aparece como muerto por COVID-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares, entre los que cuenta a alias Pipo.

Un mes antes, el exministro del Interior José Serrano dijo públicamente que las matanzas carcelarias eran una pantalla para que los narcotraficantes pudieran fingir sus muertes, refiriéndose a alias Pipo, quien —según él— opera aún al mando de Los Lobos a través de Colón Pico.

Pico, señalado por intentar asesinar a la fiscal Diana Salazar, escapó de la prisión de Riobamba en enero de 2024. Su hija dijo a los medios el 23 de marzo de este año que Colón Pico había fallecido en una balacera, pero nunca fue confirmado por la Policía de Ecuador. Incluso, Pico fue incluido en la mencionada lista de objetivos militares más buscados por el Gobierno ecuatoriano y en la madrugada del 22 de abril fue recapturado.

Las cárceles, un buen lugar para recrear un asesinato

Édison Romo, experto en seguridad, declaró que “cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”. Por eso, considera que la base de datos de perfiles genéticos permitiría un mejor control.

La exdirectora de prisiones Alexandra Zumárraga explica que las debilidades del sistema carcelario favorecen que los criminales puedan utilizarlo para operar bajo el radar de las autoridades. Apenas a finales de 2022 se terminó por primera vez el censo carcelario lo que, aunado con la corrupción, configura un caldo de cultivo para que los delincuentes utilicen la muerte como pasaporte a la impunidad.

“El Estado es tan incompetente en eso que ellos no necesitan fabricar nada, las masacres se dan y muchas veces no saben ni quién está muerto. Es fácilmente comprable. ¿Qué hace que el Estado dé por muerto a alguien? Un informe que se puede comprar”, refiere.

Y las sospechas sobre la muerte de alias Pipo solo se multiplican con el pasar del tiempo. En los expedientes del caso Purga, revelados por la Fiscalía ecuatoriana en marzo de 2024, se detalla una conversación de octubre de 2023 entre Mayra Salazar, procesada por delincuencia organizada, y uno de sus contactos, en la que afirma que alias Pipo mandó a matar a Norero y que el primero opera con otro rostro y otra identidad desde Europa.

“Norero lo saca de Turi, lo hace pasar por muerto. Le cambió las huellas digitales de un muerto y lo mandó con papeles del muerto a Europa”, escribe. El mensaje de Salazar fue enviado dos años después de que el SNAI anunciara la muerte de alias Pipo.

El exministro del Interior Juan Zapata, consultado para esta investigación, también dijo que, para la inteligencia policial ecuatoriana, alias Pipo está vivo. Al igual que Norero, menciona el exfuncionario, alias Pipo se aprovechó de la infiltración de funcionarios corruptos, él ya constaba como fallecido oficialmente y por informaciones de inteligencia se sabe que no es así. “Pero en estos casos los cadáveres no existieron y solo teníamos un certificado”, aclara.

Zapata corrobora que “esa es una de las artimañas que utilizan estos delincuentes para pasar desapercibidos o salir del radar de la justicia y de la Policía. Por supuesto, eso debería (investigarlo) no solamente la Policía, sino la Fiscalía”.

Si un procesado o sentenciado, prófugo o prisionero en Ecuador, logra certificar su muerte, hace más difícil el rastreo incluso fuera de los límites del país, por la imposibilidad de generar boletas de captura para personas oficialmente fallecidas. El exministro explica que los policías de inteligencia “deben hacer un enorme trabajo de recopilación de información” para poder activar búsquedas en Interpol, por ejemplo.

Además, un cadáver no es una garantía absoluta para la identificación de criminales de alto perfil, puesto que no se cuenta con una base de datos genética y, en caso de que los cuerpos sean mutilados o incinerados, como ha ocurrido en las masacres carcelarias, se necesitan cotejar las muestras con un familiar. Es lo que explican dos altos funcionarios de Criminalística y del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador entrevistados para esta investigación.

El procedimiento actual para la identificación de cadáveres de personas que han sufrido una muerte violenta involucra análisis de huellas dactilares, estudio de características físicas y pruebas genéticas. Pero, aunque hay 19 centros forenses en el país, únicamente en los laboratorios de Quito y Guayaquil se realizan pruebas genéticas y las muestras —o piezas anatómicas de ser el caso— deben ser enviadas a la capital ecuatoriana.

Carlos Perugachi, director de Criminalística, explica que en el resto de sitios la identificación se realiza a través de la revisión de huellas dactilares en una base de datos biométricos en la que consten los privados de la libertad, los policías, militares y personas autorizadas a portar armas. “Si no están allí, buscamos en la base de datos del Registro Civil”.

El siguiente método consiste en identificar las características antropológicas, como lunares o tatuajes, a través de los testimonios de familiares. Y el último método requiere una muestra genética de algún familiar para hacer un cotejamiento, debido a que Ecuador no cuenta con una base de datos de perfiles genéticos. “Recién la estamos implementando”, dijo Perugachi.

Gabriela Díaz, subdirectora del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, detalló que en diciembre de 2022 se aprobó el reglamento para la creación de una base de datos de perfiles genéticos y la toma de muestras empezó el 21 de febrero de este año.

El consentimiento de los privados de la libertad para esta toma de muestras generó revuelo internacional, después de una denuncia de SOS Cárceles. Esta base de datos permitirá, según las autoridades, no solo hacer más ágil la identificación en caso de que ocurra una matanza, sino para rastrear su huella genética en crímenes pasados o futuros.

“Únicamente las bases de datos que se pretende implementar es a nivel forense, con fines investigativos”, aportó Díaz. “Alrededor de 62 países en el mundo cuentan con bases de datos implementadas de perfiles genéticos con fines investigativos”.

El Gobierno ecuatoriano informó que entre el 21 de febrero y el 15 de marzo de este año, las muestras de 3.794 presos (el 12 % de la población carcelaria) habían sido tomadas después de que firmaron su consentimiento, según la versión oficial.

La grieta en el Registro Civil

En Ecuador, desde el año 2020 y la emergencia por la pandemia del COVID-19 se habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Para obtenerlo, se debe cargar un formulario estadístico de defunción que requiere la firma digital de un médico particular que certifique la muerte o la autorización de un establecimiento de salud. Si se tratara de una muerte violenta, esto debe ser llenado por el médico legal de la Policía.

Vicente Taiano, exdirector del Registro Civil cuando se instauró esta medida, explicó que se dio esta facilidad para evitar cargar de trámites a los familiares de las víctimas del COVID-19. “Esto podría ser mal utilizado, claro, pero habría que preguntarle a las autoridades actuales qué se está haciendo”, refiere Taiano.

El certificado de defunción, que también pueden obtener en línea los familiares del fallecido, habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado.

“Si se trata de un criminal que ya estaba siendo procesado judicialmente, la familia podría presentar certificado de defunción y el juez tendría que ordenar el archivo de la causa por muerte del presunto delincuente. Si es que no está bajo procesamiento judicial y solo está bajo investigación policial, se supondría que no deberían dejar de investigarlo hasta que constataran su muerte. Pero en el escenario de Norero, vemos que es más factible comprar a los policías haciéndoles llegar un certificado de defunción para que no tengan que buscarle”.

Y si es que, durante la vida criminal, a un delincuente le ordenaron prohibición de enajenar sus bienes, congelaron sus cuentas bancarias y muere, el origen de esos bienes debe ser legitimado por sus sucesores para acceder a ellos. “En el caso de Norero hubo una decisión judicial que ordenó devolverle todos sus bienes, por lo tanto cuando muere sus bienes estaban liberados de restricción penal”, dice Luis Córdova.

Además, en Ecuador existen los certificados de presunta muerte que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido.

La presunta muerte de Pablo Córdova Coronel

Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. En el Registro Civil, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación. De su muerte sospecha un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad.

Ante el requerimiento de esta investigación, la Dirección Nacional de Registro Civil indicó que “es responsabilidad del profesional de la salud el uso de las credenciales y accesos a los sistemas” para registrar un informe estadístico de defunción general con firma electrónica.

La validación que realizan los funcionarios del Registro Civil “es únicamente en la comprobación de que el informe estadístico de defunción general presentado por el ciudadano que solicita la inscripción tenga relación con el documento emitido en el sistema Registro de Datos Vitales o en el sistema del Instituto Nacional de Estadística y Censos”. (I)