Esta es la situación judicial del exvicepresidente Jorge Glas tras un mes de su detención en la Embajada de México, en Quito

Para el exvicepresidente Jorge Glas, su detención dentro de la Embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado, y, un día después, su posterior ingreso a la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil, ha significado -en términos procesales- que empiece a correr el tiempo que le resta por cumplir de su pena unificada de ocho años de cárcel por dos delitos relacionados con actos de corrupción y que se haga efectiva la orden de prisión preventiva dispuesta para que él esté presente en el procesamiento penal en el caso Reconstrucción de Manabí.

Esas dos órdenes relacionadas con Glas fueron dadas por jueces competentes: la primera por la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas, el 30 de mayo de 2023, dentro de una audiencia de cómputo de la pena unificada de ocho años de prisión recibida por los casos Odebrecht, por asociación ilícita (seis años), y Sobornos 2012-2016, por cohecho pasivo agravado (ocho años); y la segunda por el juez penal de la Corte Nacional Luis Rivera, el 5 de enero pasado, como parte de la formulación de cargos hecha por la fiscal general, Diana Salazar, por el delito de peculado.

Los 30 días que han pasado desde que se produjo la detención y el ingreso del exvicepresidente Glas a prisión deben ser restados de los dos años, once meses y quince días que le faltaban por cumplir de la pena unificada de ocho años impuesta a inicios de 2023. Glas permaneció fuera de la cárcel desde el 28 de noviembre de 2022, día que recibió una medida cautelar autónoma de parte del entonces juez de Santo Domingo de los Tsáchilas Émerson Curipallo, hoy procesado en el caso Metástasis, hasta el 5 de abril pasado cuando fue detenido en la sede de la Embajada de México en el norte de la capital ecuatoriana.

Revocatoria solicitada por Jorge Glas para que no se pericien sus dos celulares y un iPad es rechazada por un conjuez de la Corte Nacional por ‘improcedente’

La incursión en una embajada, la cual es considerada territorio extranjero, se ha justificado en la necesidad de aprehender al líder correísta para que se ejecuten las órdenes de detención contra él por haber dejado de cumplir la medida cautelar de presentación periódica dispuesta por Curipallo, al ingresar el 17 de diciembre de 2023 a la Embajada de México, y obviamente para que se efectivice la orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí.

El 12 de abril pasado, siete días después de haberse registrado la detención de Glas, los jueces de la Corte Nacional Mónica Heredia (ponente), Liz Barrera y Adrián Rojas aceptaron el recurso de habeas corpus planteado a favor del excompañero de fórmula de Rafael Correa por cercanos al correísmo y determinaron que fue “ilegal y arbitraria” la detención de Jorge Glas y que esta vulneró su derecho a la libertad.

Pese a que de forma unánime se alcanzó esa decisión, los integrantes de la sala no dispusieron la liberación del exvicepresidente, porque aún tiene una sentencia condenatoria de ocho años por cumplir, la cual no podía ser modificada por el Tribunal.

La Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República creen que no se debió aceptar el recurso constitucional planteado por Glas, porque no ha existido la violación de derecho alguno y tampoco se ha dado una detención arbitraria o ilegal. Lo que se piensa es que en este caso se ha procedido a una detención de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Las tres instancias han planteado el recurso de apelación para revertir el fallo.

Por otra parte, Francisco Hidalgo, represente legal del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que interpuso el habeas corpus a favor de Glas, pide que el Tribunal aclare y amplíe ciertos temas de su resolución. Los recursos horizontales de ampliación y aclaración serían el paso previo a plantear una apelación a la sentencia, principalmente en lo que tiene que ver con el no haber definido la salida de Glas de la cárcel de máxima seguridad La Roca.

La estrategia internacional

Hace dos semanas, Sonia Vera, parte de la defensa internacional de Jorge Glas, en una entrevista con el programa radial Punto noticias señaló que no tenían ningún tipo de esperanza en el tema del habeas corpus y lograr la liberación del exvicepresidente. “Trataron de hacer una reparación moral, diciéndole ‘sí, mire, a usted lo detuvieron ilegalmente, su detención fue arbitraria, pero no lo dejamos libre”, refirió Vera, resaltando que quienes están con la defensa en lo nacional apelarán la decisión, aunque indicó que existen grupos y personas que quieren presentar una denuncia por prevaricato y por fraude procesal.

Según Vera, como defensa internacional de Glas presentaron información adicional insistiendo en la ampliación de las medidas cautelares ya otorgadas al exvicepresidente en el 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estamos finiquitando los últimos detalles para mandar una denuncia al Grupo de Detención Arbitraria, que también ya se pronunció en el año 2020 en el caso de Jorge (Glas). Estamos haciendo toda una estrategia global para insistir en que este señor Daniel Noboa recule de las actuaciones que ha venido ejecutando, violentando los principios básicos del derecho internacional”, anotó.

En medio de este trámite de garantía constitucional, el 12 de mayo próximo se completarán los 120 días de instrucción fiscal del caso Reconstrucción de Manabí. Inicialmente estaban siendo procesados, desde el 5 de enero pasado, Glas, como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

A días de cerrarse los tres meses de instrucción fiscal, el conjuez Julio Inga dio paso a la vinculación solicitada por la Fiscalía del exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del correísmo Walter Solís; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar Milton Daniel M.

La teoría del caso Reconstrucción de Manabí

La fiscal Diana Salazar ha explicado que los hechos imputados en este caso a quien formó binomio con Rafael Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Para la Fiscalía, Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades urgentes de la población de Manabí y Esmeraldas.

Como parte de este proceso penal en el que se analiza el delito de peculado, ya en los días finales de la instrucción fiscal, por “improcedente”, el conjuez Inga rechazó la petición hecha por la defensa del líder correísta para que se revoque la providencia en la que se dio paso a que se pericien dos celulares y un iPad que le fueron incautados durante la incursión en la Embajada de México, en Quito.

Inga sostuvo en que acorde con la arquitectura procesal actual, será en la etapa de “evaluación y preparatoria de juicio” en la que corresponda tratar, conforme lo precisa la norma, ya sea sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento y, por otro, establecer la validez procesal (valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal), correspondiendo, incluso, en dicha etapa procesal abordar y resolver acerca de temas como nulidades, fundamentos de acusación, anuncio de pruebas, exclusión, rechazo o inadmisión de medios probatorios.

Con ello, los tres equipos electrónicos que le pertenecen al exvicepresidente Glas deben ser periciados y los resultados deben ingresar al expediente fiscal para la evaluación correspondiente de las partes.

El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla sobre el peculado, refiere que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionadas con pena de diez a trece años de cárcel.

Soledad Padilla asegura que es ‘hostigada, amedrentada y amenazada’ desde que existió un rompimiento en su relación de amistad y colaboración con Jorge Glas

Otros casos en los que es investigado

Investigación por acoso e intimidación: La exasistente de Jorge Glas, Soledad Padilla, lo denunció por supuestamente acosarla verbal y psicológicamente. El “punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración” con Glas se habría dado en septiembre de 2023, luego que él conociera de su relación con Ferdinan Álvarez, hoy exasambleísta electo por el movimiento de la Revolución Ciudadana.

Padilla fue asistente de Glas cuando fue vicepresidente y también terminó colaborándole cuando estuvo en la cárcel al ser sentenciado por actos de corrupción. Al momento existe una investigación previa que sigue abierta.

Caso Singue: Pese a que un Tribunal de la Corte Nacional declaró nulo todo lo actuado en el proceso judicial por el delito de peculado, en el que se sentenció a ocho años de cárcel a Jorge Glas, en mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado reabrió la investigación previa de este caso y mantiene al líder correísta entre los sospechosos.

En esa causa se continúa investigando presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo petrolero Singue. (I)