El concurso público de méritos, oposición e impugnación que se hace para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado costaría $ 500.065.
Es el valor que se presupuestó en el interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que integró una comisión ciudadana con diez personas, quienes deben desarrollar las fases del proceso de selección de un fiscal general para un periodo de seis años.
El proceso se inició en enero pasado y avanza a la fase de oposición —que consiste en la rendición de un examen escrito y oral— con 28 aspirantes que fueron admitidos y a los que se les calificó los méritos.
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La noche del último 13 de mayo de 2026, los miembros de la comisión ciudadana sesionaron para conocer un informe de necesidad para la contratación de una auditoría informática que resguarde la información de la etapa de oposición.
De ello se encarga el CPCCS y, en esa línea, el presidente Andrés Fantoni les informó que está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas haga la asignación correspondiente.
En detalle, para contratar este equipo de seguridad informática se requeriría de $ 20.930; para la logística para desarrollar la prueba de oral y escrita, $ 109.000; para pagar a un notario que de fe de los actos públicos, $ 16.388.
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Para pagar a los catedráticos que elaborarán el cuestionario para el examen escrito y los casos prácticos para la prueba oral, se destinaría $ 129.853; y, para pagar las dietas (remuneración) de los cinco comisionados que están en representación de la ‘ciudadanía’ se necesita de $ 224.905, según las proyecciones.
Esto, considerando que de los diez miembros de la comisión, el pago se hace a cinco personas: Cynthia Jacho, Ericka Aguaguiña, Christian Arpi, Zoila Echeverría y Hugo Ludeña.
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Los otros cinco, son funcionarios que reciben sus salarios de las instituciones a las que pertenecen, entre los que están David Flores (Ministerio de Desarrollo Humano), Pamela Garay (Superintendencia de Compañías-Función de Transparencia), Silvana Ramírez (Asamblea Nacional); y Tayron Valarezo (Consejo Nacional Electoral-Función Electoral).
Un total de $500.065.
El reglamento establece la incorporación de 30 docentes expertos en: derecho penal y/o procesal penal y afines; en técnicas de litigación oral y manejo de audiencias; en gestión pública; en derecho constitucional; en derechos humanos; y en pedagogía.
Para esto, la comisión requerirá por intermedio del CPCCS a las facultades de derecho de las universidades del país para que remitan el listado de al menos diez maestros especializados.
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Estos actores no deberán estar incursos en inhabilidades y prohibiciones para ser funcionario gubernamental y quienes sean escogidos mediante de un sorteo público tendrán un término de cinco días para elaborar un banco de 3.000 preguntas y respuestas objetivas y de opción múltiple.
Estas se dividirán: 60 % en derecho penal general y específico; 20 % en derecho procesal penal; 10 % en gestión pública; 5 % en derecho constitucional; y, 5 % en derechos humanos.
Los docentes y los integrantes del equipo de seguridad informática serán los únicos que conocerán el banco de preguntas, que será público 48 horas antes de la prueba escrita.
Al conocer que el Ministerio de Economía aún no transfiere el dinero, los comisionados esperarán la notificación del CPCCS, incluso para definir las fechas en el calendario en la que los 28 concursantes serán convocados a rendir el examen escrito y su exposición.
Mientras tanto, la comisión ciudadana tiene pendiente resolver los pedidos de recalificación de méritos de los postulantes a ser fiscal para cerrar la fase.
El 8 de mayo anterior, la comisión aprobó el informe de méritos, que comprende la formación académica y trayectoria en la jurisprudencia sobre 50/100 puntos y debía notificarse a los postulantes.
Luego, corría un término de tres días, desde la notificación, para que aquellos ciudadanos que se sientan perjudicados por la nota puedan solicitar recalificación.
Pero aparentemente, se habría producido un problema técnico con el sistema de notificaciones del CPCCS, y la comisión no notificó a los concursantes con dicho informe.
En ese sentido, se aclaró que el periodo para solicitar recalificación corre desde el 13 de mayo hasta el 15 de mayo, es decir, hasta este viernes. (I)
