Con la convocatoria a integrar la veeduría ciudadana se dio comienzo a la preparación de la elección de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevista para el 29 de noviembre, en medio de un potencial referéndum que podría quitarle una de sus principales características: la elección de autoridades de control, pero mantendrán la promoción de la participación y la lucha contra la corrupción.
El calendario emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para preparar la elección de los nuevos siete vocales del CPCCS, junto con las de candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejalías y vocales de juntas parroquiales, empezó a ejecutarse.
Desde este lunes (4 de mayo) y hasta el 13 de mayo, la sociedad civil podrá inscribirse para ser parte de la veeduría que vigilará la ‘transparencia’ en el proceso de inscripción de candidatos al CPCCS.
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El 4 de junio se conocería quiénes integrarán esta instancia y, de forma paralela, se conformará una comisión verificadora que se encargará de revisar el cumplimiento de requisitos de ley para postularse a este cargo.
Los candidatos que sean oficialmente calificados deberán prepararse para enfrentar simultáneamente una propuesta de referéndum planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para restarle la atribución de elegir a “77 autoridades” de control del Estado y que esta pase a la Asamblea Nacional.
Su propuesta fue validada por la Corte Constitucional (CC), pero por ahora Noboa no ha emitido el decreto ejecutivo con el que dispone al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones, ya que una vez que lo haga correrán plazos: quince días para llamar a la ciudadanía a votar y sesenta días para preparar el referéndum.
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Se analiza en el interior del Gobierno y en el CNE que el procedimiento se ejecutaría en las últimas semanas de agosto para que coincida con las votaciones del 29 de noviembre y así ahorrar costos, pues lo que se requeriría es imprimir las papeletas y aprobar el fondo de promoción electoral para la campaña por el sí o el no.
En el caso de que la iniciativa obtenga el favor popular —el 50 % más uno de la votación nacional—, el CPCCS seguirá existiendo; pero, por mandato de la Constitución, deberá cumplir otras nueve competencias que se resumen en dos: fomentar la participación ciudadana y el control social y la lucha contra la corrupción.
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Según los estudios elaborados por la Administración de Noboa y que sirvieron de base para su propuesta de referéndum, el CPCCS “ha gastado $ 142’000.000” del erario durante sus 17 años de existencia, de los que el 96,94 % se destinó para gastos administrativos, esencialmente para el pago de sueldos.
Únicamente el “0,29 % se ha ocupado en proyectos de promoción de participación ciudadana, y el 0,00 % en lucha contra la corrupción”.
Ejemplificó que en el 2024 se utilizó el 85,56 % del presupuesto para el pago de nómina; el 9,20 % para la adquisición de bienes y servicios de consumo; el 0,71 % para egresos en personal para inversión; el 1,11 % en otros egresos corrientes; y el 3,42 % en otros pasivos.
Casos en declive
De acuerdo con los datos recogidos de documentos oficiales, en materia de lucha contra la corrupción, fue en el 2018, en la gestión del CPCCS de transición, que lo presidió Julio César Trujillo (+), junto con otros seis consejeros de reconocida trayectoria, como Pablo Dávila, Xavier Zavala Egas y el general de las Fuerzas Armadas Luis Hernández (+), que se recibieron 2.021 denuncias de la ciudadanía.
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Se iniciaron 29 procesos judiciales como resultado de los informes de investigación; 264 impulsos sobre diligencias judiciales y acciones de control administrativo.
Se abrieron nueve casos emblemáticos por la sospecha de indicios de corrupción en el uso de recursos públicos del gobierno de Rafael Correa y fueron por la construcción de las:
- Escuelas del Milenio
- Deuda pública
- Hidroeléctrica Manduriacu
- Hidroeléctrica Toachi Pilatón
- Refinería de Esmeraldas
- Reconstrucción de Manabí
- Poliducto Pascuales Cuenca
- Refinería del Pacífico y
- Hospitales públicos
Las referencias oficiales señalaron que la corrupción en la construcción de estas obras provocó un perjuicio al Estado que bordeó los $ 6.957’805.769.
Al año siguiente, en el 2019, se refiere que se aprobaron 111 informes de casos de investigación de 1.522 denuncias que llegaron en ese tiempo.
En el 2020 se receptaron 1.567 denuncias y se elaboraron 16 informes de investigación, de los que 13 fueron aprobados por el pleno.
En el 2021, 1.273 denuncias, de las que 1.077 se trataron: 31 denuncias se admitieron a trámite; 429 se enviaron a otras instituciones por razones de competencia; 617 se archivaron.
De a poco, los números han ido disminuyendo, ya que en el 2022 se presentaron 305 denuncias, 14 se admitieron, 81 se derivaron, 210 se archivaron.
En ese año se hicieron 30 informes de investigación, de los que 19 fueron al pleno.
En el 2023, el CPCCS recibió 233 denuncias; de ellas, 20 se admitieron al trámite, 112 se derivaron a otros organismos y 101 se archivaron.
Se hicieron 22 informes de investigación, de los que 19 se presentaron al pleno.
En el 2024, llegaron 247 denuncias, de las que 15 se admitieron, 108 se derivaron a otros organismos, 124 se archivaron.
Se elaboraron 69 informes, de los que 64 se aprobaron.
El 2025, el CPCCS recibió 215 denuncias, de las que 18 fueron admitidas, 99 se enviaron a otras entidades y 98 se archivaron.
Al pleno se presentaron 16 informes, de los que 13 se aprobaron en el pleno y los restantes quedaron pendientes.
El director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cree que la deuda del Consejo de Participación con el país es “enorme”.
“No se trata solo de los concursos públicos, que por sí ya es vergonzosa (porque hay elección de autoridades de control pendientes de renovar desde el 2021), porque en sus otras competencias de la promoción de la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, ¿qué han hecho? Se conforman veedurías ciudadanas, ¿qué se ha hecho, qué seguimiento se ha dado a los informes que hacen los veedores para impulsar el control social?”, cuestiona Alarcón.
Veedurías sin peso
Uno de los primeros deberes que otorga la carta política al CPCCS es “promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción”.
En esa línea, se integra a las veedurías ciudadanas como el eje de la participación de los ecuatorianos en la vigilancia del quehacer de lo público.
Respecto al 2025, el CPCCS registra 66 veedurías conformadas para observar asuntos de interés público y dos se crearon para observar la elección de autoridades: del concurso público para la designación del titular de la Fiscalía General y para la selección del vocal principal y suplente del Consejo de la Judicatura (CJ).
No obstante, la veeduría que observa el concurso de selección del fiscal se descabezó luego de la renuncia de su coordinador, Hugo Arteaga, quien reveló posibles anomalías en el proceso que lleva adelante una comisión ciudadana y que, a su criterio, fueron ignoradas por el CPCCS.
Entre el 2019 y 2026 la ciudadanía se activó en tres momentos de crisis para el país.
Por ejemplo, en el 2020 se crearon 108 veedurías, de las que 23 se enfocaron en vigilar la gestión del sistema sanitario durante la pandemia del COVID-19.
Al 2021, se integraron 150 veedurías que vigilaron los procesos de contratación pública por $ 370’449.147, a propósito de la emergencia sanitaria por la pandemia; y en el 2022, se aprobaron 75 veedurías, de las que 21 fueron para vigilar los contratos impulsados por los Gobiernos locales y el Gobierno nacional por un monto que ascendió a los $ 175’655.688. (I)
