Tras diez meses de continuos incidentes judiciales, podría conformarse el pleno en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para resolver si se ratifica la sanción por violencia política de género en una denuncia que impulsó la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar Méndez, en contra de las activistas políticas Priscila Schettini y Angélica Porras.
El pleno del órgano electoral dispuso continuar con el trámite de la causa por presunta violencia política de género, luego de resolver una recusación en contra del conjuez Édison Toro, quien se integrará al tribunal de resolución, en el que se trata la denuncia interpuesta por la titular de la Fiscalía, Diana Salazar, en contra de Priscila Schettini y Angélica Porras.
La denuncia se ingresó el 20 de septiembre de 2023 y el juez Fernando Muñoz, en sentencia de primera instancia dictada el 6 de junio de 2024, las halló responsables de haber incurrido en violencia política de género, infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia.
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A Schettini la sancionó a pagar una multa por 50 salarios básicos ($ 22.500) y la suspensión de sus derechos de participación política por tres años.
A Angélica Porras, quien fue candidata a jueza de la Corte Constitucional (CC) promovida por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), se la sancionó con una multa de 30 salarios ($ 13.500) y la suspensión de sus derechos de participación por dos años.
Priscila Schettini es esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión (sentenciado por un delito sexual) y candidata electa a asambleísta nacional por la RC en las elecciones del 9 de febrero de 2025.
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Ella junto con Angélica Porras y un colectivo denominado Acción Jurídica Popular, del que es parte el juez del TCE Richard González, usaron la figura de la audiencia pública para que se convoque a Diana Salazar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para interpelarla porque, según este grupo, había “plagiado” su tesis para obtener el título de tercer nivel.
En esos meses, el CPCCS lo presidía el exconsejero destituido Alembert Vera Rivera, quien atendió los pedidos de las ahora accionadas.
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La Universidad Central del Ecuador desmintió esa acusación y aclaró que Salazar fue quien hizo su tesis.
En el fallo se detalla que las dos denunciadas promovían declaraciones en entrevistas en medios de comunicación y publicaciones en redes sociales en las que ponían apodos a la fiscal Salazar de “inepta, incapaz, ignorante, corrupta, 10/20, mentirosa, fraude, ladrona, con problemas en el conocimiento del derecho penal”.
Adicionalmente, que Schettini no solo emitió expresiones en contra de la fiscal, sino también una “acusación en contra de la madre de Salazar, quien habría denunciado actos de acoso en contra de su hija, ante las autoridades competentes. Del mismo modo, y de forma concordante, las denunciadas exhibieron públicamente en su lugar de trabajo la imagen de la hermana de la fiscal con el único propósito de ejercer escarnio público como mecanismo indirecto de presión”.
En el trámite de esta denuncia, las dos mujeres denunciadas interpusieron varios recursos de recusación en contra de los jueces y otros, que han dilatado la instalación de un pleno de cinco jueces que resuelva esta denuncia.
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En paralelo a la decisión que tome el TCE, Schettini está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregue la credencial para posesionarse como asambleísta el 14 de mayo. (I)
