De forma simultánea a la renovación del pleno de la Corte Constitucional (CC) se deja una normativa para la regulación interna y así evitar posibles actos de corrupción en el más alto órgano de justicia constitucional y de última instancia en el Ecuador.
El próximo martes, la Corte Constitucional recibiría a tres jueces que reemplazarán a otros tres que dejarán el cuerpo colegiado, en cumplimiento de la disposición de la Constitución de realizar una renovación por tercios del pleno de nueve jueces cada tres años.
El 11 de marzo, a las 10:30, está previsto que se instale un pleno de la CC en Quito para realizar un sorteo público en el que se definirá a los tres jueces salientes. Esto, de forma paralela, a que este miércoles, 5 de marzo, se designó a sus reemplazos, electos en un concurso público de oposición y méritos elaborado por una Comisión Calificadora, que tomó alrededor de cuatro meses.
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Este proceso evaluó sobre 100 puntos a nueve candidatos: 35 en méritos; 35 de un examen escrito y 35 un examen oral y los máximos puntajes lo alcanzaron:
- Claudia Salgado Levy, nominada por el presidente de la República, Daniel Noboa, con 96,50
- José Terán Suárez, nominado por la Asamblea Nacional, con 96,25
- Jorge Benavides Ordóñez, nominado por la función de Transparencia y Control Social (que integra a nueve instituciones públicas) 95,75.
En el banco de elegibles quedó la candidata Pamela Aguirre Castro, quien expuso su inconformidad con el procedimiento aplicado por la Comisión Calificadora para evaluar su desempeño; y, Edwin Aceldo, un abogado en libre ejercicio sobre el que el actual pleno de la Corte Constitucional pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que observe su actuación en un caso, al permitir — según detalla una sentencia — que prescriban los plazos para ejecutar la repetición en contra de un grupo de personas a las que se habría entregado recursos de la Prefectura de Pichincha.
Este acto de proclamación se hizo en una de las salas de la Contraloría General del Estado, a la que asistieron los elegidos, pero no los excomisionados Sonia García, César Drouet, y Fernando Yávar, este último exconsejero de la Judicatura de Transición en el periodo de gobierno de Rafael Correa, y abogado personal de Daniel Noboa y Mónica Palencia, exministra del Interior.
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La resolución de la Comisión Calificadora se enviará a la Asamblea Nacional para que se los posesione y puedan ejercer sus cargos.
En tanto, el presidente de la CC, Alí Lozada, tiene previsto convocar a un pleno el próximo martes para definir por sorteo a los tres magistrados salientes, pero de aquellos que están en el cargo desde el 2019.
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Es decir, de entre los jueces: Karla Andrade, Daniela Salazar, Teresa Nuques, Carmen Corral, Enrique Herrería y Lozada.
Los jueces Richard Ortiz, Jhoel Escudero y Alejandra Cárdenas fueron designados en febrero del 2022, por lo que serán parte del sorteo en la próxima renovación prevista para el 2028.
Esta renovación se produce en un momento en que la actual administración exalta haber empujado la acumulación de causas y contrarrestar actos de corrupción.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en el 2019, cuando se inició este periodo de gestión, los jueces se encontraron con 8.000 causas represadas, de las que estaban pendientes de sustanciar 3.530 y en etapa de admisión 2.970.
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Sobre la Corte había una “sombra negra”, ejemplificó la jueza y vicepresidenta de la institución, Carmen Corral, quien ahora deja algo más de 400 casos que ingresaron en este año.
Adicionalmente, entre otros cambios administrativos y tecnológicos, los jueces aprobaron un Reglamento Interno de Talento Humano de 166 artículos que esencialmente regula el ingreso y desempeño del personal.
Esta normativa se aprobó el 30 de enero de 2025 con el voto afirmativo de los nueve jueces, en el que se contempla, por ejemplo, que para ser funcionario de la CC, una persona debe ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos para ocupar una función.
No encontrarse en interdicción civil, no ser deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.
No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos; cumplir con los requerimientos de preparación académica, técnica, tecnológica o su equivalente; haber sufragado o no tener deudas; no estar en mora en el pago de créditos; presentar la declaración juramentada al inicio de funciones, entre otros.
Sobre el nepotismo, el reglamento determina que ni el presidente de la CC o quien actúe en su delegación y tampoco los ocho jueces podrán designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma institución a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho legalmente reconocida.
Si un juez tiene a su cónyuge, conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, pariente comprendido hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, trabajando en la Corte por contrato de servicios ocasionales, contrato civil de servicios profesionales o de servicios técnicos especializados, completará el plazo y no podrá ser renovado.
Se prohíbe contratar asesores con parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, matrimonio o unión de hecho legalmente reconocida; tampoco se admitirá, a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de trabajo.
Rigen también seis prohibiciones para los servidores: no tener sentencias condenatorias ejecutoriadas por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.
También por delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación; quienes hayan recibido créditos contrarios al ordenamiento jurídico; quienes hayan sido sancionados con remoción o destitución en la Corte Constitucional
Está prohibido el pluriempleo, por lo que ninguna persona al mismo tiempo, otro puesto, cargo o función en el sector público.
Se establece un régimen de sanciones disciplinarias por incumplir con los deberes y atribuciones; así como una tabla de puntuación para calificar el ingreso del personal a esta institución.
Los tres nuevos jueces prefirieron no adelantar un criterio de los proyectos que buscarían aplicar para el trámite de las causas en la Corte.
“Todo es perfectible e iremos a contribuir el buen trabajo de la Corte Constitucional”, opinó Terán Suárez.
De su lado, Jorge Benavides, calificó de prematuro plantear alguna modificación al funcionamiento de la CC, pero esperan “insertarse de la mejor manera”. (I)
