Investigación por tráfico de influencias tras la pista de irregularidades que generaron la ‘nulidad insanable’ del concurso de 2023 para jueces de la Corte Nacional

Que el caso denominado Pantalla, en el que la Fiscalía está investigando de forma previa el delito de tráfico de influencias dentro del concurso público de 2023 para la designación de jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), llegue a definir penalmente quiénes son los responsables de las irregularidades que han sido denunciadas son las aspiraciones de varios integrantes del actual Consejo de la Judicatura (CJ).

Ecuador amaneció el 24 de abril pasado con la novedad de que funcionarios de la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía y agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, como parte de la operación Pantalla, por más de siete horas allanaron de forma simultánea ocho domicilios ubicados en diversas zonas de Quito: Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Calderón y Conocoto; así como en el cantón Rumiñahui.

Esto es lo que se conoce del caso Pantalla, en el que se investiga un ‘tráfico de influencias’ ocurrido en el concurso de 2023 para jueces de la Corte Nacional

La operación de Fiscalía llegó a casi dos semanas de que Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán en la CNJ y, entre mayo y agosto de 2023, coordinador jurídico del despacho de la presidencia en la Judicatura de Terán y director nacional de Asesoría Jurídica del CJ, rindió un testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial en el que habló, entre otras cosas, de que el concurso para jueces de la Corte Nacional liderado por el CJ de Wilman Terán en 2023 estuvo arreglado.

Irregularidades encontradas por el Consejo de la Judicatura

Este fue el hecho más reciente, pero a finales de enero pasado ya habló de irregularidades en el concurso el presidente temporal del CJ, Álvaro Roman, quien reemplazó a Wilman Terán en un cargo al que renunció desde la Cárcel 4, en Quito. En la Asamblea Nacional, Román contó varios detalles anormales encontrados casa adentro al analizar la situación para declarar la nulidad total del concurso que arrancó en junio de 2023.

Entre esas irregularidades, el líder del CJ contó que personal cercano al entonces presidente Wilman Terán habría pedido acceso a las preguntas del concurso para jueces nacionales antes que se realizara la prueba teórica y de oposición. Ese hecho, dijo, estaba siendo investigado por la Unidad de Transparencia del CJ, pero también decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

Días antes de esa denuncia, el 18 de enero pasado, el pleno del CJ, integrado por el presidente Román y los vocales Yolanda Yunpangui y Fausto Murillo, de forma unánime declaró la “nulidad insanable” total del concurso defendido por Terán. El proceso para esos días ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre de 2023 una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.

Desde el pleno del CJ se explicó que la decisión obedeció a que se identificaron anomalías en distintas fases del concurso, las cuales, se aclaró, habían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad que rigen el proceso. En el análisis se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y penales.

Para Román, esta investigación sobre los hechos opacos que se habrían dado durante el anterior concurso para jueces del más alto órgano de justicia ordinaria del país hace que el actual CJ tenga credibilidad, pues hace ver que se declaró nulo ese proceso no por temas políticos, sino por temas técnicos. Cree que, de llegar a darse con los responsables y definir qué ocurrió, eso servirá para dar un tan necesario baño de verdad a la Función Judicial.

“Cuando yo comparecí a la Asamblea, yo tuve varios asambleístas en la mesa, pero fundamentalmente una asambleísta que defendía la legalidad de ese concurso o asesorada por una persona que estaba muy cercana a la anterior administración. Entonces, con eso creo yo que, cuando ya se da la declaración de este señor Álex Palacios, se demostró que el concurso estaba totalmente enfermo, dirigido y no transparente. Entonces, con eso yo creo que ha sido una forma de que nosotros en nuestra administración estamos tratando de cambiar las cosas para bien, para hacer lo correcto”, señaló Román.

Durante los allanamientos del caso Pantalla se retuvo a dos personas que no fueron identificadas por la Fiscalía. Inicialmente se creyó que existiría una audiencia de formulación de cargos contra los inicialmente retenidos, pero eso no sucedió y la causa aún sigue en la fase previa de investigación, la cual es reservada.

Otro de los integrantes del actual pleno del CJ, Merck Benavides, recordó que dentro del anterior proceso para designar jueces de la CNJ se encontraron varias irregularidades, a tal punto que se plantearon acciones de protección para que se parara ese concurso. “La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de hacer la investigación para determinar esas irregularidades y, si existen algunos delitos cometidos, tendrán que investigarse, que en este caso puede ser tráfico de influencias”.

El testimonio anticipado de Álex Palacios

El exasesor de Terán, Álex Palacios, dio el segundo testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados por el delito de obstrucción de la justicia Wilman Terán, los exvocales del CJ Xavier Muñoz y Maribel Barrero, además de diez funcionarios y exfuncionarios del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Palacios aseguró que el concurso para la designación de jueces nacionales, iniciado en junio de 2023, “estaba totalmente arreglado”, e incluso mencionó que antes que fluyera ya se había repartido el número de jueces entre quienes hacían la mayoría en el CJ: tres cupos de jueces para el presidente Wilman Terán, dos cupos para la entonces vocal Maribel Barreno y dos para el vocal titular Xavier Muñoz.

“Estaba ya totalmente arreglado el concurso, que ya tenían sus candidatos. Dentro del concurso de jueces se produce un hecho bastante insólito. Si bien es cierto el director general (del CJ) tenía la potestad de poder modificar el cronograma, pero él no podía llamar a un nuevo examen de confianza. Les voy a contar por qué se llama a un nuevo examen de confianza optativo que podía dejar sin efecto el otro examen anterior: ¿Por qué sucedió esto? Porque la jueza de Santo Domingo (de los Tsáchilas) Anabel Torres tenía que ser jueza nacional. Ella tenía que ser la ganadora del concurso de jueces nacionales porque ese era el ofrecimiento de Wilman Terán, y también ya tenía el ofrecimiento de que ella iba a ser la presidenta de la CNJ”, aseguró Palacios.

Judicatura declaró la nulidad total del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia

Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura, recordó que, a pesar de todas las críticas y comentarios en contra del proceso anterior, el entonces presidente del organismo, Wilman Terán, se negó rotundamente a suspender el concurso y peor pensó en eliminarlo. Espera la vocal que reemplazó a la removida del cargo Maribel Barreno que estos operativos sirvan precisamente para limpiar la justicia, para limpiar los órganos de justicia de toda la corrupción.

Desde la Judicatura se aclaró que ninguno de los allanamientos alcanzó a dependencias de la Judicatura. Román afirma que desde la institución han entregado toda la información interna recabada y estaban abiertos a seguir colaborando.

“La Fiscalía ha estado investigando desde afuera, pero este (la denuncia) es un aporte ya desde dentro del CJ. Hay que rescatar que nosotros mismos fuimos los que provocamos desde adentro el luchar contra la corrupción, y ese es el aporte que está haciendo este CJ. No es ya solamente esperar que nos peguen los palazos, sino tratar de luchar desde adentro, es decir, descubrir a estas personas que han estado obrando contra la ley”, anotó Román. (I)