Andrés Fantoni lleva un poco menos de un mes en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cargo al que llegó cuando una mayoría destituyó a su antecesora, Nicole Bonifaz.

En diálogo con EL UNIVERSO, Fantoni detalla cómo se están desarrollando los concursos de selección de autoridades y explica cuáles son sus proyectos para el CPCCS, principalmente para potenciar la participación ciudadana a través de los mecanismos que se establecen en las leyes y que muchos desconocen.

El Consejo elevó a la Procuraduría una consulta respecto a si se podían unificar los concursos de las renovaciones parcial y total de Consejo Nacional Electoral (CNE). El de la primera renovación parcial ya está en marcha; están en la fase de revisión de méritos. ¿Cuál es el plan si la Procuraduría les permite unirlos? ¿Cómo harán coincidir los tiempos?

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Bueno, como ya es de conocimiento público, se ha hecho este pedido a la Procuraduría debido a que todos los consejeros del CNE terminan sus funciones en noviembre. Se está hacindo ahora un alcance a ese pedido. En ese sentido, se va a respetar el criterio jurídico de la entidad para saber cómo vamos a accionar como Consejo de Participación Ciudadana. Si la Procuraduría acepta, nosotros haremos una nueva convocatoria para que se realice la postulación de los cinco miembros del CNE, que sería el total; y, en caso de que la Procuraduría nos responda que sigamos con la renovación parcial, seremos muy respetuosos de ello. En este caso solo estamos en la fase de méritos; luego sigue la de oposición y las impugnaciones.

¿Y para cuándo creen ustedes que habrá un pronunciamiento de la Procuraduría?

Estoy seguro de que será lo más pronto posible. La Procuraduría siempre ha sido eficiente.

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Le pregunto esto porque entonces les tocaría “aguantar” el concurso de la renovación parcial en la fase de méritos hasta empatar el otro. ¿O seguirá adelante nomás?

Nosotros no hemos paralizado el concurso: la renovación parcial sigue en marcha. Solo hemos ampliado informe para la consulta del criterio jurídico de la Procuraduría General del Estado para ver qué decisión se toma, esto de la mano de la ley.

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Usted menciona que el CNE actual debe culminar su periodo en noviembre. ¿Esperan culminar el proceso de selección —sea parcial o total— antes de esa fecha?

Nosotros estamos trabajando con tiempo. En esa nueva gestión no estamos esperando a que culminen los periodos para poder activar cada uno de los mecanismos que tienen los concursos de designación de autoridades. Es por eso que, como hemos visto que en noviembre culmina el periodo de todos, sería lo más responsable, por optimización de recursos y tiempo, que se unifiquen y se pueda realizar la renovación total.

Ahora, en septiembre se realiza la convocatoria a las elecciones generales del 2025, y no se podría cambiar a los consejeros, ya que estaríamos en plena organización de los comicios...

El Consejo de Participación hace los concursos y esa parte se llama designar. Nosotros podemos avanzar en eso sin ningún problema porque, esté en periodo electoral, lo que no podría hacer la Asamblea, según el criterio jurídico, es reemplazarlos, y eso se hace en el momento en que se realiza la acción de posesionarlos.

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Entonces, la Asamblea tendría que esperar a que se termine el proceso electoral para posesionar a los nuevos consejeros, pero sus funciones terminan en noviembre. ¿Se prorrogará a los actuales?

Eso dependería de la Asamblea Nacional, que tiene que analizarlo profundamente. Ya sale de nuestras funciones. Nosotros lo que hacemos es designar, a través de la Comisión de Selección; no tenemos ningún impedimento.

El periodo de la fiscal general, Diana Salazar, terminará en abril del próximo año; pero, tomando como ejemplo la experiencia reciente del concurso del contralor, que era un cargo muy apetecido por sectores políticos y se tardó dos años entre pugnas y acciones judiciales, ¿cuáles son los plazos que ustedes manejan ahora para el concurso del fiscal, dado que este puesto también les interesa a los grupos políticos?

El concurso se está planificando. Ya hay una primer borrador del reglamento para el proceso de designación de la Fiscalía General del Estado. Estamos haciendo todo con tiempo, de forma organizada y ordenada.

Fachada del Consejo de Participación Ciudadana en Quito. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

¿Tiene una fecha quizás para hacer la convocatoria?

Se está trabajando lo más organizado para que, en el momento de que se cumpla el plazo de la autoridad, ya se pueda tener totalmente culminado el proceso.

¿En qué medida podría afectar el juicio político contra la fiscal general al proceso que lleve adelante el Consejo de Participación?

Somos respetuosos de las competencias y responsabilidades que tiene cada función del Estado. Eso es parte de la Función Legislativa.

¿Y qué pasa con los otros concursos que deben organizar? Hay varias autoridades que están años prorrogadas en sus funciones.

De las trece autoridades que están prorrogadas, hemos avanzado con tres de manera eficiente. En una semana (luego de su llegada) pudimos destrabar los reglamentos para esos concursos. Esto ya va a ser puesto en conocimiento del pleno para la aprobación y publicar en el Registro Oficial para solicitar las ternas al Ejecutivo para la Superintedencia de Competecia Económica; la de Economía Popular y Solidaria; y la de Compañías, Valores y Seguros, cuyas autoridades ya fenecieron los tiempos de sus funciones.

¿Y qué pasará con el de la Superintendencia de Bancos, que está entrampado?

Hay un reclamo de un postulante en la Corte Constitucional. Nosotros somos respetuosos de las instituciones y estamos esperando que puedan dirimir el caso.

El Consejo se ha quejado de falta de recursos, incluso para desarrollar los concursos. ¿Ya se ha conversado con el presidente Daniel Noboa para solicitarle dinero?

Voy a oficiar la siguiente semana para solicitar una reunión con el Ejecutivo para pedir los recursos que se requieren no solo para los concursos, sino también para el proceso administrativo de cada una de las áreas y que podamos trabajar en forma eficiente.

¿Cuánto necesitarían?

No lo tengo proyectado, pero lo que sí le puedo decir es que esta entidad tuvo $ 17 millones de presupuesto en el 2017; el año pasado, $ 7,2 millones; y tenemos $ 1,2 millones en primer cuatrimestre.

¿Y qué les han dicho del edificio donde funciona el Consejo? ¿Lo van a recuperar?

Es algo que voy a tratar en esa reunión. El proyecto de esta administración es poder ya regularizar este edificio.

¿Nicole Bonifaz no ha presentado ninguna acción legal para recuperar el cargo?

De lo que conozco, no existe ninguna acción legal de parte de la consejera que usted menciona.

Luego de tantas pugnas internas, conflictos políticos y atrasos en los concursos, la ciudadanía se pregunta para qué sirve el Consejo de Participación...

El Consejo sirve para empoderar a la gente para que participe en la toma de decisiones, para que no sean simples espectadores. ¿Pero cómo lo hacemos? Con la pedagogía. Acuérdese de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene distintas funciones, pero solo se ha podido trabajar en una, que es la integración de autoridades. Nosotros tenemos la convicción de fortalecer la promoción de la participación, darles impulso a las escuelas de formación para que la ciudadanía conozca sus derechos. Tenemos proyectos importantes.

¿Cuáles?

Nosotros queremos potenciar una competencia que tiene el Consejo. El Consejo tiene varias competencias: promoción de la participación, propiciar la contraloría social, trabajar en programas de rendición de cuentas, en la transparencia y lucha anticorrupción. En ese sentido, solo se han enfocado en la designación de autoridades, y se desconocen todas las bondades que tiene el consejo para la gente: se pueden activar observatorios, veedurías... Muchas veces se hace la convocatoria y la gente no se inserta, pero eso es parte del desconocimiento y es una de las consignas que esta administración tiene que lograr. Nos estamos articulando con universidades, Gobiernos autónomos descentralizados para tener una mayor capacidad de capacitación a nuestros ciudadanos. En el 2023 capacitamos a más de 10.000 ciudadanos; tenemos una meta de 80.000, tener sistemas de innovación digital y con el Ministerio de Educación lograr este proyecto de formador de formadores para que los jóvenes dentro de las escuelas sepan sus derechos, sepan sobre esta función del Estado, que sean partícipes, que puedan estar en cada uno de los actos o decisiones del sistema público, porque ellos son importantes, porque ellos pueden no solo tener voz, sino también voto a través de las asambleas ciudadanas, la silla vacía en los Gobiernos locales, fortaleciendo observatorios donde son proponentes, donde pueden tratar la política pública, hacer algún tipo de proyecto en beneficio de sus compatriotas o de fortalecer la mayor cantidad de veedurías y hacer fiscalización, poner los ojos de los ecuatorianos y ciudadanos en cada proceso. (I)