Siete servidores públicos, entre ellos, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Lenin Lara recibieron sanciones administrativas de la Contraloría General del Estado por el manejo de la información del extinto Comité Interinstitucional que se creó en el gobierno de Rafael Correa para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno.