Los casos llamados Encuentro, Metástasis y Purga, en los que se investigan hechos de corrupción vinculados a la delincuencia organizada y al narcotráfico, han salpicado a militantes y personajes cercanos a tres agrupaciones políticas nacionales: el movimiento Creando Oportunidades (CREO), el movimiento Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC). Algo que, según analistas consultados por EL UNIVERSO, podría afectar sus aspiraciones electorales para el 2025.

En el caso Encuentro, en que se indaga el supuesto delito de delincuencia organizada relacionado a actividades presuntamente irregulares ejecutadas a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), hay diez procesados. Entre ellos están personas relacionadas estrechamente al expresidente de la República y líder de CREO, Guillermo Lasso, como su cuñado Danilo Carrera; Hernán Luque, expresidente del directorio de la EMCO, y otros funcionarios de ese gobierno.

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La Fiscalía ha dicho que Carrera y su amigo Rubén Cherres, empresario ya fallecido, habrían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) y BanEcuador. Todo esto “valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional”.

Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, está procesado en el caso Encuentro. Foto de Archivo Foto: Archivo

En el caso Metástasis, en tanto, se investiga el presunto delito de delincuencia organizada asociada a beneficios penitenciarios para el fallecido narcotraficante Leandro Norero.

La Fiscalía ha vinculado, de momento, a 52 personas, incluyendo a altos funcionarios del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales y otros empleados públicos. Uno de los últimos relacionados es Ronny Aleaga, quien fue legislador de Guayas por el correísmo en los periodos 2021-2023, y parte del periodo 2017-2021.

Aleaga, quien presuntamente era identificado con el alias Ruso en los chats del narcotraficante, habría aprovechado su posición como asambleísta para realizar acciones en favor de Norero.

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Además, en los chats entre Norero y una de las procesadas, Mayra S., se menciona a la ahora alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, de las filas de la RC, de la que se dice que ayudaba a “mover las armas” del narcotraficante, algo que ella ha desmentido. Y también se habla de una supuesta reunión en México con el expresidente Rafael Correa, Vargas y Mayra S., que nadie ha confirmado o desmentido.

En el caso Purga, se indaga el delito de delincuencia organizada relacionada con favores supuestamente gestionados por operadores de justicia para beneficiar con fallos judiciales a terceros.

La Fiscalía ubica en la cúspide de la “red criminal” al exlegislador socialcristiano Pablo M., quien ha sido muy cercano al exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot. En total hay 13 procesados.

Según las investigaciones, Pablo M. junto a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola G., con la cooperación de Mayra S., procesada en Metástasis, habrían pedido favores a jueces a cambio de prebendas.

La consultora electoral Gabriela Panchana comenta: “Quiero creer que los casos Metástasis, Purga y Encuentro sí incidirán en las próximas elecciones, pero eso dependerá de la pedagogía que hagamos todos quienes nos dedicamos a la comunicación social y política, porque el gran electorado debe conectar la impunidad con la corrupción y la inseguridad. Si la gente sigue comprando la demagogia de los brazos políticos que amparan a los criminales, la situación cambiará muy poco”.

Más de doce horas duró la audiencia del caso Metástasis, el 15 de marzo de 2024, en la que fue vinculado al proceso el exasambleísta Ronny Aleaga junto a otras personas. Foto de captura de pantalla.

Dice que la credibilidad y aprobación de la gestión de la fiscal general, Diana Salazar, le permiten avizorar que la gente sí está prestando atención a la escalada de la corrupción en todos los niveles, “y está viendo cómo los malos políticos son parte del problema de violencia criminal y falta de paz para progresar”.

El analista político Juan Rivadeneira, en tanto, señala que faltan once meses para las elecciones del 2025 y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas en la política ecuatoriana. De manera que estos casos no necesariamente afectarían las opciones electorales de estos partidos y movimientos.

“Sí, son importantes, son grandes, tienen algún efecto, pero es difícil decir que estos definirán el futuro de la elección del 2025″, sostiene.

Pero Rivadeneira opina que, en general, los partidos políticos en Ecuador ya tienen poco aprecio de la ciudadanía, lo que se demuestra en la última encuesta del Barómetro de las Américas, de la Universidad Vanderbilt, que señala que apenas un 14 % de la gente confía en ellos. “Ya están deteriorados, no es que por estas investigaciones se van a afectar más estos tres partidos y todos los demás”.

Lo que sí podría afectar es la dinámica que tome la campaña electoral precisamente por la decepción de la gente hacia los partidos. O sea que la gente podría inclinarse por figuras o liderazgos que no se identifiquen como políticos y que no estén apegados a las reglas de la democracia, o sea, con prácticas dictatoriales.

Los partidos se defienden

Desde las agrupaciones políticas, no obstante, se afirma que estas investigaciones de la Fiscalía no tendrían por qué hacer mella en la preferencia de sus electores, y marcan distancia de los militantes señalados.

Juan Fernando Flores, dirigente de CREO, advierte que, más allá del parentesco de Carrera con Lasso, en el caso Encuentro no está vinculado ningún militante de la agrupación.

“Por eso, primero no es un tema que le genere alguna afectación a la organización y, segundo, desde el gobierno y posgobierno hemos sido claros en que la Fiscalía tiene que llegar a las últimas consecuencias en todos estos casos”, agrega Flores.

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En el movimiento se ha hablado de la posibilidad de que Guillermo Lasso vaya por la reelección, aunque otra carta destacada es el exministro de Gobierno Henry Cucalón.

Pierina Correa, legisladora del correísmo y hermana mayor del expresidente Correa, indica que su postura personal es que cada persona es responsable por lo que hace y por lo que dice. “Para mí no es correcto pensar que lo que haga una persona, más allá de que haya amistad, parentesco o afinidad política, tenga que afectar a alguien si no ha tenido conocimiento del tema”, dice.

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“Yo no estoy en condiciones de decir si Ronny Aleaga hizo o no hizo algo de lo que se le acusa. A la fiscal Diana Salazar es a quien corresponde demostrar lo que está diciendo. Creo en el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero aunque Ronny fue asambleísta de nuestra bancada y entiendo que aún es militante, ¿por qué sus acciones, si fuera el caso, tendrían que repercutir en la bancada o en el movimiento si no lo hizo a nombre de estos? Por supuesto, quienes nos quieran atacar usarán esto... Y lo mismo ocurre en el caso de Pablo M. con la bancada socialcristiana y al PSC. Él es afiliado, cercano a Henry Kronfle y Jaime Nebot, pero si él actuó en su nombre aprovechando su condición de legislador, él tiene que responder por sus actos”, reflexionó la asambleísta.

Correa recordó que la primera precandidata que se oficializó fue Luisa González, que fue su representante en los comicios anticipados del 2023. Pero en el camino han surgido otros nombres que podrían considerarse: las prefectas del Guayas y de Pichincha, Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, el expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh; el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Abraham Verduga; el exministro de Economía Diego Borja, y hasta los alcaldes de Quito y de Guayaquil, Pabel Muñoz y Aquiles Alvarez.

Por su parte, Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, afirma que el caso de Pablo M. es “aislado” y que le corresponde a él dar la cara y responder por sus acciones, que no comprometen en lo “más mínimo” a la organización política, por lo cual cree que no tendría que incidir en los comicios del 2025.

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“Es un problema del señor Pablo M. con la justicia, por eso nos mantendremos al margen de esa situación; en primer lugar, porque es lo correcto, y en segundo lugar, porque así lo dice la Constitución, no hay que interferir en ese proceso y que sea la justicia la que tenga la última palabra”, expresa.

“Por más que nuestros adversarios políticos intenten endosarnos este caso, los hechos hablan por sí solos, es un problema solo del señor Pablo M.”, insiste.

Serrano indica que de momento su primera carta electoral es Jan Topic, quien ya corrió con ellos en las elecciones del año pasado. Aunque él todavía no les ha dado una respuesta oficial, sí ha participado en varias actividades partidistas y hasta están trabajando juntos en la implementación de la plataforma Transforma, para crear espacios de discusión de su plan de gobierno y de promoción de precandidaturas. (I)