En el caso denominado Purga, proceso penal en el que son procesadas trece personas por el delito de delincuencia organizada, en al menos doce de esos casos el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, ha solicitado que se tome en cuenta la agravante de haber sido funcionarios públicos en el momento de haber cometido la infracción y se los condene a la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio.