Dennisse Ortega tiene dos hijos, un niño de 12 años y una adolescente de 14. Ambos iniciaron sus estudios en una escuela y colegio católico particular, ubicado en el sector del Guasmo sur, en Guayaquil.

Ortega se separó hace un año de su esposo y antes de esto él asumía la pensión de $ 60 por cada niño, el rubro de útiles escolares que llegaba a $ 300 por los dos, $ 60 en expreso, unos $ 80 en uniformes y $ 8 para el lunch semanal y otros.

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“En la institución particular me pedían cada semana $ 0,50 para comprar un botellón de agua, me pedían $ 1 por la hoja del examen y $ 5 por niño para un cerco eléctrico. Sí lo pusieron, pero no lo prendían porque la escuela no quería gastar en electricidad”, cuenta Ortega.

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El ingreso de su exesposo no pasaba de los $ 500. Luego se separaron y desde entonces él se distanció del hogar. Y es cuando la mujer, de 42 años, asumió todos los gastos: educación, alimentación, vestimenta, salud y más. Y al no tener un trabajo formal decidió retirar a sus hijos de esa institución.

“No sabía cómo matricular a mis hijos en el sistema fiscal y preguntaba a conocidos. Se me hizo difícil buscar un cupo para el período 2023-2024 para que mis hijos estudien en una misma unidad educativa del sector; afortunadamente ya están estudiando”, expresa la mujer.

Ortega admite que ahora paga menos en educación porque no está contemplada la pensión ni la matrícula, sin embargo hay meses que no le alcanza.

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Cuando estaba con el sistema particular gastaba aproximadamente $ 3.000 en todo el ciclo; con el fiscal es casi $ 1.000. Su ingreso mensual no pasa de $ 240, es decir, $ 2.880 al año. Solo en educación ocupa el 34,72 % de su presupuesto.

La mujer espera una mejora en sus ingresos y volver a la educación particular, la cual considera que es mejor.

Los valores que cancela Ortega también lo hacen otras familias en educación fiscal y particular. Según cálculos de economistas, desde el primer grado de Educación General Básica hasta el Bachillerato se invertirían más de $ 40.000.

Esta cifra es de una educación particular, con pensión de $ 250, matrícula de $ 150, uniformes de $ 180, útiles de $ 450, durante trece años, explica el economista Jorge Calderón. Para estos cálculos no se consideraron efectos de la inflación, transporte escolar ni otras etapas como el Inicial.

Ahora bien, si se contempla desde los dos años de edad, que corresponde al maternal, y el ingreso a la universidad, después de los 18 años, esos $ 40.000 se transformarían en más de $ 65.000 de inversión, de acuerdo al economista Guillermo Granja.

Mientras tanto, en lo fiscal esos rubros serían menos, exceptuando pensiones y matrículas. Estarían en un promedio de $ 38.000 solo escuela y colegio. Y $ 45.000 desde maternal a la universidad pública.

“Igual el estimado depende de la institución en la que coloques a tu hijo y cuántos tengas. Una educación fiscal será más buscada por personas que tienen un sueldo básico o ganen hasta $ 600 y el factor económico sigue siendo la razón por la que cambian a sus hijos de particular a fiscal”, asegura Calderón, quien agrega que las familias que buscan lo particular es porque tienen las condiciones financieras.

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En tanto, Granja asegura que hay padres que mantienen a sus hijos en educación privada por las ofertas de las instituciones como descuentos por número de hijos, antigüedad o rebaja por el pago total de ese ciclo.

Esto es lo que aprovecha Stephanie Baquerizo, quien tiene dos niños: una de cinco y otro de diez. La niña está en inicial y el niño en quinto de básica. Por ambos la pensión es de $ 420, pero tiene un descuento del 50 %, es decir, que cancela $ 210 cada mes.

Además, la madre, de 40 años, paga $ 90 en expreso, $ 180 en uniforme, $ 15 en lunch y $ 200 en útiles escolares.

“Me piden que compre jabón líquido, pañitos húmedos y cuotas para actividades. Mientras pueda prefiero mantener a mis hijos en el particular porque aprenden mucho, les enseñan inglés, manejan tecnología. Se nota que están aprendiendo”, dice Baquerizo, quien junto a su esposo dividen gastos. Ella usa su tarjeta de crédito para la mensualidad y su esposo, su sueldo, para los otros gastos.

Asegura que sí ha pensado en la educación fiscal justamente para ahorrar porque esos valores hacen que no pueda avanzar con otros objetivos familiares, pero tiene la percepción de que sus hijos no van a aprender: “quiero que ellos sean mejores que yo”, dice.

Las pensiones particulares varían: hay de $ 40, así como de $ 400 y $ 800. Los rubros para el siguiente período son aprobados por el Ministerio de Educación. En la Costa está cerca a culminar este ciclo mientras que la Sierra sigue en curso.

Según datos del Ministerio de Educación, para el período 2023-2024, hay 15.455 instituciones educativas: 12.318 fiscales, 2.546 particulares, 497 fiscomisionales y 94 municipales. Estos datos tienen corte hasta el 1 de octubre del presente año.

En el sistema existen 4,2 millones de estudiantes, de los cuales dos millones son mujeres y 2,1 son hombres. El 71,86 % se encuentra en la Educación General Básica (EGB), el 20,71 % en Bachillerato y 7,43 % en Inicial.

Y hasta el ciclo anterior, es decir, 2022-2023, había 208.876 docentes: 150.690 mujeres y 58.186 hombres.

Raquel Maquilón, rectora de la unidad educativa particular bilingüe Ecomundo, indica que sí existe una diferencia entre la educación fiscal y particular. “La particular tiene mayor exigencia académica, conductual y es el padre de familia quien decide en qué colegio o escuela matricular a su hijo”, dice Maquilón, quien agrega que dependerá de la formación que requiera y de sus ingresos.

No obstante, Daniel Calderón, decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande, no coincide con Maquilón. Considera que más caro no significa incremento de calidad en la enseñanza.

“Tampoco lo contrario, que mientras menos financiamiento, menor es la calidad pedagógica. Existen colegios públicos de muy alto nivel como existen colegios públicos de muy bajo nivel; en el privado pasa lo mismo. La educación particular tiene un gran rango de posibilidades de financiamiento, es decir, cuando pensamos en la educación privada no solo estamos pensando en instituciones con pensiones superiores a $ 300, hay de $ 20, $ 30, entonces con los recursos limitados que se tiene se busca gestionar más proyectos”, explica el docente Calderón.

Para el 2022, el presupuesto ejecutado en educación fue de tres millones de dólares, un poco más que en 2021 que era de $ 2,8 millones, pero menor al del 2020 cuando se usaron $ 2,9 millones.

“El valor no económico que dan las familias a la educación es un aspecto que hay que analizarlo. El padre debe tener presente cuáles son sus posibilidades económicas para poder cubrir la educación de su hijo y que a su vez esta educación que recibe sea satisfactoria, de acuerdo a lo que él promueve en su hogar”, señala Maquilón.

También, Calderón destaca que esa inversión no solo es monetaria: “La educación es un proceso, un fenómeno social que ocurre en nuestro entorno, ya en los medios de comunicación, en la familia, etcétera, y eso también supone cierta inversión, por eso quiero tener en cuenta que no solo la educación formal supone una inversión, sino también la educación en general de una persona”. (I)