El Gobierno prepara un proyecto para la construcción y habilitación de 42 nuevos centros de diálisis públicos.
Según el ministro de Salud, José Ruales, esa decisión se debe a un aumento del 14 % anual del número de personas que requieren diálisis renal.
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A nivel nacional hay unos 19.000 pacientes renales que requieren de diálisis ya sea con máquinas que limpian la sangre o en el domicilio.
La insuficiencia renal crónica, explicó, se produjo por enfermedades no controladas como la hipertensión arterial y la diabetes.
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La iniciativa de los nuevos centros se hace en conjunto con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas y se está terminando una consultoría que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir cuáles serán los términos de referencia finales para la concesión, contratación o desarrollo de esos centros que se ubicarán a nivel nacional.
La mitad de los cuales, agregó, estarán en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la otra en establecimientos de otras redes de salud.
El funcionario mencionó que trabajan en el modelo de concesión, pues la idea es que haya una alianza público-privada para que se haga su construcción, equipamiento y la atención por un determinado tiempo que podría ser de unos diez a veinte años.
Tras ese tiempo se recibirían los locales y equipos nuevos. En agosto estaría definido el proyecto y en 18 meses estarían en funcionamiento.
Con ellos esa cartera de Estado espera cubrir un 50 % de la demanda.
Ese ministerio además trabaja en acciones de identificación en adultos, en el riesgo o la existencia de hipertensión arterial y de diabetes para que haya tratamientos farmacológicos o no con una modificación del estilo de vida, alimentación o actividad física.
Acerca de deudas con dializadoras, a decir de Ruales, hay convenios con 109 empresas a las cuales se deriva pacientes y se les ha cancelado $ 249 millones: $ 71,4 millones en 2021 y $ 168,1 millones en 2022, mientras que en lo que va del 2023 se les ha pagado $ 41 millones.
Agregó que hay una deuda auditada de $ 57,6 millones, lista para pago, pero esperan la transferencia del Ministerio de Economía, y hay $ 17 millones que están en proceso de auditoría.
El pasado lunes hubo un plantón de dializadoras de cinco provincias en los exteriores del IESS de la avenida 9 de Octubre, en el centro norte de Quito, en demanda del pago de deudas estatales. (I)