Con la estación invernal vuelve el viacrucis de todos los años del agricultor y el consumidor ecuatoriano.
A los viejos problemas que arrastra la estructura agraria y los que genera la crisis económica mundial, se suman las pérdidas de los cultivos por las inundaciones, el encarecimiento de los productos agrícolas en los mercados, su falta de inocuidad y valor nutritivo, todo lo cual acentúa la inseguridad alimentaria.
La nueva Constitución política supuestamente iba a librarnos de tales males, incorporando el derecho a la alimentación como uno de los primordiales a ser garantizados por el Estado. En el Título VI de la misma, el Capítulo Tercero está consagrado a la soberanía alimentaria como objetivo estratégico y obligación del Estado y, para alcanzarlo, establece y detalla una serie de políticas públicas y mecanismos de impulso, prevención, protección, promoción y desarrollo del sector agroalimentario.
El asunto no queda allí, pues en el artículo 284 constitucional se prescribe que la política económica tendrá como uno de sus objetivos asegurar la soberanía alimentaria y energética y la primera disposición transitoria dio un plazo perentorio para que el ‘Congresillo’ aprobara, entre otras, una ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria.
La ruptura de la alianza del Gobierno con el movimiento indígena y el silencio farisaico de algunos eternos dirigentes al servicio de los gobiernos de turno, lo complejo y potencialmente conflictivo del tema y su desconocimiento por parte de la llamada comisión de legislación y fiscalización, determinó que se aprobara un proyecto de ley marco compuesta por 35 artículos y 4 disposiciones transitorias en la que se fijan nuevos plazos de hasta un año para elaborar nuevas leyes sobre la materia.
Esto constituye un verdadero “lavado de manos”, un no asumir responsabilidades con el agro ecuatoriano. Tal proyecto, ahora para aprobación del Ejecutivo, es preponderantemente una repetición de principios y conceptos, un nuevo catálogo de buenas intenciones que en realidad elude el cumplimiento de la disposición constitucional: desarrollar el régimen de soberanía alimentaria.
Gobiernos afines políticamente al Ejecutivo como el argentino, ante la crisis y después de un año de pelea con el campo, ya se tuvo que sentar a negociar y, el polémico Presidente de Venezuela, el 21 de julio del año pasado aprobó en un paquete de 26 leyes, una ley orgánica de soberanía y seguridad alimentaria que abarca todo el proceso que comprende desde la finca a la mesa.
Desde la óptica de la política se argumentará que son realidades distintas y desde el punto de vista jurídico que la Constitución establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva. Pero lo cierto es que en cualquier lugar del planeta el hambre no espera.
Tal parece, por la vorágine electoral próxima, que el derecho a alimentarse para el crucificado pueblo ecuatoriano seguirá siendo en buena medida, parte del baratillo que los mercaderes de ilusiones utilicen para ganar votos. En resumidas cuentas, más de lo mismo.
