Como abogado, considero que la decisión de que las personas con grillete electrónico paguen por su uso en Ecuador no solo es válida, sino necesaria. Esta medida, implementada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), responde a una realidad evidente: el Estado no puede seguir asumiendo todos los costos del sistema penitenciario sin afectar su sostenibilidad.

El grillete electrónico es una alternativa a la prisión, pero también implica un gasto operativo importante: monitoreo permanente, tecnología, mantenimiento y control. Pretender que todo esto sea financiado exclusivamente con recursos públicos, en un país con limitaciones económicas, resulta poco realista.

Desde mi perspectiva, quien se beneficia de una medida sustitutiva a la privación de libertad también debe asumir parte de esa responsabilidad. No se trata de “ponerle precio a la libertad”, sino de equilibrar el uso de recursos estatales y fomentar corresponsabilidad en el sistema de justicia.

Publicidad

Si observamos lo que ocurre en Estados Unidos, veremos que este modelo no es nuevo. Allí, desde hace años, las personas bajo monitoreo electrónico pagan tarifas diarias por el servicio. Esto ha permitido sostener el sistema sin depender exclusivamente del presupuesto del Estado ecuatoriano.

Por supuesto, el punto clave está en la correcta regulación. Deben existir mecanismos claros de exoneración o reducción para quienes realmente no puedan pagar, evitando abusos o desigualdades extremas. Pero eso no deslegitima la medida en sí.

En definitiva, este cambio refleja una modernización del sistema penal ecuatoriano. La justicia no solo reconoce derechos; también exige responsabilidades. En ese sentido, resulta razonable que quien accede a una medida sustitutiva como el uso de un grillete electrónico contribuya a su financiamiento.

Publicidad

Publicidad

En conclusión, el verdadero desafío no está en cuestionar la medida, sino en garantizar que su aplicación sea equilibrada, proporcional y respetuosa de las garantías fundamentales. (O)

Emilio Pablo Velasco Loma, abogado, Guayaquil