Los ecuatorianos entendemos que el dinero electrónico favorece la inclusión financiera, beneficiando a aquellos que no tienen acceso a los productos y servicios financieros, constituyéndose en una herramienta clave para llegar a las áreas rurales y regiones más aisladas.

El dinero electrónico es un medio de pago como otro cualquiera (tarjeta de débito), la base para que funcione es la confianza, debe ser aceptado de forma general, emitido contra el recibo de dólares en efectivo, intercambiado y registrado en dispositivos electrónicos y, sobre todo, convertido a efectivo en cualquier momento. Para que sea aceptado ampliamente, si Pepe tiene un saldo de 100 (cien) dólares en dinero electrónico, en cualquier momento debería poder acercarse a un “centro de transacción” (supermercado María) y cambiarlo por 100 dólares en efectivo.

Los países requieren que el total del dinero electrónico emitido y en circulación sea equivalente a los fondos depositados en una institución financiera supervisada o a los recursos invertidos en instituciones emisoras que cuentan con fideicomisos para el efecto.

Los ecuatorianos entendemos que el uso del dinero electrónico ha crecido a nivel internacional y favorece a los usuarios y gobiernos: (I) Su uso reduce la informalidad e incrementa la recaudación fiscal. (II) Aumenta la detección de transacciones ilegales. (III) Favorece la seguridad y agilidad de las transacciones y pagos (compras, impuestos, seguridad social, salarios y obligaciones financieras). También entendemos que el dinero electrónico bien utilizado contribuye a la inclusión financiera cuando es de libre acceso (interoperable), es decir, que lo pueda comprar-usar en cualquier operador celular o emisor.

Sin embargo, lo que los ecuatorianos no entendemos son las razones que expliquen por qué el “modelo de Ecuador de dinero electrónico” es tan sui generis a nivel mundial, siendo el emisor exclusivo el Banco Central del Ecuador (BCE) y por ello es quien debería contar con el monto equivalente de efectivo al dinero electrónico emitido, en circunstancias en las cuales el BCE prestó al Ministerio de Finanzas y Banca Pública alrededor de 5.800 millones de dólares.

Según las predicciones de varios centros de investigación, el 2017 será un año de recesión económica. Los ecuatorianos esperamos que el nuevo presidente del Ecuador enfrente la compleja situación con un programa que conduzca a estabilizar el déficit fiscal de forma gradual cuidando a los más pobres, reestructure el financiamiento, promueva el crecimiento económico priorizando el sector exportador mediante la mejora de competitividad (reducción de costos internos), a la vez que atraiga al capital del exterior.

En un entorno de confianza y estabilidad, los ecuatorianos creemos que el Gobierno dejará de promocionar con tanto empeño el dinero electrónico emitido por el BCE, quien no requerirá ya ser emisor. Al contrario, construirá con el sector privado y la EPS una estrategia de inclusión financiera (OCDE, 2015), como la tienen 59 economías a nivel mundial (México, Colombia, Perú, Chile), que incluya la estrategia de educación financiera. Esta última, fundamental para promover la inclusión financiera, que conduzca a que sectores excluidos tomen decisiones informadas, que mejoren su bienestar financiero y el de su familia. (O)