Narcotráfico en Ecuador: en casi ocho meses se han destruido 123,62 toneladas de droga, la cantidad más alta de los últimos 20 años

Aunque existen trabas burocráticas que demoran el proceso de eliminación de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas decomisadas por la Policía Nacional, en lo que va del 2022 se ha destruido más droga que en los últimos 20 años.Según datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2022 se han destruido 123,62 toneladas (tn), la mayoría corresponde a clorhidrato de cocaína, seguido de marihuana. Ni en todo el 2021, cuando se registraron 104, 61 tn, ni en los años anteriores se ha alcanzado tal cantidad. En 2017 se había llegado al nivel más alto, con 119 toneladas. Mientras que en 2002, apenas se eliminaron 3,03 toneladas de droga.El volumen de material destruido en lo que va del año es un récord, dice Ernesto Cabezas, director encargado de administración de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior. “Y todavía nos faltan cuatro meses para terminar el año”, señala.Cabezas atribuye los resultados a una coordinación permanente con el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional para acelerar los procesos. No obstante, reconoce que existen escollos que provocan demoras en el trámite hasta la eliminación final de las sustancias.Al respecto, el funcionario apunta una aparente falta de celeridad en las disposiciones que deben emitir los jueces para proceder con la destrucción, para lo cual ya se está trabajando con el Consejo de la Judicatura en la implementación de actos urgentes.Otro factor tiene que ver con el hecho de que en el país solo existen dos gestores ambientales autorizados para realizar este procedimientos; dichos gestores se encuentran ubicados en la Sierra y eso causa dificultades en los traslados del material, ya que la mayor cantidad de droga que incauta la Policía es en Guayaquil.Desde la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ) responden que la lentitud en la destrucción final de drogas no es una cuestión de que los jueces no saquen a tiempo las órdenes pertinentes, sino que hay otros aspectos burocráticos que atascan la gestión.El juez Christian Quito, vocero y prosecretario de la AEMJ, sostiene que la mayoría de jueces emite la orden judicial en las audiencias de flagrancia o formulación de cargos, o dentro de los 15 días plazo que permite la ley, pero la destrucción no se ejecuta de inmediato por otros elementos, lo cual ha causado que se acumule una importante cantidad de sustancias.Uno de esos aspectos es que los jueces no cuentan con una asignación de recursos económicos para cubrir su movilización y estadía hasta los sitios donde se encuentran los gestores ambientales, es decir que no disponen de viáticos. Los jueces deben correr por su cuenta con los gastos que se generen, agrega Quito.Además, dice el vocero de la AMEJ, hay que tomar en cuenta que los funcionarios judiciales deben organizar las audiencias que tienen de otros casos, lo cual causa que esos procesos no avancen.Si bien los magistrados tienen la facultad de delegar a otros jueces para que estén presente al momento de la destrucción de droga, ya que se requiere obligatoriamente la asistencia de un juez para este trámite, la delegación es un trámite burocrático que puede tardar más meses en concretarse hasta obtener la autorización correspondiente; por eso, no siempre los jueces deciden deprecar (como se llama al acto de delegar), apunta Christian Quito.La deprecación aplicaría cuando, por ejemplo, un juez de Guayaquil solicita a un par de Quito para que este asista al gestor ambiental a un caso de destrucción de droga que fue decomisada por la Policía en el Puerto Principal.Además, anota el juez Quito, las demoras también tienen que ver con el hecho de que existen pocos gestores ambientales y que todos se encuentran en la Sierra, así que el material incautado en las provincias se acumula también por falta de coordinación.Por ello, el vocero de la AMEJ señala que hay casos de destrucción que están en espera por meses, incluso algunos bordean el año sin ser atendidos.El procedimiento de destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).La norma establece que las sustancias aprehendidas serán sometidas a un análisis químico a partir de muestras que la Policía Nacional entregará a los peritos designados por la o el fiscal, quienes presentarán su informe en el plazo determinado. En dicho informe constará el peso bruto y neto de las sustancias. Las muestras testigo se quedarán bajo cadena de custodia hasta que sean presentadas en juicio.Para este trámite la ley determina seis reglas, entre las cuales se destaca que dentro de los 15 días siguientes al inicio de la instrucción fiscal, el juzgador dispondrá que se proceda con la destrucción de la droga aprehendida que se encuentra en los depósitos excepto cuando se trate de insumos, precursores químicos u otros productos químicos específicos, en cuyo caso el organismo competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, podrá disponer su utilización o donación a una entidad del sector público, su enajenación para fines lícitos o su destrucción.Otra regla es que cuando en la aprehensión de drogas la Policía no detuvo a ninguna persona por la comisión de presuntos delitos por producción o tráfico ilícito de estas sustancias, la sustancia será enviada a los depósitos del Ministerio del Interior.La droga decomisada, después de los análisis químicos respectivos, es ingresada como evidencia en los centros de acopio temporal de las unidades antinarcóticos de la Policía Nacional. Esto pasa a conocimiento de la Fiscalía y luego a un juez, y se lleva a cabo la audiencia judicial correspondiente, donde se da inicio a la instrucción fiscal y se llevan a cabo las diligencias judiciales para las evidencias.Un expediente de las evidencias se pone en conocimiento del juez, quien dispone el depósito de las sustancias desde los centros de acopio hacia el organismo competente, que en este caso es la Subsecretaría de Administración de Sustancias y Evidencias, y de ahí se ordena su destrucción, explica el coronel Yuri Narváez, subdirector nacional de Investigación Antidrogas.Narváez describe que el papel de la Policía Nacional llega hasta el depósito de la sustancia hasta la Subsecretaría que es parte del Ministerio del Interior y son ellos quienes ejecutan la eliminación del material aprehendido.El coronel también admite que hay demoras en los procesos, entre otras razones, debido a la falta de más gestores ambientales y que también estén ubicados en la Costa, que es donde más droga se incauta.En el caso de la Policía, el depósito de las sustancias al órgano competente puede tardar, en promedio, de uno a dos meses. Pero también hay casos represados en los centros de acopio de la Policía por más de un año, debido a que no ha sido autorizada la diligencia de destrucción. La razón de aquello es cuando en la aprehensión de droga no hubo detenidos y se abre una investigación previa que puede prologarse hasta dos años, señala Narváez.En el país únicamente existe dos gestores ambientales privados, que están ubicados en la Sierra y que cuentan con la capacidad instalada y licencias necesarias para la destrucción de droga, la cual se realiza por dos métodos: incineración y encapsulación. El primer procedimiento es más lento que el segundo.Actualmente, el Ministerio del Interior trabaja en un proyecto para destrucción y disposición final de drogas y precursores químicos incautados. Se trata de la creación de un centro de propio del Estado, que será levantado en una provincia de la Costa.Ernesto Cabezas explica que la idea no es solo tener un horno incinerador, sino poseer varias instalaciones para la destrucción de sustancias. Está previsto que este año inicien los estudios técnicos para la implementación de dicho centro.Según las Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país protagonista a escala mundial en niveles de cocaína incautada, después de Colombia y Brasil.Registros de la Policía Nacional muestran que en lo que va del año, de enero al 2 de agosto de 2022, se han incautado 116 toneladas de droga, de las cuales 104 corresponden a cocaína. El año pasado sumaron 210 toneladas, en total.Guayaquil encabeza la lista de ciudades con más decomisos, seguida de Manta y Quito. En cuanto a destinos internacionales, Europa es el mayor mercado receptor. (I)

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