El extracto de una conversación telefónica entre Walter Arizala Vernaza (+) y un coronel de la Policía de Esmeraldas consta en el expediente judicial del primer atentado terrorista en la historia de la narco-violencia que hoy vive el país, y que ocurrió la madrugada del 27 de enero de 2018 cuando un coche bomba estalló en el cuartel policial de San Lorenzo, Esmeraldas, destruyó la estructura, provocó daños en 37 casas y heridas en 23 personas.

La explosión marcó el inicio de una serie de actos terroristas que sucedieron en la frontera norte, donde operaba Walter Arizala o alias ‘Guacho’, un disidente de la guerrilla colombiana de las FARC y cabecilla del grupo armado Oliver Sinisterra.

- Cómo está Guacho, estaba esperando tu llamada, ¿cómo has pasado?

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- Bien, estaba dando unas 48 horas para ver qué me tienen ustedes a mí

- Bueno, te cuento que hablé con mi jefe directo. Me dijo que estos días van a mantener una reunión con mis generales para tomar una decisión con respecto al pedido que tú hiciste.

- Que no sea tarde, que no sea tránsfugo, porque yo también tengo familia (…), que deje de hostigarme a la gente ni castigármela, porque nosotros no les hacemos daño a ustedes.

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- Yo entiendo, confío que no va a haber problemas en mantener esa reunión, pero siempre y cuando tú respetes la vida de las personas, debes mantenerte al margen de ejecutar acciones en contra de la población ecuatoriana, ¿si me entiendes?

- Bueno, yo voy a parar, un cese al fuego, pero si en dos días no me tienen una respuesta clara, yo les vuelvo a atacar.

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- Ya, listo Guacho, entonces quedamos así.

- Si ustedes me van a cumplir yo le digo a la gente que no minen el territorio, porque ya van más de tres mil minas puestas en la frontera.

- Ya, Guacho.

- Y de mi parte, les pido de corazón que liberen a la gente civil colombiana que la tienen allá capturada de gusto…

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- Listo, Guacho, cuídate, chao.

Con la explosión de la bomba en el cuartel policial, Walter Arizala buscó sin éxito liberar a varios de sus compañeros detenidos en Ecuador. “La orden fue dada por Guacho, los explosivos los llevaron hasta Mataje, el bombazo lo pusieron por la captura de alias Cuco en Ecuador, la orden la transmitió Guacho a Gringo y Gringo a Amarillo, y así se ejecutó el encargo”, dijo un delator de la agrupación a la que pertenecían catorce militantes que más tarde, en marzo del 2019, fueron sentenciados por delincuencia organizada y terrorismo.

Alias Guacho no recibió la condena. Fue abatido por un francotirador de las fuerzas armadas de Colombia en diciembre del 2018, mientras que otros 19 militantes del frente Oliver Sinisterra fueron procesados, entre ellos el que manejaba las finanzas del grupo armado, Carlos Landázuri, alias Gringo. Estaba prófugo desde el atentado, pero fue localizado el pasado domingo 21 de enero de 2024 y entregado –en la frontera ecuatoriana- a la Policía de Colombia. “Era un objetivo de alto valor, este ciudadano ya ha sido puesto a órdenes de la autoridad competente”, dijo en una rueda de prensa el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional.

A la explosión en el cuartel de San Lorenzo –hecho al que la Fiscalía calificó como ‘el atentado terrorista de mayor significancia en el Estado ecuatoriano’- le siguieron dos meses después otra explosión en la que murieron tres marinos que patrullaban una carretera a Mataje, cerca de San Lorenzo. Luego, el 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado en Mataje y un mes después, asesinado. Una pareja también fue secuestrada, y luego ejecutada en un caserío colombiano cercano a San Lorenzo.

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Todos estos son actos terroristas, considera el historiador e investigador social, Freddy Avilés: “Los hechos violentos, atentados contra instituciones civiles, eso es lo que hay que analizar; el terrorismo no solo ataca objetivos militares o policiales, sino que trata de sembrar el terror, el caos, el miedo en la población civil, porque son incapaces de enfrentarse mano a mano con las fuerzas de seguridad”.

Hasta el año 2018, Ecuador no había enfrentado, en esa magnitud, actos de terrorismo, un delito sancionado con prisión de 10 a 13 años y aplicado a quien “individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos”.

Las cifras de denuncias por el delito de terrorismo que registraba la Fiscalía en años anteriores llegaban, en promedio, a quince casos al año. En el 2015, por ejemplo, se reportaron 16 delitos de terrorismo, en 2016 hubo 17 casos y en 2017 la cantidad bajó a doce. Si se compara con 2017, el número de denuncias por terrorismo llegó a 120 en 2018, es decir que subió en el 900 %.

Al año siguiente, en 2019, se denunciaron 65 casos. El terrorismo, que había empezado en la frontera norte, se desplazó a otras provincias, principalmente a Guayas. La madrugada del 19 de enero de ese año, por ejemplo, un atentado con explosivos ocurrió en el centro de retención vehicular en Milagro y provocó daños en motocicletas que habían sido retenidas en operativos policiales. Las cámaras de seguridad de la entidad captaron cuando dos bombas caseras fueron arrojadas al interior del patio vehicular, donde había 1.648 motos, y el video de la Fiscalía se incluyó en la investigación iniciada por el delito de terrorismo.

Entre mayo y agosto de ese mismo año, cuatro atentados con explosivos se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil, un automóvil resultó afectado, además de estructuras cercanas. Los daños provocaron pérdidas por $ 54.000. “El presunto autor del hecho, se sentó frente a la cámara, el señor que fue identificado como el que puso la última bomba, la cámara lo captó plenamente, se ve cuando de la funda saca un artefacto, enciende la mecha, corre, lo pone al pie del edificio y después sale corriendo, y la detonación de la bomba”, señaló la Fiscalía durante la audiencia que logró una sentencia de 10 años para Segundo Palacios, por el delito de terrorismo.

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En el 2020, año de la pandemia de covid-19, los casos de terrorismo bajaron a 14. Sin embargo, un atentado con explosivos se produjo en mayo de ese año en la puerta principal de un canal de televisión, que no dejó heridos, pero sí daños a la propiedad. Los responsables recibieron una sentencia de 40 meses de prisión.

Hasta el 2020, en Ecuador regía una especie de monopolio del crimen organizado, dicen expertos en seguridad. “Una sola organización, los Choneros, lograron organizar a los Tiguerones, a los Lobos, a los Ñetas que luego se convirtieron en Chonekiller, a los Latin King que casi desaparecieron en esa época, todos bajo el mando de los Choneros”, explica el director del Observatorio del Crimen Organizado, Renato Rivera, quien agrega que los Choneros “hacían el vínculo con Sinaloa, con los Albaneses, con las redes colombianas que producían cocaína, todo bajo esa subcontratación de los grandes”.

Con el asesinato del cabecilla de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre del 2020, se rompió ese monopolio criminal. “Una organización que tiene control de la mayoría del mercado se rompe y se generan varias células y producto de eso tenemos una ola de violencia que no ha parado, pero que cambió de objetivo, el enemigo dejó de ser otra organización delictiva, ahora es el Estado”, recalca Rivera.

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A partir del 2021 los registros de la Fiscalía empiezan a mostrar un incremento de los casos de terrorismo, con 22 denuncias. Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas, se convirtieron en el escenario de violencia con explosivos. En junio del 2021, por ejemplo, el ataque con artefactos explosivos a dos embarcaciones pesqueras –una de ellas de propiedad de un cabecilla de la banda de los Choneros- alarmó a los habitantes de Posorja; mientras que en septiembre de ese año el país conoció cómo las bandas criminales usaron drones para atacar con bombas la cárcel regional de Guayaquil.

Esta ciudad portuaria encabeza la lista de cantones con más denuncias por terrorismo: 269 desde el 2015 hasta el 13 de enero del 2024, de un total de 730 a nivel nacional en ese periodo, que incluye hechos consumados así como tentativas.

En el 2022, por ejemplo, en todo el país hubo un centenar de actos terroristas. Entre ellos, la detonación de un coche bomba frente a la cárcel regional de Guayaquil, la madrugada del 25 de abril de ese año, o las cajas con explosivos que se colocaron un mes antes en los parqueos de una dependencia judicial en la que se tenía previsto realizar la audiencia del cabecilla Chonero, Junior Roldán (+).

Sin embargo, entre los de mayor impacto estuvo el ocurrido la madrugada del 14 de agosto cuando una explosión en el sector del Cristo del Consuelo en Guayaquil dejó cinco muertos y 16 heridos. La Policía atribuyó el atentado a una ‘batalla frontal’ que mantienen en esa zona las bandas de los Lobos y Tiguerones en contra de los Águilas, ramificación de los Choneros, por controlar ese territorio para la venta de droga.

Y por la misma razón de fondo, el 1 de noviembre una secuencia de atentados terroristas se dieron en Esmeraldas y Guayaquil, con la colocación de coches bombas o explosivos en gasolineras, estaciones de policías, incluso cerca de una terminal de pasajeros.

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Para el 2023, las cifras de terrorismo crecieron en el 150%, pasaron de 100 en 2022 a 254. Los coches bombas y los atentados con explosivos, que incluso fueron colocados a personas que se negaron a pagar vacunas, se repitieron sin discriminar zonas. En julio, por ejemplo, en el sector de Nueva Prosperina, en Daule, un artefacto explosivo estalló, hirió a un policía y provocó daños en un automóvil; mientras que un bus fue incendiado en Guayaquil, en Esmeraldas se quemó autos y buses, y en Quito se colocaron coches bombas en los alrededores de la entidad que maneja las cárceles del país.

“Lo que buscan es hacer que el Estado retroceda en sus intentos de retomar la seguridad en el país, porque actualmente hay cárceles y amplias zonas que están tomadas por las bandas delincuenciales”, considera el investigador social Freddy Avilés al analizar la violencia que vivió el país a inicios de este año 2024 cuando miembros de la organización los Tiguerones, incluida desde el 9 de enero en el listado de 22 grupos calificados como terrorista, asaltó un canal de televisión y secuestró a su personal, mientras otros grupos criminales amenazaron con bombas y secuestros a la población en todo el país.

En este año 2024, hasta el 13 de enero, la Fiscalía ha recibido 110 denuncias por terrorismo a nivel nacional, lo que equivale al 43% del total de casos del 2023. (I)