En el cuarto intento se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Malvinas la mañana de este jueves, 4 de septiembre.
Desde las 08:30 se inició esta diligencia dirigida por el juez Dennis Ugalde en la Unidad Judicial Valdivia Sur.
En este caso se indagan las circunstancias de la desaparición de los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven luego de ser aprehendidos por una patrulla militar y llevados a la zona de Taura, en Naranjal.
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Por ahora, 16 militares se mantienen bajo prisión preventiva y uno tiene medidas cautelares.
En esta diligencia, algunos de los abogados defensores de los militares y el fiscal que indaga el caso se encuentran en la sala, mientras otros representantes legales siguen la diligencia de manera telemática. También de manera presencial se encuentran los familiares de los menores.
Parte de los militares siguen las comparecencias desde la cárcel de Cotopaxi.
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Antes del inicio de la diligencia, uno de los abogados de dos militares involucrados no se habría presentado por temas de salud, por lo que fue reemplazado por un defensor público.
En parte del desarrollo de la diligencia, los abogados de los militares hicieron sus observaciones sobre esta medida y además expusieron supuestos vicios en el proceso.
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Jesús López, en defensa de uno de los militares, pidió que se declare la nulidad desde la audiencia de vinculación en abril de 2025. Él representa legalmente al teniente coronel Francisco I.
Anahí Quimbita, otra abogada, solicitó una pericia psicológica para su defendido, John Eduardo T. M., y agregó que habría vulneraciones a derechos.
El día del operativo, sostuvo, únicamente él cumplía las órdenes de un superior. Además, sobre él, dijo que atraviesa un cuadro de angustia y depresión producto de mantenerse en prisión.
Los dos reos que tuvieron el inconveniente con su defensor expusieron su deseo de que dos abogados presentes asuman sus defensas. Ellos manifestaron que estaba prestos a colaborar, pero necesitaban preparar la defensa.
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Juez anuncia pedido de investigación para abogados
Pasadas las 12:00, el juez Ugalde hizo consideraciones sobre los señalamientos de varios abogados sobre una supuesta falta de competencia para asumir el caso y ratificó su rol para conocerlo.
Además, sostuvo que no se violentará el derecho a la legítima defensa; sin embargo, anunció que se remitirán los antecedentes a la Fiscalía, que se investiguen presuntas violaciones, dilaciones y eventuales fraudes procesales por parte del abogado que se excusó por el tema de salud y también para los otros dos que han sido autorizados por los ciudadanos procesados.
Con base en lo expuesto por la Fiscalía, el juez expuso que el documento de certificado médico de ese abogado sería presuntamente falsificado.
“Respecto a estos dos ciudadanos procesados, voy a suspender el plazo de caducidad de la prisión preventiva, pues considero que se está incurriendo en maniobras dilatorias tendientes a evitar el avance del proceso”, sostuvo el juez.
Los abogados señalados rechazaron esta medida anunciada por el juez.
En el cierre de la diligencia, Christian Fárez, fiscal de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, pidió un plazo de diez días para que se realicen las evaluaciones psicológicas y además avanzar en otras diligencias pendientes.
En el final, el juez dispuso la suspensión de la audiencia en un tiempo máximo de diez días, lapso en el que se espera que los sujetos procesales y la Fiscalía a fin de evacuar las diligencias pendientes.
El pasado 13 de agosto, esta misma audiencia fue diferida por tercera ocasión. (I)
