Luego del diferimiento dado el 11 septiembre pasado, la jueza Karol Zambrano, de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, ha convocado para el 29 y 30 de octubre próximos la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del hijo y del asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., respectivamente, acusados del delito de oferta de tráfico de influencias.
El denominado caso Nene arrancó el 22 de marzo pasado con la detención de Sebastián B. A. bajo cargos del delito de oferta de tráfico de influencias. Para mediados de junio último, dentro de la misma investigación, aparecieron otros elementos que hacían presumir a la Fiscalía de la participación de la vicepresidenta Abad, quien tiene fuero de Corte Nacional, y de su asesor Daniel Lenín R. P. En ese momento se explicó que había información para procesar el delito de concusión y dejar de lado el de oferta de tráfico de influencias.
Se intentó vincular a Abad a la causa penal contra su hijo, pero ese panorama cambió cuando el pleno de la Asamblea Nacional, el 14 de junio último, negó la solicitud de la jueza nacional Daniella Camacho, quien pedía que el Legislativo se pronunciara sobre si autorizaba o no el enjuiciamiento penal de Abad. La Asamblea ratificó la inmunidad de la vicepresidenta de Daniel Noboa y finalmente solo se vinculó al asesor de Abad, siguiendo el procesamiento bajo el delito de oferta de tráfico de influencias.
Dentro del denominado caso Nene, todo gira en torno a lo dicho en una denuncia presentada por Rommel P. Él aseguró que fue contactado por los dos ahora procesados, quienes le ofrecieron el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República. Sin embargo, a cambio, le exigían entregarles una parte significativa de su sueldo de $ 3.200 mensuales. Inicialmente le pidieron $ 2.000 al mes, pero tras una “negociación” la cifra se redujo a $ 1.500.
Finalmente, Rommel P. no habría podido pagar nada porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.
Paralelamente a esto, Oswaldo Trujillo, defensa del hijo de la vicepresidenta Abad, ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía ante supuestas “amenazas e intimidaciones” hacia su cliente. Ha asegurado que sobre Francisco Sebastián B. A. se han dado seguimientos, vigilancias, el sobrevuelo de drones sobre su vivienda en Cuenca, en la provincia de Azuay, e incluso le habrían dejado un papel que decía que lo están “espiando”.
Dentro de esa denuncia, explicó Trujillo, solicitará a la Fiscalía que realice una asistencia penal internacional para que se pida información a los países y jurisdicciones definidas como paraísos fiscales en los que se ha dicho que Francisco Sebastián B. A. mantiene cuentas offshore.
“Lo que se busca es que se determine si realmente estas compañías tienen una vinculación con Sebastián B., cuáles son los movimientos de estas empresas, cuáles son los montos en dichos bancos y quiénes son los beneficiarios de esos depósitos o transferencias (...). Sebastián B. me afirma y me ratifica que él no tiene activos de empresas ni cuentas bancarias de firma autorizada en ninguna parte del mundo ni en paraísos fiscales. Pero, obviamente, esto no solamente hay que decirlo, esto también hay que justificarlo y demostrarlo”, anotó Trujillo.
A lo que se refiere el abogado es a documentos que aparecieron el 26 de septiembre pasado en varios medios digitales que relacionaban al hijo de la vicepresidenta Abad con tres cuentas bancarias localizadas en Belice y Port Louis, en la isla Mauricio, jurisdicciones ubicadas como paraísos fiscales en las que se habrían movido más de $ 7,2 millones.
Francisco Sebastián B. A. es un abogado de profesión que ocupó cargos públicos en la Defensoría Pública, como director nacional de Servicios de Mediación, y en la Gobernación del Azuay, como intendente general de la Policía del Azuay y comisario de la Policía de los cantones Cuenca y Pucará. (I)