Un ‘canje legislativo’ se estaría fraguando para conformar comisión ocasional que tramite las reformas de la consulta popular a cambio de bajarle el tono a las sanciones contra la asambleísta Pamela Aguirre

Al gobierno de Daniel Noboa le interesa mantener el control del trámite de los cinco proyectos que recogen las preguntas que ganó en la consulta popular; mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca evitar o al menos ablandar la sanción que podría recibir la legisladora Pamela Aguirre, tras autorizar la intervención del exlegislador correísta Ronny Aleaga, en una comparecencia donde participaba la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Ambos temas podrían “canjearse” según lo que ha trascendido de las conversaciones políticas entre los coordinadores de las bancadas y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.

Kronfle empuja la conformación de una comisión ocasional multipartidista de al menos cinco miembros para que se encargue exclusivamente de tramitar los proyectos remitidos por el Ejecutivo con los anexos de las preguntas de la consulta popular que recibieron el respaldo ciudadano el pasado 21 de abril.

Dos caminos prepara la Asamblea Nacional para tramitar los cinco proyectos del Ejecutivo tras los resultados de la consulta popular

Los diálogos avanzan y empiezan a definirse los primeros nombres de quienes conformarán la mesa que se encargará de procesar las iniciativas que contienen cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Las reformas al COIP tienen que ver con el incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros. Otros temas se relacionan con el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles; establecer como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.

Las bancadas que más interés muestran en la integración de una comisión ocasional multipartidista son Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), y el grupo de independientes que apoyan al régimen; aunque también Pachakutik considera que esto es viable para así evitar distraer del trabajo cotidiano a las comisiones permanentes, según lo comentó la asambleísta Mariana Yumbay.

En cambio, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y del movimiento Construye son las que ponen resistencia a la conformación de una mesa multipartidista, y reclaman que sean las mismas comisiones especializadas quienes tramiten las propuesta del Ejecutivo.

Una de esas comisiones que debería conocer las reformas al COIP es la de Justicia y Estructura del Estado presidida por el correísta Fernando Cedeño, en la que también está la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz, y sus coidearios José Agualsaca y Sixto Parra. El movimiento Construye no tiene representante.

En esa mesa legislativa, el Gobierno cuenta con cuatro votos de los diez legisladores que la conforman: María Fernanda Araujo, Fernando Jaramillo, Henry Bósquez (antes de RC) y Carlos Rodríguez, por lo que dependería de la posición de los dos socialcristianos Vicente Taiano y Roberto Cerda, para hacer la mayoría.

Las conversaciones políticas llevarán a concretar el próximo martes la integración de la comisión ocasional y paralelamente el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificará las propuestas del Gobierno que pasarán a conocimiento de la mesa.

El planteamiento del Gobierno es que las reformas sean tramitadas en 30 días y no en 60 días como se incluyó en los anexos de la consulta popular, y con ello abrir un espacio de tiempo para que el presidente Daniel Noboa, en su calidad de colegislador, pueda observar los textos aprobados por el legislativo.

Para conformar la comisión ocasional los diálogos políticos dan cuenta de que estaría integrada por cinco miembros: un representante del PSC, que sería Carlos Vera Mora; Valentina Centeno, de la bancada Acción Democrática Nacional; Lucía Posso, del grupo de independientes afines al Gobierno; un delegado de la Revolución Ciudadana que aún no concreta su nombre; y, un representante del movimiento Construye, que podría ser Alexandra Castillo, aunque ese sector también ha propuesto a Jorge Peñafiel.

En torno al caso de la legisladora Pamela Aguirre (RC), sobre quien la mayoría de asambleístas reclaman una sanción administrativa por haber suspendido la sesión donde comparecía la fiscal Diana Salazar, y haber autorizado la intervención, vía telemática, del exlegislador Aleaga, procesado en el caso Metástasis, las conversaciones políticas apuntan a que el CAL se reúna de manera inmediata y analice la formulación de una sanción antes del martes, pero que esta no debería ser drástica.

Sin embargo, el CAL deberá conocer la queja que presentó este 15 de mayo la legisladora de Cotopaxi, Gissella Molina (Gente Buena), donde pide que se suspenda a la legisladora Aguirre, por cometer una falta grave al hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea e incumplir con los procedimientos al permitir el acceso de Aleaga mientras comparecía la fiscal Salazar, por los casos León de Troya y La Madrina. (I)