La restauración de un tercer informe en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela detalla la existencia de un sistema de seguimiento en contra del oficial, que vincula a dos exgenerales de esa fuerza militar.
La Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación por presunta ejecución extrajudicial por el asesinato de Gabela, hecho ocurrido en el 2010.
Uno de los insumos que llegaron hasta esa dependencia para la investigación es este denominado tercer producto, que es una pericia no judicial que elaboró el forense argentino Roberto Meza Niella en el 2013, como parte de una consultoría que contrató el extinto Ministerio de Justicia, que lideró un comité interinstitucional que conformó el expresidente Rafael Correa para que se indagara la muerte del excomandante de la FAE.
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Ese tercer producto se considera extraviado de los ficheros del Estado, pues existirían distintas versiones, de las que Roberto Meza negó ser el autor.
La Corte Constitucional (CC) ordenó la reconstrucción de ese informe al determinar que se vulneró el derecho a la verdad de la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, quien planteó una acción extraordinaria de protección en conjunto con la Defensoría del Pueblo para acceder a ese documento.
Meza retornó al Ecuador para cumplir con la disposición de la Corte, y el 11 de julio de 2023 entregó a Ochoa y a la Defensoría del Pueblo ese tercer producto del que se desprende la sospecha de que hubo acciones militares de seguimiento a Jorge Gabela.
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El general y excomandante de la FAE se opuso a la compra de los siete helicópteros Dhruv porque, a su criterio, tenían fallas en sus motores y rotores; pero el Ministerio de Defensa en 2008 decidió adquirirlos a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por un monto que bordeó los $ 45 millones.
Entre el 2009 y 2015, cuatro de ellos se accidentaron y los tres restantes están inoperativos en un cuartel militar.
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Después de haberse retirado de la Fuerza en abril del 2008, Jorge Gabela fue víctima de un atentado la madrugada del 19 de diciembre del 2010, cuando fue herido en su vivienda ubicada en Samborondón, y murió diez días después en un hospital de Guayaquil.
Por el crimen fueron sentenciados cinco personas, que habrían realizado un seguimiento a la hija del general esa madrugada y, al ingresar a la casa, dispararon al oficial.
Por pedido de Patricia Ochoa, el expresidente Correa dispuso que un comité interinstitucional realizara una investigación —no judicial— por este suceso, que en febrero del 2015 concluyó que el crimen se relacionó con un delito común y descartó que tuviera relación con sus denuncias sobre la adquisición de los Dhruv.
Sin embargo, en el tercer producto “reconstruido” por Meza se plantea que ese acto se relacionó con un hecho “ajeno a la delincuencia común” y estaría basado en hechos relacionados con la actividad laboral del oficial de la FAE.
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La conjetura se desprende de la existencia de acciones de seguimiento que habría enfrentado Gabela y que empezaron luego del accidente del primer helicóptero Dhruv en octubre del 2009, cuando se realizaba una ceremonia de la FAE en Quito.
Según la pericia, el 30 de noviembre del 2009, el general de la FAE Alonso Espinosa habría dado una disposición para que antes del ingreso de Gabela (SP) a las instalaciones de la institución se lo notificara a través de llamadas telefónicas para darle “personalmente la más cordial bienvenida”.
Un segundo elemento es la existencia de un denominado “Plan de trabajo para la vigilancia de actividades del general Jorge Gabela”.
Ese documento lo había entregado Patricia Ochoa al comité interinstitucional en noviembre del 2013, que fue sometido a un examen pericial en marzo del 2015, por pedido del entonces Ministerio de Justicia.
Los resultados arrojaron que en la computadora había una carpeta titulada “Espinosa” con un archivo titulado “Plan de seguimiento señor Gabela”, guardado el 6 de marzo del 2010 a las 12:16 de la mañana.
Ese documento se habría elaborado el 2 de diciembre del 2009 y Gabela lo había recibido a través de un correo electrónico el 5 de marzo del 2010 a las 21:09.
No obstante, ese plan no registra firmas de responsabilidad, por lo que restaría por indagar su origen y la autoría de quién lo elaboró.
En él se planteaba realizar actividades de “contrainteligencia”, pero oficialmente no reposa en los archivos de la FAE.
El tercer producto reciente articula otro hecho. El 3 de febrero del 2010, Jorge Gabela compareció ante la Asamblea Nacional (que investigaba la compra de los Dhruv) y, mientras daba declaraciones de prensa, dos personas lo grababan y habían sido militares.
En este tercer producto se menciona que uno de ellos sería un subteniente (SP) de nombre Édison Miño, que sostiene una grabadora de voz y está ubicado detrás del general. Miño se habría desempeñado como agente de seguridad del general Alonso Espinosa entre el 2007 y 2012.
Al mismo tiempo, un sargento que respondería a la identidad de Andrés Carrillo sostiene una grabadora de video a varios pasos de Gabela.
En una entrevista para el programa Visión 360, de la cadena Ecuavisa, transmitido en el 2019, el general Alonso Espinosa confirmó la identidad de Miño.
En medio de estas actividades de seguimiento aparece la grabación de una llamada telefónica entre Gabela y un coronel de Inteligencia del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa (COAD), que respondería a la identidad de Roberto Vargas, según recoge la pericia.
En esa llamada, Gabela le menciona a Vargas que conoce que lo están siguiendo y que la orden vendría de Espinosa. El coronel “no lo niega”, observa Meza.
Ese audio había llegado al comité interinstitucional en el 2013, aunque se desconoce cómo o quiénes lo entregaron.
De acuerdo a los hechos constantes en la pericia, había sido el general de la FAE (SP) Leonardo Barreiro quien, en una comparecencia en el 2018 en la Asamblea Nacional, señaló que ese audio llegó a una secretaría y que desde ahí se lo entregaron a él.
Lo puso en conocimiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) y este, a su vez, lo entregó al Consejo Supremo de Fuerzas Armadas (Cosupre) para su consideración en el momento de la calificación del ascenso de Alonso Espinosa.
Empero, el coronel Vargas está relacionado con dos hechos paralelos. El primero, que en el 2012, Patricia Ochoa entregó al comité interinstitucional una información en la que describe que en mayo del 2011 fue seguida por un vehículo Tucson gris, el cual ella había fotografiado.
En agosto del 2011, Vargas, en una investigación judicial, había confirmado que el vehículo asignado al Departamento de Inteligencia era de la misma marca y placa.
El segundo hecho se relaciona con información proporcionada por la veeduría ciudadana que se integró en el 2019 para dar seguimiento a las investigaciones del crimen de Gabela. A esta veeduría, un sargento en servicio pasivo que había pedido el anonimato por temor a su vida relató que fue parte del servicio de Inteligencia del COAD y que su superior, que había sido el coronel Roberto Vargas, le dispuso “indicar a otros dos compañeros el lugar del domicilio de Gabela”. Eso había ocurrido dos o tres meses antes del asesinato.
El informe forense de Roberto Meza arriba a que “existen claros indicios de un seguimiento sistematizado por parte de agentes del Estado ordenados por el general Espinosa”.
En el caso del general (SP) Rodrigo Bohórquez, las sospechas se ciernen debido a que le había dicho a Gabela: “Ya vas a ver lo que te pasa”, en febrero del 2010, cuando los dos se encontraron en la Asamblea Nacional.
La pericia reconstruida y entregada hace catorce días considera que existen indicios de que hubo posibles motivaciones “personales y económicas” de los autores intelectuales para vincular al móvil del crimen de Gabela, enmarcados en su oposición a comprar los helicópteros Dhruv.
Además, porque quien habría sido el autor material del disparo al oficial, denominado como alias Francis y quien no fue procesado por ese delito, había contado a alias Cojo (Jaime A.), condenado por el asesinato, que supuestamente recibió pagos por parte de un “general de la FAE” para cometer el crimen, recoge el tercer producto.
Alias Francis, según informes públicos, habría muerto en diciembre del 2012. Respondería al nombre de Francisco Israel Cruz Vargas y Derly David Vargas Salazar, de acuerdo con el cotejamiento de sus huellas dactilares.
Aunque, con nueva información expuesta por el perito Meza, esa persona habría sufragado en los comicios presidenciales del 2021. Con ello, podría estar con vida.
Recientemente, en una entrevista en radio FM Mundo, el general Alonso Espinosa aseguró que no dio ninguna instrucción para ordenar un plan de seguimiento en contra de Gabela y que desconocía la existencia de ese documento; y, al contrario, resaltó que la misma pericia considera que ese plan no tendría validez jurídica, pues no tiene firmas de responsabilidad.
En tanto, reconoció que sí dio la orden para que se le informara cuando Gabela ingresaba a los repartos de la FAE, porque conocía que visitaba los hangares de los helicópteros y tenía acceso a información sobre el estado de las aeronaves. (I)
