Pintar murales y mítines para difundir planes de trabajo no se consideran precampaña, según el Código de la Democracia

Con multas que van desde los once hasta los veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años, se sanciona, según el artículo 278 del Código de la Democracia, el realizar campaña electoral anticipada. La campaña electoral para las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del próximo 5 de febrero de 2023, está se inicará el 3 de enero y terminará el 2 de febrero del año entrante. No obstante, según el artículo 208 de la misma norma, desde que el Consejo Nacional Electoral CNE) realiza la convocatoria a elecciones y hasta el inicio de la campaña oficialmente, las organizaciones políticas podrán realizar, por su iniciativa, actividades para difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo, siempre que no impliquen contratación en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias. Los egresos realizados en estas actividades se imputarán al gasto electoral de cada organización política.José Cabrera, consejero del CNE, explica que toda aplicación de sanción corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y que la misma ciudadanía puede denunciar cualquier incumplimiento. Actualmente en las ciudades ya son visibles murales, puertas y paredes pintados con imágenes y frases alusivas a los eventuales candidatos, y Cabrera explica que estas pinturas no son consideradas como precampaña, ya que no son una valla publicitaria propiamente.Además de este tipo de espacios, otros candidatos mantienen enlaces radiales como la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para dar a conocer avances de su gestión o el precandidato de SUMA y exgobernador del Guayas Pedro Pablo Duart, con el fin de escuchar a la ciudadanía.Otro candidato que tiene un programa radial, pero como periodista es Jimmy Jairala, que aspira a la Alcaldía por Centro Democrático. Enrique Menoscal, director nacional del partido, explica que pese a que el espacio de Jairala no tiene fines electorales, decidieron eliminar toda valla publicitaria del programa ‘Un Café con JJ’ que había en Guayaquil. “Eventualmente podríamos haber dejado las vallas, no inducen a ninguna votación, pero conociendo al CNE, preferimos ahorrarnos un dolor de cabeza“, cuenta, y cuestiona que existe cierta permisividad para algunos partidos respecto a pintar viviendas y murales, lo que hace que cuando sea posible hacerlo ya no queden espacios en las ciudades para ello.Menoscal dice también que es importante tener en claro que el CNE entrega notas de crédito para la publicidad en medios de comunicación, mas no dinero.Nicanor Moscoso , expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explica que es positivo contar con esta etapa previa a la campaña electoral, ya que el país tiene una de las campañas electorales más cortas de la región: dura un mes. Refiere que en estos periodos los precandidatos pueden hacer una labor proselitista que puede tener realmente el fin de ganar más militantes para garantizar el contar con el personal suficiente para el control electoral, aunque también el poder llegar a la ciudadanía para dar a conocer sus planes de trabajo. “La campaña en Ecuador es demasiado corta, dura apenas un mes y por esto a cinco o seis meses hay esas actividades de los candidatos; en otros países dura de dos a tres meses. Otra limitación de la contratación de la publicidad en prensa”, indica.Moscoso dice también que otro punto favorable de poder hacer actividades políticas, que no sean sancionadas, sobre todo para las elecciones seccionales, es que permite llegar a más ciudadanos en las ciudades grandes. “Un mes de campaña es suficiente en ciudades pequeñas, pero en ciudades como Guayaquil, Quito y Manta no es suficiente. Además tenemos las provincias, donde se debe recorrer y hacer una labor más grande”, subraya.No obstante, Medardo Oleas, analista político y expresidente del TSE, difiere y explica que el CNE ha interpretado las leyes a su manera y que actualmente los candidatos utilizan una serie de mecanismos para hacer precampaña. “En una ciudad de la costa constaté como un candidato contrató una tarima con orquesta y bailarinas, y él estaba ahí, eso es precampaña con un costo altísimo que no está siendo controlado. En Quito, en las radios, un mensaje de una candidata sobre que va a dictar una ordenanza sale todos los días, eso está prohibido, pero nadie lo controla, también el recorrer los barrios, regalando de todo, es precampaña”, subraya.Oleas dice que es necesario que el CNE haga un control más exhaustivo sobre estas acciones, al igual que los ingresos que recibe un partido político porque cada vez cobra más fuerza la idea de que dinero del narcotráfico está ingresando para la campaña electoral. “El CNE debe pedir explicaciones de dónde sale tanto dinero en efectivo, oficiar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que vigile el origen de estos dineros”, sostiene, y agrega que en años anteriores sí había mayor control de parte del órgano electoral.Además, manifiesta que en el caso de los candidatos que buscarán la reelección es necesario aumentar la vigilancia para que no haya un abuso del uso de los recursos del Estado, en coordinación con la Contraloría General del Estado. En tanto, Moscoso comenta que es necesario hacer reformas que conlleven a aumentar el tiempo de campaña y al gasto en medios de comunicación.Por su parte, Oleas difiere en que se requieren reformas en la norma electoral y considera que existen las leyes suficientes para poder desarrollar procesos electorales con transparencia, pero que se necesita una autoridad que las haga cumplir.De parte de la sociedad civil se han registrado llamados a los actores políticos a respetar la ley y no realizar publicidad o actos de campaña anticipada como de la Corporación Participación Ciudadana (PC), que aseguró ha observado en distintos espacios, publicidad de actores políticos que buscarán ser candidatos en los próximos comicios, por lo que “insta a las autoridades competentes a adoptar medidas para prevenir y sancionar, de ser el caso, los ilícitos que vayan en contra de la ley”. “Como organización de la sociedad civil que trabaja en el fortalecimiento de la democracia, el cumplimiento de la normativa por parte de los actores es fundamental para alcanzar la transparencia y equidad en el próximo proceso electoral”, subraya PC. (I)

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