En los primeros dos años de la administración de Guillermo Lasso, este ha buscado el respaldo de Pachakutik (PK) en dos momentos esenciales, que terminaron enredando al movimiento político en denuncias de corrupción por supuestos pedidos de cargos públicos a cambio de votos en la Asamblea Nacional.
Pachakutik, considerado como brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se enfrenta a una crisis interna, en medio de la posición que tomará en el juicio político a Guillermo Lasso y a pocos días de que sus bases se alisten a renovar sus autoridades internas como coordinador y subcoordinador nacional para los próximos tres años.
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Un último suceso que encrespó a sus filas fue la revelación de un audio en redes sociales en la que una de las principales dirigentes, Cecilia Velasque, habla en una reunión interna de “negociar” cargos y ministerios.
La activista es candidata a ser la coordinadora nacional de PK en las elecciones que se realizarán este 29 de abril en Pastaza y en las que se disputará el cargo con sus contendores: Guillermo Churuchumbi, apoyado por Leonidas Iza, presidente de la Conaie; y, Jorge Herrera, expresidente de la Conaie.
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“No tenemos ni un representante ahí, ni uno. En Participación Ciudadana, cero. En la justicia, cero. En el Legislativo, con lo que tenemos, hecho miércoles. En el Ejecutivo, es decir, un ministro, por qué, a ver, pregunten por qué, porque es Lasso o porque es (Rafael) Correa, ¿no podemos tener un ministro? O sea, compas no hay que pensar así. Cualquiera de ustedes puede intervenir, eso es negociar. Cualesquiera compañeros puede negociar”, se escucha en el audio, del que Velasque no negó su existencia, pero justificó que fue descontextualizado y que sus palabras se usaron de forma figurativa.
Dicha conversación había sido grabada en febrero pasado y por los miembros de Pachakutik, reconoció su coordinador nacional Marlon Santi.
“Son audios que nuestra misma gente de Pachakutik ha grabado y el afán es desprestigiar la candidatura de Cecilia. (…) Ese audio es de una reunión entre Cecilia y asambleístas de Pachakutik en el piso 7 de la Asamblea”, detalló Santi, en una entrevista en radio Única, del 18 de abril.
Esto se da en una coyuntura en la que, en el Palacio Legislativo, la Comisión de Fiscalización sustancia el juicio político en contra de Guillermo Lasso, acusado de incurrir en peculado por contratos de transporte de crudo entre la empresa pública Flopec y la transnacional Amazonas Tanker.
De avanzar la interpelación, los votos de PK definirían el futuro de Lasso al frente de la Presidencia y, según Marlon Santi hay una resolución interna en la que su bancada votaría a favor del juicio político, por lo que negó que haya “compromisos con el Gobierno”.
“No hay un ministerio sobre el que PK haya sido beneficiado. Una decisión a ese nivel no existe. Es una gran mentira. Debe demostrarse cuántos ministerios tiene PK para decir que se concretó (votos). Eso no existe”, insistió Santi.
Cecilia Velasque se pronunció en un comunicado y aseguró que PK actúa con “transparencia y honestidad” y que “no ha pedido ningún tipo de favor o beneficio” y que su “conciencia no se compra”.
Narró que el audio había sido editado y corresponde a una sesión de evaluación del accionar de los asambleístas y en esa línea la bancada de Pachakutik se pronunciará a favor del juicio político de Lasso para “la destitución de este desgobierno”.
De su lado, la Conaie, liderada por Leonidas Iza, opositor de la administración de Marlon Santi, pidió la separación de Velasque del movimiento político y exhortó a la Contraloría y a la Fiscalía del Estado que investiguen las cuentas de los 137 asambleístas y las “negociaciones” que se habrían efectuado en el quinto y séptimo piso del edificio de la Legislatura.
La bancada de PK, en un comunicado publicado este 19 de abril, llamó a la ciudadanía a “presentar las pruebas de sobornos o compras de conciencia” y poner la denuncia en la Fiscalía General “sin vacilar o recular”.
No obstante, este escenario no es nuevo para los miembros de esta organización política. Un año atrás, cinco asambleístas de Pachakutik se vieron envueltos en una polémica por, supuestamente, gestionar cargos públicos cuando la Casa de Gobierno buscaba los votos para aprobar su proyecto de Ley de Inversiones.
En ese entonces, el presidente Guillermo Lasso denunció a la Fiscalía la concurrencia del presunto delito de concusión de cinco legisladores de PK; aunque luego desistió.
El 26 de marzo de 2022, el gobernante apuntó a los asambleístas Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como a un asesor legislativo porque que le habrían pedido “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”, de carácter económico urgente.
Esto sucedió dos días después de que la Asamblea Nacional negó y archivó esa iniciativa con 87 votos y Lasso divulgó un video en las redes sociales, en el que acusaba de “ladrones y corruptos” a los asambleístas que le habrían ‘chantajeado’ para dar sus votos a cambio de cargos en hospitales, empresas eléctricas, ministerios.
Cinco meses después, el 25 de agosto, la Fiscalía recibió el pedido de Lasso para que se archive la investigación en “vista del tiempo transcurrido, en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha y además en aplicación del principio de oportunidad”.
A criterio de Sebastián Mantilla Baca, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), estas actuaciones ocurren debido a que el sistema de formación de los partidos y movimientos no es sólido y no se forman líderes con valores en ética y moral.
Además, que el régimen busca el respaldo de Pachakutik porque es el “movimiento más débil porque puede ceder ante ofrecimientos económicos, con cargos públicos o favores en términos de contratación pública”.
En esencia, “es altamente cuestionable” la posición del Gobierno de hacer ofrecimientos y de quienes aceptan esos ofrecimientos.
El catedrático Esteban Ron cree que este tipo de hechos se están “naturalizando”. “Es lamentable que en el Ecuador se haya naturalizado la negociación política tras vastidores y, aunque no está mal negociar en política, siempre y cuando sea sobre negociaciones formales sobre posturas, pero cuando se negocia sobre bienes o servicios del Estado a efectos de poder generar prebendas particulares, podría hablarse incluso de delitos”, opinó.
Para Ron el juicio político en ciernes pone en “una encrucijada” a Pachakutik, porque no hay una postura orgánica sobre el juicio político y ejemplo de ello es la del legislador Ricardo Vanegas, quien ha cuestionado los argumentos que impulsan los sectores de oposición en contra de Lasso.
“Hay un Pachakutik desmembrado al interior y que no logra generar organicidad, porque unos están dispuestos a negociar y no tienen bases fundadas en cuanto a ética, lo que podría afectarlos en un próximo proceso electoral”, indicó el catedrático. (I)