La asambleísta Mónica Palacios Zambrano, de la bancada de la Revolución Ciudadana, apeló a la nulidad del proceso de notificación sobre la calificación de la queja presentada en su contra por supuesto acoso laboral a un funcionario legislativo que colabora en la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN).

El pasado 20 de marzo, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, remitió a la legisladora denunciada la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la que se califica la queja presentada en contra de Palacios, solicitando que se aplique el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Nacional numeral 6, relativo a las faltas administrativas graves que cometen los asambleístas, esto es, “incurrir en actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual contra las y los asambleístas o las o los funcionarios de la Asamblea Nacional.

Asambleísta Mónica Palacios notificada sobre una queja presentada en su contra por acoso laboral

La asambleísta respondió la notificación señalando que la resolución tomada por el CAL “no se encuentra debidamente firmada, sino que cuenta con una certificación, constituyendo nulidad del referido proceso por no contar los elementos mínimos de validez que los actos administrativos deben guardar, conforme las normas procesales establecidas para el efecto”.

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Por esa razón, solicita que al amparo del artículo 101 del Código Orgánico Administrativo se remita el acto administrativo debidamente suscrito, de lo contrario, la ejecución del mismo, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, constituye un hecho administrativo viciado.

Se evidencia la falta de las reglas mínimas del debido proceso, “vulnerando mis derechos y mi posición como autoridad electa democráticamente en las urnas; razón por la cual, y en caso de no remitir el documento debidamente suscrito por quien presidió la sesión 0022-2024 del Consejo de Administración Legislativa, realizada el 15 de marzo de 2024, advierto la interposición de las acciones jurisdiccionales que me asistan, con la finalidad de salvaguardar mis derechos”, advierte la legisladora. (I)