Una investigación previa abierta de oficio por la Fiscalía, una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa ante un posible dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, una denuncia penal y una querella por calumnias son los procesos vigentes que involucran a la jueza de Pichincha Nubia Vera y al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, luego que la primera afirmara haber sido presionada por autoridades de la Judicatura para fallar en contra de la acción de protección propuesta por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
La tarde del 23 de diciembre pasado, horas después de que Vera acogió la acción de protección de Abad, con lo que revocó la suspensión de 150 días del cargo de vicepresidenta de la República y aseguró que la semana pasada en su despacho el presidente Godoy; el director provincial del CJ, Henry Gaybor; y el asesor de Godoy, Jorge Carrillo, la intimidaron y amenazaron con destituirla si no fallaba en contra de la acción de la vicepresidenta, la Fiscalía de oficio abrió una investigación previa ante un posible tráfico de influencias.
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De la investigación previa abierta ya fue notificado Godoy, quien justamente argumentó la existencia de esta fase reservada de investigación para no asistir al llamado que le hizo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Según el funcionario, comparecer ante la mesa del Legislativo mientras dichos procesos están en etapa de investigación contravendría la normativa vigente y podría afectar el desarrollo de las mismas.
Dentro de la acción de oficio emprendida por la Fiscalía ya se convocó a Vera para que rinda versión sobre los hechos denunciados, pero la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito no asistió. Al momento se habría fijado una nueva fecha para la diligencia.
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La jueza Vera aseguró que mantiene en su poder y a buen recaudo una flash memory supuestamente entregada por quienes la visitaron para ‘amenazarla’ y en la que estaría un texto de cómo debía fallar en la acción de protección de Verónica Abad. Ese dispositivo deberá ser entregado a las autoridades para las pericias respectivas, aunque de lo que se conoce el pendrive fue llevado ya a una notaria y se extrajeron de él nueve páginas en las que constaría supuestamente el argumento entregado a Vera por quienes la amenazaron para que rechace la acción de protección de Abad.
“Si la doctora tiene ese flash, como indica, es curioso por qué no denunció antes y esperó a dictar el fallo para denunciar, eso es lo que no logro entender. Las evidencias digitales (...) deben ser totalmente claras y que orillen a determinar la creación de lo que ella dice, si es que hay o no archivos digitales, si existió o no esa flash, ¿quién pudo haber ingresado a la flash? No nos olvidemos que si habla de una fecha que se le ha entregado hasta la presente fecha, ya no hay seguridad, si es que existiera esa flash, si es que ingresaron o no más datos, documentos digitales a esa flash en el caso de que así sea”, anotó hace unos días el presidente de la Judicatura.
Godoy, quien está totalmente de acuerdo con que se investigue toda esta “trama”, acepta haber visitado junto con su equipo de trabajo a la Unidad Judicial donde labora la jueza Vera, pero deja claro que los temas abordados en reuniones con varios jueces tenían que ver únicamente con lo laboral y administrativo. El actual presidente del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial afirma que la ‘jueza deberá justificar sus afirmaciones’.
Mediante un comunicado público para informar sobre su inasistencia a la convocatoria de la mesa de Justicia, Mario Godoy confirmó que como consecuencia de las ‘falsedades formuladas’ en su contra interpuso una denuncia penal en la Fiscalía y una querella por calumnias ante la Unidad Judicial Penal de Pichincha. “Estas acciones tienen como único propósito esclarecer los hechos, proteger mi honra y salvaguardar el ejercicio de mis funciones como vocal principal del CJ”.
De la denuncia en la Fiscalía General no se conocen mayores detalles, pero de la querella interpuesta por Godoy, la tarde del 24 de diciembre pasado, contra Nubia Vera se sabe que por sorteo recayó en manos de la jueza Paola Viviana Campaña, de la Unidad Judicial de Iñaquito, en la provincia de Pichincha.
Por otra parte, la jueza Nubia Vera enfrenta un proceso administrativo ante una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa ante un posible dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable hecha por el procurador judicial de la empresa Comware S. A., dedicada a las soluciones tecnológicas, quien denuncia que dentro de una acción de protección ventilada en diciembre de 2023 existieron acciones u omisiones en las que habría incurrido la jueza.
Con la denuncia de la empresa, el CJ solicitó al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Fabián Fabara, para que realice el sorteo de ley y se conforme el Tribunal que conocerá la solicitud. El 23 de diciembre pasado se conoció que Ruth Ávila (ponente), Leonardo Barriga y Diana Fernández, jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, serán los encargados de resolver si existen o no los elementos para emitir una declaración jurisdiccional previa ante un dolo, error inexcusable o negligencia manifiesta.
Como parte de este expediente, los jueces de Pichincha le notificaron a Nubia Vera que tiene cinco días término para presentar un informe detallado y con los respaldos respectivos, sobre la denuncia hecha por el representante de la empresa Comware S. A.
El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) habla sobre las infracciones gravísimas y aclara que al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por infracciones disciplinarias como la contenida en el numeral siete de esta norma: intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo. manifiesta negligencia o error inexcusable. (I)