Al menos tres recomendaciones tendría el juicio político del ex contralor del Estado subrogante Pablo Celi de la Torre que procesa la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que cerró la etapa de prueba para empezar a construir del informe en cinco días.

La censura del excontralor Pablo Celi; la determinación de responsabilidades en mandos medios; y, una reingeniería a la Contraloría General del Estado que implique reformas a la Ley que rige el organismo de control, son las líneas principales que contendrá el documento que pasará a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea y luego el pleno.

Lo reveló el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien espera concluir el informe en el plazo que determina la normativa, pues el equipo técnico de la comisión procesaba la información a medida de que se presentaron las comparecencias y la prueba documental; aunque la misma Ley permite solicitar una prórroga adicional debidamente fundamentada.

Las acusaciones planteadas por el asambleísta interpelante, Juan Cristóbal Lloret (UNES), en contra de Pablo Celi, tienen relación con arrogación de funciones; intromisión en las atribuciones de la Función Electoral; interferencia en el proceso electoral 2021; incumplimiento de funciones en la suscripción de contratos con una empresa glosada donde su representante legal era Daniel Salcedo, sentenciado por peculado; y, desvanecimiento de glosas.

Pablo Celi: Hay fuerzas interesadas en tomar el control de la Contraloría y buscan paralizar el organismo

Una de las advertencias que lanzó el legislador Villavicencio es que en este proceso la Contraloría del Estado no cumplió con la entrega de documentos solicitados, como el expediente personal laboral de Pablo Celi, que fue pedido por el asambleísta interpelante como prueba dentro de las acusaciones sobre legalidad de la designación de la autoridad subrogante.

El incumplimiento en la entrega de documentación requerida por la Comisión de Fiscalización en el juicio político podría acarrear inclusive un pedido de destitución de la principal autoridad subrogante de la Contraloría, Carlos Riofrío González, y los funcionarios que no remitieron la información, conforme lo determina la norma.

El presidente de la comisión destaca que el informe que elaborará la comisión será bañado en ética y en responsabilidad, pues espera determinar que el esquema de pago de sobornos no se reduce solo para desvanecer glosas, sino que también se pagan sobornos para la firma de contratos.

Villavicencio manifiesta que si bien el informe será impecable, donde se respetará el debido proceso, este no contendrá exclusivamente el esquema de sobornos en la Contraloría, sino los antecedentes donde se marcará un territorio más amplio y se determinará el modo de operación de una estructura de corrupción montada desde muchos años atrás.

Sanciones administrativas y penales

El giro que tendrá este proceso de fiscalización es la recomendación de sanciones administrativas y penales para los mandos medios con base en lo manifestado por el ex contralor subrogante Pablo Celi, respecto a la existencia de una cadena de responsabilidades en el desvanecimiento de glosas; pues según el legislador Fernando Villavicencio el acusado afirmó en su comparecencia que únicamente firmaba, pero que abajo está el director de responsabilidades, el director de predeterminación de auditoría, los equipos técnicos, entre otros.

Este informe en construcción contendrá el grado de responsabilidad de los mandos medios; es decir, se develará todo el mecanismo y el cuadro administrativo de responsabilidades penales en el desvanecimiento de glosas; todo ese expediente pasará a conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, añade el presidente de la Comisión, que en el expediente habrá toda una recomendación hacia una transformación radical del organismo de control, a través de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, pues en la comisión se considera que el Servicio de Compras Públicas (Sercop) debería integrarse a la Contraloría.

Otro de los aspectos que se incluirán es la modernización de Contraloría con la aplicación de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial para el control de los procesos.

El legislador Marco Troya (BAN), integrante de la comisión, coincide con Villavicencio de que en el informe se debe recomendar una reingeniería y transformación integral de la Contraloría; también habló de la necesidad de solicitar una auditoría a los auditores de la institución para medir su capacidad y sobre todo, el grado de conocimiento en estos procesos de desvanecimientos de glosas.

Para el representante de Los Ríos en el proceso de juicio quedó claro que el excontralor Pablo Celi incurrió en el incumplimiento de funciones como la intromisión en la Función Electoral durante el proceso electoral 2021.

Las pruebas, comparecencias y elementos documentales desbordaron las seis causales planteadas en el proceso contra Pablo Celi, asegura el interpelante Juan Lloret, de la bancada de UNES, pues con todo lo expuesto se abren nuevas aristas que en su momento no fueron advertidas como la existencia de glosas desvanecidas a instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil y a la empresa de telefonía celular Claro.

El legislador interpelante advierte que el informe que elabore la Comisión de Fiscalización debe recoger y valorar lo que se dijo durante las comparecencias y poner a consideración del pleno, pues se reveló algunos nombres de funcionarios de la Contraloría que estaban debidamente informados y conscientes del trabajo que desarrollaba el excontralor.

Lloret también es partidario de una urgente y necesaria reingeniería del órgano de control del Estado, empezando de un proceso de autodepuración de funcionarios, y luego aplicar reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría para otorgarle competencias concurrentes a ese organismo, a fin de que haya un acompañamiento permanente en la contratación y ejecución del proyecto, con eso se evita la corrupción.

En este proceso de juicio, añade el representante de UNES, se pudo sacar a la luz otros elementos y a la Comisión de Fiscalización le corresponde armar todas las piezas de este rompecabezas, pues se determinó que hay una serie de funcionarios de menor rango que participaron en el desvanecimiento de glosas, para ello hay que evidenciar la “lista de Celi”, que son aquellos funcionarios en el interior de la Contraloría que han estado en permanente conocimiento de exámenes a contratos que están cuestionados en el ámbito jurisdiccional.

El plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización presente el informe vence el 31 de julio próximo. (I)