Informe sobre Pandora Papers enfrenta pedido de acto urgente por presunto delito de falsedad ideológica

El informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional sobre el caso de los Pandora Papers enfrenta una solicitud de acto urgente para determinar un posible cometimiento de un delito de falsedad ideológica.La acción la presentó el exasambleísta Andrés Páez, quien explicó que lo que busca es que no desaparezcan las huellas de un potencial delito, tras las declaraciones de los asambleístas de Pachakutik, Edgar Quezada y Sofía Sánchez, de que el informe no fue elaborado en la Comisión, sino fuera de ella, y remitido a la comisión solamente para que lo firmen. “Lo llevaron las asambleístas correístas, en sus manos lo llevó (Paola) Cabezas, para que lo firmen en la Asamblea”.El pasado 5 de noviembre, la mesa aprobó con seis votos el informe sobre la investigación realizada sobre los papeles de Pandora, que es un filtración de archivos publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revela el servicio de registro y administración de empresas y fideicomisos en países que son considerados paraísos fiscales, donde se nombra al presidente de la República, Guillermo Lasso.Ese informe determinó que el jefe de Estado inobservó el pacto ético aprobado mediante consulta popular en 2017, consecuentemente un incumplimiento a la prohibición de tener bienes y dineros en paraísos fiscales.Tras su aprobación, Quezada públicamente aseguró que el informe final sobre los Pandora Papers sufrió modificaciones en el último segundo de su aprobación, pues inicialmente habían acordado en su bancada que iban a dejar al pleno de la Asamblea que decida, porque no existe un solo documento que sustente la primera recomendación relacionada con el incumplimiento del presidente de la República al pacto ético. Esa aseveración fue corroborada por Sánchez.Páez señaló que el propio Quezada afirmó a la prensa que en la comisión analizaron un documento distinto al que finalmente fue enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional; además, los dos legisladores de Pachakutik reclamaron porque el presidente de la comisión no dejó debatir; es decir, no intervinieron en la formulación del informe.En la acción urgente presentada ante la Fiscalía General del Estado, Páez solicitó la asignación de un perito de criminalística de la Policía Judicial para que determine si en las computadoras de la comisión legislativa existe o no ese informe, si en la computadora del legislador José Cabascango, su presidente, lade la secretaria de la mesa o a de un asesor se construyó el informe. Con ello, se podrá demostrar si el informe salió de la comisión o ingresó de fuera de ella.Esta acción judicial permitirá conservar los elementos de prueba antes de que estos desaparezcan, anotó Páez, quien dijo que la solicitud la hizo amparado en el artículo 583 del Código Integral Penal.El perito en informática, según la petición, deberá determinar lo siguiente: el nombre del servidor legislativo que es titular de la computadora en la cual se elaboró el indicado informe; si el contenido de dicho informe corresponde al texto remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional; y si el documento que fue distribuido por vía digital o material a los asambleístas que integran dicha comisión coincide con el remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional.Si es que el informe remitido a la presidencia del Parlamento coincide o no en cuanto a su contenido con cualquier borrador de informe o con el texto del informe final que conste en cualquiera de los equipos informáticos de dicha comisión, debiendo determinar la fecha, hora y equipo en que tales documentos fueron producidos o si es que fueron insertados en los mismos con posterioridad al 8 de noviembre de 2021.Quezada dijo que será la Fiscalía la que determine si da paso o no al acto urgente, y se ratificó que en el informe jamás estuvieron las recomendaciones, que cuando fueron notificados para la sesión nunca se incluyeron, que es lo que debió ocurrir antes de su aprobación.Las preguntas que quedan flotando en el ambiente, añadió Quezada, son cómo se incluyeron las recomendaciones, quién las redactó y de qué manera, porque no hubo reuniones entre Pachakutik, y tampoco están en el informe que consta en su correo electrónico.Alguien debió haber redactado esas recomendaciones, refutó Quezada, pero insistió en que no fue Pachakutik, y que el presidente de la comisión deberá responder por aquello. Si la Fiscalía requiere de la información, el legislador dijo que la entregará e inclusive dará su correo electrónico para que verifiquen cómo llegó el documento a los asambleístas.Gruber Zambrano (antes de PSC) ratificó que el informe no es constitucional, que no existen pruebas para establecer una causal de destitución del primer mandatario, y afirmó que el presidente de la comisión, José Cabascango, fue influenciado por los legisladores de UNES, que quieren desestabilizar el país.Dijo que al último minuto de la aprobación se maniobró el informe, y aseguró que ese informe lo hicieron las asambleístas de UNES con el presidente de la comisión y sus asesores.Frente a la pregunta de quién elaboró las recomendaciones del informe, Zambrano dijo que tienen que haber sido las asambleístas de UNES, porque “ellas son las que le hablaban todo el día a la oreja al presidente de la comisión, mientras se leía el informe de mayoría”. (I)

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