La integración de la comisión ocasional multipartidista para tramitar las reformas penales y de extinción de dominio aprobadas en la consulta popular del 21 de abril pasado estuvo en riesgo por los continuos vetos desde el sector del gobierno a los delegados de las bancadas legislativas.
En las negociaciones políticas hubo al menos tres cambios de nombres de la lista de los cinco integrantes de la mesa, porque la legisladora que coordina el bloque de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, negaba los nombres propuestos por otros sectores y señalaba quién podría ser el candidato más opcionado para contar con su apoyo.
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Ese continuo veto a los candidatos demoró la conformación de la mesa que tendrá como objetivo central tramitar los cinco proyectos de ley, remitidos por el Ejecutivo y calificados por el Consejo de Administración Legislativa, en un plazo de 45 días, aunque desde que ingresaron a la Asamblea Nacional ya han transcurrido ocho.
Tras los forcejos políticos, el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Vicente Taiano planteó una moción para integrar la comisión multipartidista por encima de la oposición de la legisladora Centeno. En la lista se incluyó a Carlos Vera Mora (PSC), Steven Ordóñez Bravo (ADN), Lucía Posso (Avanza-ADN), Patricia Mendoza (RC) y Catalina Salazar (Construye).
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La moción planteada por Taiano obtuvo 88 votos a favor, 30 en contra que fueron de la bancada ADN y 3 abstenciones que vinieron del movimiento Construye e independientes. En la resolución señala que la comisión durará 45 días y se podrá prorrogar por el mismo plazo previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
También hubo una moción que presentó el oficialismo a través de la asambleísta Nicole Saca, que proponía la inclusión de Inés Alarcón (ADN) en vez de Steven Ordóñez y de Rafael Dávila en reemplazo de la legisladora Lucía Posso; esta moción no prosperó porque primero se votó el planteamiento del socialcristiano Vicente Taiano, que logró el apoyo de la bancada de la Revolución Ciudadana, Construye, Pachakutik e independientes.
Esta comisión tendrá que reunirse de manera inmediata para nombrar a sus autoridades y conocer la calificación de los proyectos por parte del CAL. El legislador Carlos Vera Mora (PSC) no descarta presidir la mesa ocasional para el trámite, pues contó que internamente lo apoyan.
Negociaciones
Inicialmente, los sectores políticos de la Revolución Ciudadana (RC) y Construye se oponían a conformar una comisión y señalaron que los cinco proyectos debían tramitarse a nivel de las mesas especializadas permanentes.
Pero luego de las negociaciones políticas y el canje logrado por el correísmo a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para aplacar una sanción a la legisladora Pamela Aguirre (RC), por su actuación como presidenta de la Comisión de Fiscalización en la sesión del 13 de mayo pasado, se logró el respaldo de RC en la definición de una comisión ocasional.
Para definir a los integrantes de la mesa hubo algunos momentos álgidos de negociación en los que incluso el correísmo, Construye y los independientes amenazaron con no dar paso a la decisión del CAL de integrar la comisión ocasional multipartidista.
El sector de gobierno vetó la participación en la mesa de los asambleístas Jorge Peñafiel y Ana Galarza, de Construye, también cuestionó la presencia de la representante de Imbabura por Avanza, Lucía Posso, eso estancó la sesión. En cambio, ese sector también cuestionó la presencia en la mesa de Valentina Centeno y de Inés Alarcón, que pertenecen al bloque de gobierno.
Jaime Guevara, del grupo de nueve asambleístas independientes que actúa junto con Lucía Posso, en el Acuerdo Parlamentario por el Ecuador, reveló que con anticipación la mayoría de los grupos políticos definió a la persona que los representará en la comisión ocasional para el trámite de los proyectos de la consulta popular, pero resulta que en la sesión de este martes, 21 de mayo, estaban objetados los nombres de parte del sector de gobierno.
Comentó que hubo cuestionamientos para la asambleísta Posso, y en su reemplazo sugirieron postular a Rafael Dávila. Este sector reclamó por la censura y causó molestias, porque lo que se planteó fue que los proyectos vayan a las comisiones especializadas permanentes, con eso “nos evitamos de incomodidades”.
El asambleísta Peñafiel, de Construye, comentó que la Asamblea entró a un debate entre hacer una comisión multipartidista con personas que tienen un aval de sus bancadas para poderla conformar o con personas que “son de fácil acceso por parte del presidente de la República y de las bancadas oficialistas, y eso es el motivo de ese continuo cambio de nombres”.
Varios sectores no quieren que la mesa que tramitará las reformas esté conformada por personas visibles que puedan tener una narrativa distinta a la del Ejecutivo, cuando existen buenos perfiles de asambleístas capacitados para atender estos temas de la consulta popular.
Lucía Posso comentó que fue vetada junto con otros legisladores por la asambleísta Valentina Centeno. “Supongo porque yo no soy una alfombrita”, dijo. Para evitar el nombre de Posso, desde la bancada oficialista se proponía a la legisladora Inés Alarcón, y con ello había que ceder la silla a otro legislador independiente; Centeno planteó el nombre de Rafael Dávila. Con esas acciones se pretendió romper la estructura del grupo de independientes denominada Acuerdo Parlamentario por el Ecuador, afirmó Posso.
Taiano, de su lado, explicó que inicialmente no había un consenso en cuanto a los nombres y lo que se dijo fue que “aquí no puede haber ni imposiciones ni vetos, se tenía que conformar una comisión multipartidista con amplitud y perfiles que puedan cumplir el mandato y hacerlo en el menor tiempo posible”.
El vetar nombres no se puede permitir dentro de la Asamblea, pues no es un tema de afinidades sino de responsabilidad con el país y además se tenían que respetar los nombres planteados por cada bancada, de ahí que se adelantó al sector de gobierno y planteó la moción por escrito incluyendo el nombre de Carlos Vera (PSC) para conformar la mesa y también el de Lucía Posso (Avanza).
Vera anunció que dentro de los cuatro subsiguientes días se autoconvocarán los miembros de la comisión multipartidista y en la primera sesión se designará a las autoridades encargadas de conducir la mesa. No descartó presidir la comisión en respuesta al planteamiento de algunos de los miembros de la mesa.
Luego de la definición de las autoridades de la mesa se establecerá un cronograma de trabajo en el que se espera convocar a la ciudadanía, a los fiscales y administradores de justicia que guardan relación con los temas aprobados en la consulta popular. Dijo que el Gobierno no debería crear desconfianzas ante una eventual presidencia de la comisión, porque no entorpecerá el proceso y garantizará el respeto al pronunciamiento popular. (I)