El Gobierno expuso una ‘notitia criminis’ sobre los presuntos ‘chantajes’ para respaldar el proyecto de Ley de Inversiones

La Fiscalía General del Estado abrió este 27 de marzo la investigación previa a los hechos denunciados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien reveló mediante una notitia criminis que su Gobierno habría sido expuesto a supuestos pedidos económicos de legisladores a cambio de respaldar su propuesta de Ley de Inversiones.Cuarenta y ocho horas después de que el Parlamento negó y archivó el proyecto económico urgente de Ley de Inversiones, el mandatario dio los nombres y apellidos de quiénes le habrían hecho a él, como a su equipo de trabajo, pedidos en el contexto de los diálogos con las diferentes bancadas legislativas para buscar respaldos a la iniciativa legal.Este sábado, 26 de marzo, los delató en dos cartas: una remitió al Servicio de Rentas Internas (SRI) disponiendo a su directora, Marisol Andrade, para que se investiguen las declaraciones de impuestos del excandidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID), Xavier Hervas.Otra, pidiendo directamente a la F iscalía para que se investigue a cinco legisladores de la bancada de Pachakutik (PK): Rosa Cerda, Gissella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla y al asesor de este último, Marcelo Rosero, porque habrían solicitado “beneficios económicos” a un equipo de colaboradores de Lasso en este mes de marzo. En este último caso, lo que hizo el régimen es dar a conocer a la Fiscalía una notitia criminis (revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo), confirmó el vocero de la Casa de Gobierno, Carlos Jijón, en la que se menciona a los cinco asambleístas, quienes por el momento no se han pronunciado sobre la aseveración presidencial.Indicó que este hecho fue dado a conocer a la Fiscalía para que inicie las investigaciones y que aún no han sido notificados de alguna solicitud de información.La Fiscalía anunció en un comunicado oficial divulgado la tarde del domingo que inició la investigación previa por los “hechos denunciados”, aunque no precisó en contra de quiénes ni por qué delitos de acción pública.El subdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García Falconí, explicó que al darse a conocer esa notitia criminis corresponde a la Fiscalía ejecutar la investigación previa. Con base en ello y según las evidencias que recoja, procederá a formular cargos por las conductas que ha denunciado el mandatario.“El concepto de denuncia no necesariamente debe ser escrita. Si el presidente ha hecho una exposición pública de supuestos actos delictivos, independiente de que se ingrese una denuncia escrita, le corresponde a Fiscalía iniciar la investigación. La notitia criminis no es otra cosa que la noticia que llega a la Fiscalía del cometimiento de un delito”, recalcó García.Antes de la acción del Gobierno, el viernes pasado, el presidente del partido Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, y el político Francisco Huerta Montalvo también presentaron a la Fiscalía estas notitias criminis, pidiendo investigaciones.Desde el ámbito político, la Asamblea Nacional fiscalizará los hechos, si un asambleísta presenta una denuncia para que sea tramitada por el Comité de Ética, compuesta por cinco parlamentarios.El presidente de este Comité, José Chimbo (PK), explicó que el procedimiento debe observar las infracciones contempladas en el artículo 127 de la Constitución y el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).Aclaró que esta instancia no actúa de oficio, sino que “tiene que haber una denuncia fundamentada y con las pruebas respectivas que presente cualquiera de los 137 asambleístas”.“Si el asambleísta interesado presenta la denuncia, debe incorporar los documentos de respaldo. Esto llegará al Sistema Documental, para que la presidenta Guadalupe Llori la distribuya al Consejo de Administración Legislativa (CAL); esta lo remitirá a la Unidad Técnica Legislativa para que revise si se cumplen los requisitos y está apegada a derecho. Luego lo enviará al CAL con un informe favorable, o sugiriendo que complete la denuncia, de ser el caso”, detalló Chimbo.Será el CAL que, mediante resolución, enviará al Comité para que lo sustancie y “una vez ingresado avocarán conocimiento y se iniciará el proceso de investigación cumpliendo el debido proceso”.Chimbo ofreció que de presentarse esta denuncia asumirá “con transparencia el caso porque hay que dar una respuesta al pueblo, recuperar la imagen institucional sin ninguna vinculación, buscando la transparencia, la ética y moral de la Asamblea”, insistió.El artículo 127 de la Constitución establece siete prohibiciones para quienes ejercen el cargo de asambleísta. Entre estas, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto nacional, salvo los destinados a la administración de la Asamblea; gestionar nombramientos de cargos públicos; percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta.Guillermo Lasso en su declaración a la Fiscalía considera que los cinco asambleístas estarían incurriendo en presunta concusión, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, como un delito contra la administración pública en el que los servidores que “(...) abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”. La sanción es de una pena privativa de libertad de tres a cinco años.En este periodo legislativo 2021-2025 hubo dos denuncias en esa línea que llegaron al Comité de Ética. Estas correspondieron a la exlegisladora de la Izquierda Democrática (ID) Bella Jiménez, que era vicepresidenta de la legislatura, y Eckenner Recalde, también exmiembro de la ID.La primera fue destituida de su cargo por el pleno de la Asamblea; en contra de Recalde, su destitución no tuvo apoyo de los legisladores, pero se separó de la ID y ahora es independiente.A ellos se los denunció por presunta gestión de cargos públicos y cobrar por ello, prohibiciones establecidas en el artículo 163 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) , en concordancia con el 127 de la Constitución.Políticamente, a la concusión se le denomina ‘diezmos’ y no está señalada con ese término en la LOFL.El exlegislador y catedrático Henry Cucalón explicó que diezmos es una terminología política que viene de “antaño” y que se relaciona con “pedir el 10 % de un aporte”.Recordó que en el periodo legislativo anterior se reformó la LOFL para explicitar el ‘diezmo’ en términos jurídicos. Así, en el numeral 4 del artículo 163, sobre la prohibición de percibir dietas y otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, se incluyó el inciso: “y la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”. El pasado 24 de marzo, el presidente Lasso en un video que publicó en sus redes sociales tildó a los asambleístas de “ladrones y corruptos” porque fueron a pedirle dinero en efectivo a cambio de votos.Infirió que su propuesta de articulado fue negada porque no aceptaron el chantaje de parlamentarios que le habrían pedido “hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de sus votos”.La bancada de Pachakutik pidió que se recaben la pruebas necesarias que permitan esclarecer los hechos, sin persecución política o amedrentamiento; a la par que el coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, también exigió una investigación objetiva y transparente y que se observe que “igual de inmoral es el que ofrece como el que recibe y debe ser castigado de la misma forma el corrupto como el corruptor”.Se ofreció realizar una investigación interna obteniendo las pruebas necesarias ante “estas serias acusaciones que se dan luego de aprobarse una ley”. (I)

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