Elección de tres jueces de la Corte Constitucional se acerca a su fin, aunque hay dudas sobre su organización

El próximo 28 de febrero se conocerá a los tres nuevos jueces que se integrarán al pleno de la Corte Constitucional (CC), una vez que concluya el concurso público de selección de estas autoridades, que está a un paso de finalizar con una sombra de dudas.La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional y se compone de nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años, a través de un concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana que lo hace una Comisión Calificadora.Esta se integra por seis personas delegadas por tres funciones del Estado: la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), que a su vez envían las ternas de candidatos a jueces de la CC.De los nueve concursantes con los que arrancó el proceso en noviembre de 2024, quedaron seis, por la descalificación de la candidatura de Angélica Porras, por una impugnación ciudadana, y por la renuncia de Gladys Proaño y Gastón Morante.De los seis candidatos que están en la competencia, el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene a dos de sus nominados: Claudia Salgado Levy y Pamela Aguirre Castro.De la Asamblea Nacional solo quedó Román Terán Suárez, y de la Función de Transparencia, que agrupa a nueve instituciones del Estado, están Jorge Benavides Ordóñez, Armando Aceldo Gualli y Sandra Cordero Garate.Este proceso está valorado sobre 100 puntos, divididos en 30 de méritos, 35 de la prueba escrita y 35 de la prueba práctica, que es la última que les falta superar.Sobrepasaron la calificación de méritos y el lunes pasado rindieron el examen escrito, en el que, al parecer, se “cayeron”, reconoció el presidente de la Comisión Calificadora, Juan Emmanuel Izquierdo.Antes del examen escrito, Pamela Aguirre y Jorge Benavides se perfilaban como los mejor puntuados, con el máximo de 30 puntos, y Claudia Salgado, con 29.Cordero tenía 26,50; Edwin Aceldo, 26; Terán, 26, y Gastón Ríos, 16,60. Pero con el examen escrito y los pedidos de revisión de las calificaciones Salgado y Terán subieron más puntos.“Es decir, los candidatos de manera previa tuvieron la oportunidad de estudiar y de prepararse. Pero, al parecer, unos candidatos fueron más rigurosos en el momento de sus respuestas y otros no tanto, y ahí la diferencia de los puntajes entre unos y otros, por eso en esta prueba se cayeron unos candidatos”, dijo Izquierdo.Estos puntajes son producto de los títulos, cursos impartidos y publicaciones en el ámbito académico y del ejercicio profesional, patrocinio y docencia universitaria, según el informe de la Comisión.No obstante, se desconoce cuáles fueron los títulos, méritos o la experiencia laboral por los que se otorgaron puntos.El pasado 10 de febrero, en medio de un ambiente político-electoral, concentrado en el conteo de votos de las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero , los seis nominados a jueces rindieron el examen escrito.De acuerdo con el instructivo emitido por la Comisión, el banco de preguntas y los casos prácticos se elaborarían con docentes de universidades invitadas.Una semana antes se hizo público el cuestionario de 367 preguntas y 33 casos prácticos que se aprobó por la mayoría de votos de los comisionados Juan Izquierdo, Laura Flores, Fernando Yávar, Danilo Sylva y Sonia García; en contra se pronunció el comisionado César Drouet Candel.Esto, en el contexto de que en la sesión virtual del 30 de enero, Izquierdo había mocionado la inclusión de “un banco de preguntas elaborado por un grupo de expertos en derecho constitucional y materias afines”.No se conoce quiénes fueron los docentes que elaboraron y participaron en esta etapa, pero, según Izquierdo, sería un “grupo de profesores expertos en derecho constitucional”, que “retroalimentaron” el listado de preguntas.Incluso la veeduría ciudadana, integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para observar el desarrollo del concurso, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “no se conoció quiénes fueron los docentes y de qué universidades”.Entre el lunes y martes, desde las 09:00 hasta el final de la tarde, en el edificio de la Contraloría General del Estado está previsto que los seis candidatos rindan el examen oral que contiene 33 casos prácticos, de los que escogerán uno para resolverlo.Ahí, la Comisión observaría el desenvolvimiento en el litigio, conocimientos y la motivación que den al caso práctico.Izquierdo defiende la organización de este concurso, pese a las críticas de sectores de la sociedad civil por la presencia de Fernando Yávar como comisionado, quien fue parte de la reforma judicial en el gobierno de Rafael Correa y exvocal del Consejo de la Judicatura, y que en la actualidad es abogado personal del presidente Daniel Noboa, así como cercano a la ministra del Interior, Mónica Palencia.El proceso se ha llevado con “transparencia” aseveró y extrajo un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que aclararía cómo debe formarse la Comisión. Y agregó: “Se dice que como no somos servidores del Estado y tenemos una función excepcional, no se nos pueden aplicar las mismas exigencias de cumplimiento de requisitos que para ser jueces constitucionales”.“La Procuraduría aclaró que los comisionados si pueden trabajar y desarrollar sus actividades profesionales particulares”, señaló.Hasta este jueves, la Comisión recibirá los recursos de revisión o recalificación de sus notas antes del examen oral del martes, sobre el que habrá otros tres días para que los postulantes impugnen los resultados si se sienten afectados. (I)

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