Desde la elaboración del reglamento hasta casi llegar a la designación, la elección de un nuevo contralor del Estado ha sido un proceso reñido por las fuerzas políticas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que podría terminar con acciones de sanción a los miembros de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público.