Control a los dineros privados que ingresan a las campañas electorales escapan del Consejo Nacional Electoral

Aunque en el Código de la Democracia hay procedimientos, al Consejo Nacional Electoral (CNE) se le escapa el ejercer controles al financiamiento privado a la política y a las campañas electorales debido a la flexibilidad de la misma ley electoral.Hace pocos días, dentro de la investigación del caso Metástasis , se conoció que el exasambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga Santos habría recibido $ 20.000 del narcotraficante Leandro Norero Tigua (+) que, aparentemente, se habrían usado para promocionar la opción No en el referéndum que promovió el expresidente de la República Guillermo Lasso en el 2023.La militancia de la RC, al igual que sus principales líderes, como Rafael Correa, promovieron el No por las ocho preguntas, en la que una era dar paso a la extradición de ecuatorianos involucrados en delitos transnacionales, como el narcotráfico y el lavado de activos.Lasso no tuvo respaldo a la iniciativa popular y ganó el No en las ocho preguntas.El 28 de marzo pasado, Hélive A., conocido con el alias Estimado —procesado en un complot de corrupción que lideró Norero Tigua que investiga la Fiscalía General en el caso Metástasis—, rindió su testimonio anticipado y relató el suceso.En la diligencia, que se dio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) , Estimado narró que, en una ocasión, un chofer de Norero le entregó a Ronny Aleaga $ 20.000 que habrían sido usados para promocionar el No, por temor a la figura de la extradición.Al presente, se prepara la consulta popular y referendo del 21 de abril , de once preguntas en las que una propone una enmienda constitucional para permitir la extradición de ecuatorianos procesados por graves delitos.La campaña electoral por las opciones Sí y No arrancó el domingo 7 de abril y se cierra el 18. Hay once agrupaciones políticas y sociales calificadas para difundir sus mensajes en los medios de comunicación, a través del Fondo de Promoción Electoral, que es un recurso público que gestiona el CNE en épocas electorales.También hay casos de colectivos políticos y sociales, como el de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) , que no están inscritos en el CNE pero que están impulsando por cuenta propia el No.El financiamiento a las campañas en redes sociales o las estrategias de los llamados “colectivos” y movimientos que no se inscriben en el CNE escapan de la fiscalización de ese organismo.Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020, establecieron un conjunto de mecanismos para controlar las contribuciones privadas a las campañas electorales, que se denominan como gasto electoral .En los artículos 211.1 y 211.2, sobre el título Control del Gasto Electoral, se ordenó al CNE implementar un Sistema Contable del Financiamiento a la Política para que los representantes legales de partidos, movimientos o alianzas registren de manera obligatoria su Plan de Cuentas.Cuando participan en una contienda política, deben presentar en lapsos continuos de máximo quince días sus ingresos y gastos, hasta que finalice el proceso.Así también, se ordenó desarrollar un Sistema de Interconexión de Datos que permita recabar la información depositada en cualquier organismo público o privado respecto del financiamiento político.Esta interconexión involucra a instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Contraloría General, la Fiscalía General y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) .En línea con ello, el artículo 230 da un plazo de 90 días, después del sufragio, para liquidar los valores de ingresos y egresos de la campaña electoral.De ser el caso, en el que transcurra el plazo y los sujetos políticos no presenten la liquidación al CNE , se da un plazo adicional de quince días; y, si después de esto tampoco se cumple, el CNE “conminará” a los representantes legales a presentar la información en un plazo de quince días.De persistir el incumplimiento, podría haber sanciones previas a una denuncia que ingrese al Tribunal Contencioso Electoral.Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita García , esto es una muestra de la debilidad del sistema, pues las organizaciones políticas pueden no presentar sus reportes quincenales y no estar expuestos a una sanción por parte del Tribunal Contencioso, sin que haya de por medio una denuncia.Para ejemplificar, respecto del referéndum propuesto por Guillermo Lasso y que se votó el 5 de febrero del 2023, el Consejo observó incumplimientos en el registro de ingresos y egresos de recursos a las campañas.A junio de ese año, un informe oficial señala que siete organizaciones políticas se inscribieron para hacer proselitismo.No presentaron sus informes de campaña el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) , ambos inscritos por el No.En el caso del movimiento Revolución Ciudadana , que también impulsó el No, el límite de gasto electoral previsto fue de $ 341.250. Pero en los registros quincenales de ingresos y gastos no hay cifras. Solo el signo “-”.En el caso del Partido Unidad Popular , que igualmente hizo promoción por el No, se reporta un gasto por más de $ 3.000, cuyos detalles están escritos a mano.Los seis grupos que promovieron el No al referéndum de Lasso presentaron sus informes quincenales y uno no lo hizo, por lo que hay un informe jurídico para denuncia ante el TCE, ya que este no actúa de oficio.En tanto, sobre otros seis informes se recomendó conceder a los responsables del manejo económico de las cuentas de campaña un plazo de quince días para que presenten justificativos a las observaciones.Desde el 2021, el Consejo Nacional Electoral inició el desarrollo de los sistemas de control del gasto electoral.El Sistema Contable del Financiamiento de la Política está funcionando; mientras, el Sistema de Interconexión entraría en operación para las elecciones presidenciales y legislativas del 2025 .La presidenta del organismo, Diana Atamaint, explicó que el Sistema de Interconexión permitirá obtener información de otras instituciones para que, al detectarse irregularidades o movimientos sospechosos, se los ponga en conocimiento de la UAFE.Para este 2024, dentro del plan presupuestario se estimó una inversión de $ 20.648 para actualizar el Sistema Contable, y otros $ 716.437 para el Sistema de Interconexión.A criterio de Enrique Pita, una de las alternativas para fortalecer los procedimientos sería endurecer el Código de la Democracia con nuevas reformas, aunque ello requeriría de la voluntad política en la Asamblea Nacional. (I)

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