Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pueden ser fiscalizados por la Asamblea Nacional a través de juicios políticos o si incurren en actos de corrupción en la justicia ordinaria. También están expuestos a la revocatoria de mandato si incumplen su plan de trabajo o sus funciones; y hay quienes creen que se debería encaminar una asamblea constituyente para «extirparlo» de la estructura del Estado.